Cuba ha regresado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al lado de México, como representación de la región de América Latina, sustituyendo a Ecuador y Guatemala. Uruguay, país que también se postulaba para ingresar en este Consejo, fue rechazada. Según las votaciones, que fueron secretas, Cuba logró 148 apoyos, mientras que México 135. Evidentemente que las reacciones, antes y después de esta elección, entre aquellos que realmente sí se muestran preocupados por los derechos humanos, fueron totalmente de rechazo hacia la inclusión de Cuba en este Consejo, así como la de otros países que violan de forma sistemática los valores fundamentales, como son China, Arabia Saudita o Rusia. En el mismo saco se pueden incluir Marruecos o Vietnam.
Algunos gobiernos, activistas de derechos humanos y personajes públicos han criticado los resultados de la votaciones que han dado un nuevo mazazo a los que consideran que un organismo internacional como la ONU debería ser realmente un espacio en el que la defensa de los derechos humanos fuera una vocación coherente y no solo un brindis al sol. Sobran los argumentos para recriminar la elección de Cuba para formar parte del Consejo. Por eso resulta preocupante que el régimen de La Habana haya alcanzado 148 apoyos, muchos más de los alcanzados por un país como Uruguay que, comparado con la realidad de la Isla, parece mucho más recomendable para el disfrute de cualquier derecho humano.
Preocupante es que un organismo internacional decida que un país en el que no hay libertad de prensa se convierta en celador de los derechos humanos y en cambio se rechace la candidatura de otro en el que existe esta libertad de prensa. Se da entrada a un país que no permite las diferencias políticas ni ideológicas y se cierra el paso a un país en el que la pluralidad política está reconocida. Es obvio que nos preguntemos quiénes son los responsables de tomar estas decisiones, los que deciden dar preferencia al violador antes que al que cuida del cumplimiento de esos derechos. Los resultados son además la triste confirmación de que tenemos un problema de alcance internacional cuando las naciones unidas de este mundo deciden ampliar el poder de los Estados que violan los valores que, presuntamente, la organización pretende impulsar y preservar a nivel global.
Asimismo, los ciudadanos que manifiestan una preocupación honesta y real sobre los derechos humanos, porque precisamente padecen alguna violación o sufren algún límite de los mismos, pueden acabar percibiendo el propio organismo como un instrumento hostil a sus intereses. Resulta un tanto paradójico que precisamente las víctimas de la dictadura castrista tengan que verse las caras con el responsable de la violación de sus derechos en el sitio donde supuestamente se les debe escuchar con respeto y buscar solución a sus conflictos. En definitiva, el espacio donde se espera que se busque justicia acaba siendo tomado por los que deben ser acusados. Una paradoja intolerable.
A veces el juego político resulta incomprensible, y tampoco parece que tengamos que conformarnos con aquello que se dice en situaciones semejantes: “ya se sabe, la política”. Si la política yerra nos condenamos todos. La política y los políticos son necesarios pero también es necesaria un actitud de permanente alerta por parte de la ciudadanía. Un político debe ser conducido por la ciudadanía, en el sentido que ocupa un cargo para desarrollar un servicio público y en beneficio del interés general y no particular, ni de un grupo de poder concreto. Si los políticos están haciendo lo que les da la gana en instituciones que nos pertenecen a todos es también, en parte, culpa de todos nosotros, porque hemos fallado a la hora de demandar y hacer que todas las alertas salten cuando resulta necesario.
Permanecer en silencio no ayuda en nada. La presión sistemática y continuada parece ser el único camino.
Algunos gobiernos, activistas de derechos humanos y personajes públicos han criticado los resultados de la votaciones que han dado un nuevo mazazo a los que consideran que un organismo internacional como la ONU debería ser realmente un espacio en el que la defensa de los derechos humanos fuera una vocación coherente y no solo un brindis al sol. Sobran los argumentos para recriminar la elección de Cuba para formar parte del Consejo. Por eso resulta preocupante que el régimen de La Habana haya alcanzado 148 apoyos, muchos más de los alcanzados por un país como Uruguay que, comparado con la realidad de la Isla, parece mucho más recomendable para el disfrute de cualquier derecho humano.
Preocupante es que un organismo internacional decida que un país en el que no hay libertad de prensa se convierta en celador de los derechos humanos y en cambio se rechace la candidatura de otro en el que existe esta libertad de prensa. Se da entrada a un país que no permite las diferencias políticas ni ideológicas y se cierra el paso a un país en el que la pluralidad política está reconocida. Es obvio que nos preguntemos quiénes son los responsables de tomar estas decisiones, los que deciden dar preferencia al violador antes que al que cuida del cumplimiento de esos derechos. Los resultados son además la triste confirmación de que tenemos un problema de alcance internacional cuando las naciones unidas de este mundo deciden ampliar el poder de los Estados que violan los valores que, presuntamente, la organización pretende impulsar y preservar a nivel global.
Asimismo, los ciudadanos que manifiestan una preocupación honesta y real sobre los derechos humanos, porque precisamente padecen alguna violación o sufren algún límite de los mismos, pueden acabar percibiendo el propio organismo como un instrumento hostil a sus intereses. Resulta un tanto paradójico que precisamente las víctimas de la dictadura castrista tengan que verse las caras con el responsable de la violación de sus derechos en el sitio donde supuestamente se les debe escuchar con respeto y buscar solución a sus conflictos. En definitiva, el espacio donde se espera que se busque justicia acaba siendo tomado por los que deben ser acusados. Una paradoja intolerable.
A veces el juego político resulta incomprensible, y tampoco parece que tengamos que conformarnos con aquello que se dice en situaciones semejantes: “ya se sabe, la política”. Si la política yerra nos condenamos todos. La política y los políticos son necesarios pero también es necesaria un actitud de permanente alerta por parte de la ciudadanía. Un político debe ser conducido por la ciudadanía, en el sentido que ocupa un cargo para desarrollar un servicio público y en beneficio del interés general y no particular, ni de un grupo de poder concreto. Si los políticos están haciendo lo que les da la gana en instituciones que nos pertenecen a todos es también, en parte, culpa de todos nosotros, porque hemos fallado a la hora de demandar y hacer que todas las alertas salten cuando resulta necesario.
Permanecer en silencio no ayuda en nada. La presión sistemática y continuada parece ser el único camino.
