América Latina
Ministro de Defensa de Colombia: “Ninguno debe perder la vida, ni civiles ni policías” (VIDEO)
El Gobierno de Colombia y en particular las fuerzas del orden de ese país, han estado en el ojo del huracán dee los medios tanto nacionales como internacionales.
Ello a raíz de las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales izqueirdistas por supuesto exceso y abuso por parte de la fuerza pública, en medio de las organizadas protestas que desde el miércoles entraron a su cuarta semana.
En entrevista con la Voz de América, el Ministro de Defensa en Colombia, Diego Molano, aseguró que la fuerza pública ha actuado en “estricto apego a la ley y los derechos humanos".
Enfatizó en que ningún ciudadano, sea civil o policía, debería perder la vida y que se están adelantando las respectivas investigaciones, por parte de la Fiscalía General, que esclarezcan la participación de uniformados en hechos violentos.
Sobre la opinión de aquellos que afirman que el Gobierno no está reconociendo la violencia policial, el Ministro señaló que la función de la fuerza pública es garantizar los derechos de los protestantes pacíficos y que lamentan “las situaciones por actos irregulares y, por supuesto, inmediatamente actuamos para que sean investigadas y no haya ningún tipo de impunidad”.
“Aquí no debe haber ninguno lesionado, ni civiles ni policía. Ninguno debe perder la vida, ni civiles ni policías”, enfatizó Molano.
¿Qué hay detrás de las protestas?
El paro nacional que inició el pasado 28 de abril, ha ocasionando enfrentamientos con las autoridades, han cobrado la vida de civiles y uniformados, así como la destrucción de la propiedad privada y pública.
Según el Ministro, detrás de todo esto hay una combinación de tres factores: “Unas manifestaciones pacíficas que se han dado en Colombia frente algunos inquietudes e inconformidades sociales, que la fuerza pública acompaña y que, por supuesto, espera sean discutidos y dialogadas con el Gobierno”.
Alude además a que de manera simultánea han ocurrido “actos vandálicos y de violencia sistemáticos que han afectado la estabilidad y la tranquilidad de ciertas regiones, y frente a esos actos, si ha tenido que actuar la fuerza pública, lo ha hecho con estricto apego a la ley y a los derechos humanos”.
El ministro reiteró a la VOA que detrás de los actos vandálicos que se han presentado en diferentes ciudades del país como Cali y sus alrededores, Manizales, y Pereira “hay organizaciones criminales que, de forma sistemática, premeditada, organizada y financiada han buscado desestabilizar la región, con ataques sistemáticos” a instituciones públicas y a los sistemas de transporte.
Evidencias de organizaciones criminales
Las evidencias, según Molano, apuntan al Ejército de Liberación Nacional ELN y disidencias de las FARC.
En el caso del ELN, explicó, en el proceso de captura que se llevó a cabo el pasado 8 de mayo de Yeison Lerma Castro, alias ‘Lerma’, presunto cabecilla del frente urbano del ELN, señaló que estaría vinculado a actos vandálicos y ataques a la fuerza pública durante las protestas en Cali.
Por otro lado, Anderson Maldonado, alias ‘Jacobo’, presunto cabecilla del grupo de disidencias de las FARC, Dagoberto Ramos, quien fue capturado el 13 de mayo, y según información de la policía y la fiscalía, se “había estado vinculado con los actos violentos sucedidos en el 28, 29 y 30 de abril en contra de las instituciones y el sistema de transporte público y activos estratégicos de la ciudad”.
El ministro dijo a la VOA que el miércoles fueron capturados, por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, más 25 de los patrocinadores de los hechos de violencia “que incluye una red de tráfico de armas de uniformes para grupos residuales y de delincuencia común, que tienen influencia en Cali, en el occidente del país”.
Denuncias de abuso policial
Según la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 18 de mayo, la organización registró 27 denuncias de hechos de violencia sexual y de género cometidos presuntamente por miembros de la policía. La organización también ha registrado 51 asesinatos, 43 habrían sido autoría de la Fuerza Pública,
La organización Human Rights Watch expresó su preocupación por la situación del país y aseguró, hace un par de semanas, que se han verificado videos en los que se muestran tanquetas del Ministerio de Defensa disparando proyectiles indiscriminadamente contra civiles.
Sobre estas denuncias el ministro dijo que cuando “se han cometido actos irregulares individuales, porque no es una práctica generalizada de la policía, se han abierto las investigaciones respectivas”. Afirmó que en este momento hay 142 investigaciones disciplinarias en curso “por diferentes acciones, como abuso de autoridad, agresiones físicas, lesiones personales acoso sexual y de esas esperamos, que se ha colaborado con la justicia directamente, sean esclarecidas y no haya impunidad”.
En cuanto a la instrucción que se ofrece a la fuerza pública en medio de las protestas, el funcionario explicó que está encaminada en “actuar en contra de aquellas situaciones, cuando se presentan disturbios, si hay vulneración de derechos a terceros”.
Explicó que dentro de la policía, hay una política de formación y educación emitida, hace dos meses, para que la formación de todas las escuelas de la fuerza pública se dé una instrucción en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.
El ministro añadió que existen procedimientos judiciales, “inclusive un decreto reciente, de manejo de procedimientos policiales en manifestaciones y uso de la fuerza”.
Sobre los protocolos que cumple el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, señalado como el principal opresor de las protestas y culpable de muertes de algunos manifestantes,hay protocolos y resoluciones establecidos: “llega a términos como que, en cada ciudad,antes de salir a hacer un operativo, la personería de ese municipio debe verificar la identificación y el porte de armas de uso no letal por parte del ESMAD y, por supuesto, siempre unos informes que deben hacerse antes y después de cualquier operativo”.
Resaltó que en general hay policías en las calles buscando la garantía de la protesta pacífica, “pero también el control, cuando hay disturbios o violencia que afecta los derechos de los demás, o que hay destrucciones a las estructuras públicas, afectaciones al comercio”.
Molano dijo que existe una movilización en redes sociales de noticias falsas respecto a los abusos policiales y, que según el Centro de Atención Inmediata virtual de la ciberseguridad “se han identificado más de 104 noticias falsas, el 55 por ciento de estas noticias tienen que ver con el tema de abuso policial y se han ya denunciado como noticias falsas”.
Según esta entidad y la Defensoría del Pueblo, se han reportado 42 fallecidos, 15 casos tiene relación directa con las manifestaciones, 16 no la tienen y11 casos están en proceso de verificación.
¿Habrá reforma a la policía?
Esta es una de las peticiones de los manifestantes, ante los abusos policiales documentados en videos.
Al ser indagado al respecto, Molano señaló que hace dos meses comenzó una iniciativa de “Transparencia, Innovación y mejoramiento del servicio de policía”, la cual incluye “un proyecto de ley de profesionalización que está en discusión en el Congreso, que busca incluir la certificación de competencias en las distinciones y en el proceso de formación de todos los policías, que incluye competencias como en el uso de la fuerza, en procedimientos judiciales”.
Explicó sobre la presentación de un proyecto de “régimen disciplinario para la policía, una reforma a la estructura de la policía como otra iniciativa para garantizar incluir, en su estructura, mecanismos que permitan certificar esas competencias y tener un eje transversal de derechos humanos al interior de la policía”.
Finalmente, el Ministro no se refirió a la petición de la CIDH para visitar el país y esclarecer los hechos de violencia y señaló la Cancillería determinará cuáles procedimientos deben ser aplicados en Colombia. Además, una persona de su equipo de comunicaciones confirmó a la VOA que no hay información nueva sobre la presunta muerte de ‘Jesús Santrich’.
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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