Una alianza opositora extraparlamentaria anunció este domingo su retiro de la mesa de negociación con el Gobierno de Nicaragua, con la que buscan superar una crisis que estalló en abril pasado, hasta que el presidente Daniel Ortega libere a cientos de "presos políticos" y cese la represión.
"La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la mesa de negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz", señaló esa coalición en una declaración.
Entre las muestras que demanda la Alianza Cívica están la libertad de los detenidos por manifestarse contra el Gobierno, el cese de la represión y "secuestros", y el cese del hostigamiento a los familiares de los encarcelados.
También plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los "presos políticos", incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y brindando pronta asistencia médica a reclusos.
Asimismo, esa alianza opositora anunció que continuará su proceso de consulta interna y externa con diversos actores, entre ellos familiares de los "presos políticos" y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Además, ante la llegada al país de una delegación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Alianza Cívica solicitará una reunión bilateral para conocer sobre la misma y plantear su visión de la crisis que vive el país.
Esa coalición reiteró su llamada al Gobierno a mostrar la voluntad política necesaria para crear un ambiente de paz propicio.
La alianza opositora tomó esa decisión dos días después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se apartara del proceso al que había sido invitada en calidad de testigo y acompañante.
Por su lado, el Gobierno exhortó este sábado a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense, invitó a la OEA a participar en su diálogo con la oposición y dio a conocer su agenda de cinco puntos, que no incluye liberar a los detenidos.
En su agenda, el Ejecutivo plantea fortalecer las instituciones electorales en Nicaragua mediante la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que "perfeccionen" procesos electorales, libres, justos y transparentes.
También ofrece justicia y reparación "para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad", así como la "liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados".
Al respecto, el Gobierno propone revisar cada uno de los expedientes, con el fin de que ningún caso quede en la impunidad.
El Ejecutivo también pide a la comunidad internacional suspender todas las sanciones "para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población".
Sobre Nicaragua penden más sanciones de EE.UU. con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
