América Latina
Nicaragua reforma su Código Penal para permitir juicios y confiscación de bienes extraterritoriales
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una modificación al Código Penal para permitir juicios y confiscación de bienes de personas u organizaciones, incluso si están fuera del país.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el martes una reforma al Código Penal que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado aún cuando se encuentren fuera del territorio nacional.
La iniciativa, enviada al Congreso unicameral por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada en el plenario de forma unánime por 88 votos.
Estos cambios permitirán al gobierno de Ortega enjuiciar a nicaragüenses que no se encuentren en el país, incluyendo opositores exiliados o desterrados, y sentenciarlos con multas, confiscación de bienes y penas que van de seis meses a 30 años de cárcel, así como con la prisión perpetua en caso de delitos considerados graves.
Para el abogado nicaragüense Uriel Pineda, consultado por AP, el gobierno de Daniel Ortega busca con esta medida “legalizar las arbitrariedades que ya venía cometiendo, como la confiscación de propiedades” y, a la vez, “reforzar la estructura de represión, dándole un marco jurídico”.
En cambio, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez defendió que con la reforma “se está garantizando un sistema de normas coherentes” mediante “nuevos tipos penales que permitirán robustecer el sistema jurídico del país”.
Su colega del mismo partido, Edwin Castro, señaló que a partir de ahora “se autoriza el decomiso de los bienes de personas naturales o jurídicas”, nacionales o extranjeras, para “resarcir a la sociedad por el delito cometido”.
Con la reforma se modifican 27 artículos del Código Penal vigente, siendo el primero el referido al “principio de universalidad”, que establece que las leyes penales locales serán también aplicables a los nacionales o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nicaragüense.
Al incluir a extranjeros como sujetos de juicio y cárcel, el gobierno podría procesar a más de 300 opositores nicaragüenses que en 2023 fueron despojados de su nacionalidad y han adoptado otras como la española, entre ellos, líderes políticos, conocidos intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos.
Entre las 23 figuras penales establecidas figuran delitos contra el Estado, lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento, tráfico de drogas, de armas, de migrantes y de órganos humanos, así como delitos contra la administración pública, comercio de esclavos, falsificación de moneda, crimen organizado, delitos sexuales y ciberdelitos.
Según la reforma, las penas por esos delitos van desde multas, decomiso de bienes o activos y encarcelamiento.
La reforma sanciona también a quien en Nicaragua o desde el exterior “promueva, solicite o gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros” contra el Estado, sus negocios o sus funcionarios, para lo cual se impondrán penas de 10 a 15 años de prisión.
Este delito se castigará además con “la inhabilitación y la confiscación de bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”. Las penas aumentan hasta 30 años de cárcel para quien “incite, promueva, induzca, facilite o realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua”, delito por el que ya han sido juzgados cientos de opositores.
El mismo martes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó en un informe sobre “el grave deterioro” de las libertades fundamentales en Nicaragua, donde el gobierno sigue “persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”.
Indicó que, en mayo pasado, 131 personas “consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria” y que, de ellas, al menos 12 han sufrido “tortura y malos tratos en detención”. Entre los detenidos figuraban 27 sacerdotes católicos, que fueron posteriormente expulsados al Vaticano.
Durante la presentación del informe en Ginebra, el portavoz de ese organismo, Thameen Al-Kheetan, se refirió a la reforma al Código Penal y dijo que esta “agravará la situación” de miles de nicaragüenses exiliados. “Si esta ley se adopta se criminalizará más la disidencia, incluso en el caso de los que están exiliados y que enfrentan grandes dificultades”, advirtió horas antes de que la reforma fuese aprobada en Managua.
Con el nuevo texto penal, también se autoriza la intervención judicial y financiera de las empresas que hayan incurrido en delitos, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias y la disolución total del negocio.
La reforma establece penas de uno a tres años de cárcel para el delito de “entorpecimiento de servicios públicos” y de tres a seis años en casos de “alteración del orden público”, como realización de protestas y manifestaciones, prohibidas en el país desde 2018.
El abogado Pineda consideró además que el cambio legislativo pretende “intimidar y disuadir de cualquier acción contra el régimen dentro o fuera de Nicaragua”, a fin de evitar “un posible estallido social” similar al ocurrido en 2018.
Pineda, quien también está exiliado y fue uno de los 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad en 2023, planteó que la reforma es “una reacción al proceso penal” que un grupo de abogados argentinos impulsan contra Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y varios funcionarios de su círculo más cercano, a quienes pretenden juzgar por crímenes de lesa humanidad y para quienes días atrás solicitaron que se emita una orden de captura internacional.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica a raíz de las protestas sociales que estallaron en 2018 y que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares. La represión dejó al menos 355 muertos, 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos y unos 100.000 exiliados.
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La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
Díaz-Canel se solidariza con Petro ante supuestos "intentos golpistas" en Colombia
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que los presuntos planes para desestabilizar Colombia son parte de la "arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región".
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó el sábado su "apoyo y solidaridad" al presidente colombiano Gustavo Petro ante lo que calificó de "intentos golpistas" para derrocar su gobierno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia investiga a Petro por una presunta violación de topes en su financiamiento de campaña. Petro denunció la semana pasada que la autoridad electoral prepara el terreno para su suspensión, y alegó que la investigación se inició 30 días después de los comicios, fuera del tiempo establecido para que indagara si hubo o no irregularidades durante la campaña.
"Los planes para desestabilizar #Colombia, son parte de la arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se sumó a las expresiones de apoyo de Díaz-Canel, con un mensaje en X en el que manifiesta toda su "solidaridad" al mandatario colombiano "frente a las maniobras que pretenden destituirlo mediante un Golpe de Estado".
