América Latina
- Agencias
Padres de los 43 estudiantes esperan encontrarlos con vida
Los 43 estudiantes mexicandos fueron asesinados por un cártel, según los últimos indicios.
El Fiscal aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del Procurador General de México. El Fiscal aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.
En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al Gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos.
"No creemos en nada de lo que dicen", dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, Jorge Cruz, de 19 años. "No vamos a permitir que esto se cierre".
El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó un argumento de diez puntos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes. Las pruebas de ADN solo lograron identificar los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio, y el laboratorio de Innsburck, Austria, donde se realizaron, expidió un documento que dice que no se puede identificar al resto de las víctimas.
Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno mexicano "tendrá que responder por estos hechos", dijo.
Esta era la primera vez que el procurador general de México, Murillo Karam, afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de que la ausencia de identificación.
Murillo Karam habló de las muestras tomadas en el lugar de los hechos, un barranco de unos 800 metros de diámetro a unos ocho kilómetros del poblado de Cocula, donde se habría encendido una hoguera por un grupo de sicarios para quemar los cuerpos.
El fuego alcanzó temperaturas extremas en la fogata que incluía gasolina, diésel, acero de llantas y que demuestran, "de manera contundente", según la versión oficial, que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que quedaran restos que permitieran su identificación.
"Los peritajes, testimonios, confesiones... y muchos otros elementos aportados en la investigación nos permiten llegar sin lugar a dudas a saber que fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan", dijo Murillo Karam. Podemos "llegar, sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente".
La investigación de la Procuraduría recabó 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos, que han propiciado 99 detenciones entre las que se incluyen casi a la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, al alcalde de Iguala y a su esposa.
Parece poco probable que las explicaciones y evidencias presentadas por Murillo Karam el martes acallen la polémica y las dudas que existen sobre el caso ante la opinión pública mexicana. La Procuraduría ha sido criticada por los padres de los estudiantes, expertos en incendios y organizaciones sociales, entre otros.
Los padres y quienes les acompañan aún continúan protestando y buscando a sus hijos, además de reclamar que se investigue al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. La última marcha, de hecho, tuvo lugar en ciudad de México en la víspera.
"Prácticamente ellos dieron la misma historia que habían dado hace dos meses. No hay muchos detalles adicionales", dijo el analista Alejandro Hope. "Ellos están buscando cerrar el caso, pero no estoy seguro de que vayan a conseguirlo".
Preguntado sobre una eventual investigación al ex gobernador Aguirre, Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dijo a AP que "estamos trabajando en eso. Sigue abierto".
Los normalistas habían llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre a recaudar dinero y a apropiarse de unos autobuses con los que pretendían acudir a una protesta en la capital mexicana.
El ex alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, quien junto con su esposa María Ángeles Pineda son vinculados al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos por las autoridades, habrían dado la orden a la policía municipal de detenerlos y hacerlos desaparecer, luego de que un grupo de los estudiantes se enfrentara con ellos a piedras.
Según las autoridades, los estudiantes fueron confundidos con "Los Rojos", banda rival de Guerreros Unidos.
Después de varios tiroteos, en respuesta a las pedradas, que dejaron seis muertos, los 43 estudiantes fueron detenidos y trasladados en varios vehículos policiales de Iguala, con apoyo de agentes y vehículos oficiales llegados a la vecina Cocula, hasta un lugar a las afueras de Iguala, donde sicarios de Guerreros Unidos se hicieron cargo de ellos.
Según Murillo Karam, Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", jefe de sicarios de Guerreros Unidos, fue el encargado de ejecutar el asesinato e incineración de gran parte de los estudiantes. El sicario fue detenido el 15 de enero en México luego de haber sido deportado desde Estados Unidos, donde había entrado poco después de la desaparición de los normalistas.
Murillo Karam dijo contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula y con el testimonio de al menos una decena de sicarios al mando de Rodríguez Salgado que interrogaron, ejecutaron, incineraron y trituraron los restos de los estudiantes antes de lanzarlos al río San Juan.
Para los responsables de la investigación, las confesiones y pruebas realizadas son coincidentes y van más allá de las dudas razonables.
Pero Valentín Cornelio González, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación. Él cree que los restos habrían sido "plantados" y llegaron, en realidad, desde otro lugar.
Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso. Sin embargo, este grupo de expertos dijo a AP antes de la presentación del martes que todavía "no hay evidencias suficientes" para asegurar que los restos encontrados en el río proceden del basurero.
A los funcionarios públicos implicados en el caso, desde el alcalde a los policías, se les acusará del delito de "desaparición forzada", en un país que cuenta con 23.000 desaparecidos desde 2006, según cifras oficiales, y del que existen muy pocos condenados.
Zerón, el jefe de la agencia de investigación, presentó evidencias respecto a la parte física del caso para responder a las dudas planteadas por los familiares. Afirmó que el incendio provocado por los sicarios provocó la destrucción total de los cuerpos, que el lugar lo permite y las evidencias lo demuestran. Junto a los estudiantes, los sicarios quemaron también sus teléfonos.
También Murillo Karam demostró que el basurero en el que fueron incinerados está a más de ocho kilómetros de la ciudad de Cocula, que al lugar se llega por una estrecha carretera, que tiene una puerta de acceso y que no hay viviendas en los alrededores.
Dijo que un grupo de recolectores de basura de Cocula declararon que el día de la hoguera un grupo de hombres les impidió acceder al vertedero a arrojar basura y afirmó que "no existe una sola evidencia de participación del ejército" en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas peticiones por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa línea de investigación.
Según Murillo, los elementos de los que dispone la investigación son "suficientes" y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables. Sólo entonces será cuando lo dé por cerrado.
Pero el analista Hope dice que las protestas, probablemente, continuarán hasta que no se muestre evidencia irrefutable de que los restos pertenecen a los estudiantes. También, dice, son poco claros los dichos de Murillo Karam en el sentido en que Guerreros Unidos creyó que los estudiantes eran parte de un grupo de narcos antagonista, y del por qué los mataron sabiendo, luego de interrogarlos, que ese no era el caso.
"Sabemos el qué, el quién, el cuándo y el dónde. No sabemos el por qué", dijo Hope. "Todavía nos tienen que decir de manera convincente el por qué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan; a menos que se responda a esa pregunta, todo el asunto se mantendrá bajo un manto de misterio".
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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