Si la Operación Causa Justa contra el narco-dictador panameño Antonio Noriega por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mandato del gobierno de George W. Bush aquel 20 de diciembre de 1989, tuvo todo el peso de la razón histórica fue porque se fundamentó en combatir un narcoestado, en defender la democracia y en proteger los derechos humanos y la vida de los ciudadanos estadounidenses y panameños.
El Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, podrían evaluar con urgencia que la situación imperante en Venezuela de ser un narcoestado; de mantener alianzas con el terrorismo de Hezbolá; de instaurar una férrea dictadura en el país, imitando al régimen castrista en Cuba; de asesinar, torturar y encarcelar a ciudadanos indefensos de forma cotidiana; y de hundir a Venezuela en una crisis aguda de hambre y de falta de medicamentos, extendida por todo el territorio venezolano, bien debería merecer una respuesta colectiva, sensata e irrefutable para defender la democracia venezolana y la soberanía del pueblo y así evitar la destrucción de Venezuela por el narcotráfico convertido en Estado.
Que se evalúe sin demora y con visión histórica en aras de la paz en la región, una solución justa inmediata para Venezuela. La Operación Causa Justa de 1989 en Panamá podría ser una variante y hasta un camino sugerente.
Resulta inadmisible que en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, miles y miles de venezolanos huyen del hambre y del terror instaurados por la dictadura de Nicolás Maduro.
El narcoestado, la dictadura y los crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en Venezuela no son admisibles en un continente comprometido con la democracia y los ideales de Simón Bolívar y José Martí.
Actúemos antes de que sea demasiado tarde. Venezuela merece paz, justicia y libertad…