El mismo Petro ha denunciado la investigación como un intento de "golpe" de Estado, argumentando que, según la constitución, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única facultada para iniciar una investigación en su contra.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado... ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, escribió la semana pasada en su cuenta de X.
Pero el Consejo de Estado, en una consulta sobre el caso, espaldó al CNE y dijo que este sí está facultado para revisar las presuntas irregularidades en la campaña de Petro por la presidencia.
La investigación conducida por el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (alrededor de 1,27 millones de dólares) y que recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral, reportó la semana pasada la agencia de noticias EFE.
Petro ha dicho que fue despojado de su fuero por "tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias", y que ahora el CNE, "con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones", se dispone a juzgar al presidente.
En respuesta este sábado a un post en la red social del empresario Luis Ernesto Gómez, el mandatario colombiano insistió en que el CNE no solo investiga su campaña, sino a él, "el presidente".
Gómez instó a Petro a seguir los canales adecuados para protestar la decisión del CNE de abrir la investigación en su contra.
"Si el CNE cometiera un desafuero, puede ud demandar la decisión ante el Consejo de Estado. Ese mismo Consejo de Estado que amparó sus derechos, declarando ilegal la destitución hecha por el exprocurador Ordóñez, cuando Ud era Alcalde de Bogotá", escribió.
El empresario colombiano recomendó al mandatario ejercer su defensa ante el Congreso de la República, como ya lo hace con otras denuncias en su contra.
Gobierno de Venezuela denuncia supuesto plan para matar a Maduro y arresta a seis extranjeros
Entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo, informó a la prensa el ministro de Relaciones Interiores de Maduro, Diosdado Cabello.
CARACAS (AP) — El gobierno venezolano denunció el sábado un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y aseguró que detuvo a 14 personas, entre ellas a seis extranjeros, que estarían relacionadas con el presunto complot.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que luego de un trabajo de inteligencia y rastreo también se decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario sería utilizado para provocar actos violentos en territorio venezolano.
Cabello dijo que entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo. Entre los estadounidenses, mencionó a un hombre al que identificó como Joseph Castañeda Gómez, quien según dijo es miembro de la Armada estadounidense y a quien acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
“El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación", acotó, y agregó que detrás de ella está un personaje “nefasto del tráfico de armas” al que identificó como Iván Simonovis.
En 2002, Simonovis —entonces jefe de seguridad ciudadana de Caracas— fue encarcelado por lo que, según él, fueron acusaciones falsas de ordenarle a la policía que disparara contra manifestantes progubernamentales que habían salido a las calles para defender Hugo Chávez durante un breve golpe de Estado. Diecinueve personas murieron a raíz del tiroteo en un paso elevado en el centro de Caracas. Simonovis huyó en 2019.
Cabello aseveró que detrás de la operación se encuentran agencias de inteligencia de Estados Unidos y España.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a The Associated Press en un correo electrónico que las acusaciones de ser parte de un complot para derrocar a Maduro “son categóricamente falsas” y agregó que su gobierno está a favor de una solución democrática a la crisis política en la nación sudamericana.
Adicionalmente, Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Estados Unidos sigue de cerca la situación, añadió.
La embajada de España en Caracas no respondió de inmediato a un email de la AP en busca de comentarios.
El mandatario venezolano y sus aliados han acusado en numerosas oportunidades a Estados Unidos de promover supuestas conspiraciones y atentados contra el gobierno del país sudamericano, algo que ha sido rechazado por las autoridades estadounidenses. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019.
En septiembre del 2020, el presidente Maduro anunció que había tomado la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según el gobernante, salió a la luz luego de la captura de un presunto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Maduro elevó recientemente la tensión con España, país que acogió al excandidato presidencial Edmundo González tras el otorgamiento de asilo político. La oposición sostiene que González se impuso de forma contundente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El canciller venezolano Yvan Gil advirtió el viernes que Caracas no permitirá “ninguna acción injerencista” luego de que la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura”.
Tras su arribo a Madrid, González ha mantenido reuniones con líderes españoles que le han expresado su respaldo. La comunidad internacional ha cuestionado los resultados oficiales de los comicios que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato.
EEUU advierte a Maduro de más acciones si no publica actas electorales
Un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas, la Casa Blanca advirtió al gobierno de Venezuela que si no "hace lo correcto" y publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, tomará acciones adicionales.
Estados Unidos advirtió este viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de decisiones adicionales si no "hace lo correcto" y publica las actas detalladas de los resultados de las votaciones del 28 de julio, un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas.
"Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.
El funcionario agregó que Maduro "tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar" y "la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.
"La decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta", agregó Kirby.
El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por "obstruir proceso electoral presidencial" venezolano.
Entre los sancionados están a presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
Del mismo modo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión".
Reacciones en Venezuela
Ya más temprano, funcionarios de la Corte Suprema y el Poder electoral de Venezuela habían repudiado estas sanciones.
“No vamos a doblegarnos ante ellos”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la lista de los nuevos sancionados por Estados Unidos, que tildó como “una nueva acción colonialista”.
El CNE también sacó un comunicado rechazando lo que consideró es un “infame acto de injerencia cometido por el gobierno de Estados Unidos”.
“Se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco y su secretario Antonio José Meneses Rodríguez”.
En el comunicado, el CNE exige a Estados Unidos no “involucrarse en asuntos internos” del organismo.
"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial", expresó por su parte la Fuerza Armada, en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar.
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