Un manifestante sujeta un cartel en el que se puede leer 'Legisladores, adoptad niños enfermos' durante una manifestación en contra de la ley que prohíbe adoptar niños a Estados Unidos, en San Petersburgo, Rusia.
Los niños rusos como rehenes del Kremlin
En Rusia viven más de 700 mil infantes que necesitan de cuidado paternal y en estas últimas dos décadas más de 60 mil han sido adoptados por estadounidenses.
Los legisladores rusos, en estos días, utilizan a los niños como instrumentos políticos, son ellos sus más recientes víctimas.
Por ley, que ya aprobó la Duma y el Consejo de la Federación (Cámara Alta), no se permitirá a estadounidenses adoptar infantes y ya el presidente Vladimir Putin dijo que firmara la legislación Dima Yakovlev, nombrada así pues en el 2008 el menor de edad rusa murió en Estados Unidos y su padre adoptivo fue exonerado de cargos en un tribunal de Virginia, por muerte involuntaria.
De los 60 mil adoptados por estadounidenses, 19 han muerto bajo la custodia de sus padres. Sin duda, se trata de una pequeña fracción, teniendo en cuenta que muchos de estos menores tienen necesidades especiales, recordó recientemente un funcionario del Departamento de Estado.
Para proporcionar garantías adicionales para los adoptados de Rusia, ambos gobiernos ya firmaron un acuerdo bilateral, en vigor desde el pasado mes de noviembre.
Pero las estadísticas que aparecen sobre el tema en la prensa independiente rusa son escalofriantes: del 50 a 95 por ciento de los niños que crecen en orfanatos rusos se convierten en drogadictos, alcohólicos o suicidas.
De los orfanatos rusos salen miles de niños que sufren de síndrome de Mowgli, no están preparados para funcionar en cualquier capacidad en la sociedad. Los padres adoptivos rusos tampoco son paradigmas de educación - las estadísticas oficiales indican que un niño adoptado por padres rusos tiene 39 veces más probabilidades de morir que uno adoptado por padres occidentales y el 60 por ciento de los huérfanos son maltratados por sus padres adoptivos rusos.
Las quejas por el uso de los menores como instrumento político por parte de los diputados rusos, con el visto bueno del Kremlin, se han escuchado en Moscú, New York y Washington.
Sin embargo, los diputados cuentan con las bendiciones del archimandrita de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Vsevolod Chaplin, quien condenó a los niños rusos adoptados por estadounidenses al decir que "no van al cielo".
Sacha D'Jamoos en el Kilimanjaro
Varios de los que se oponen a la medida son los propios adoptados, como Alexander “Sacha” D’Jamoos, quien fue abandonado debido a sus defectos en las extremidades inferiores. A los 16 años fue adoptado por estadounidenses, y en EE UU fue operado varias veces. Hoy día, estudia en la Universidad de Texas, en Austin, y escaló recientemente el Kilimanjaro con sus prótesis y se dedica a recaudar fondos para niños rusos deshabilitados.
Jessica Long, campeona olímpica
También está el caso de la nadadora Jessica Long (Tatiana O. Kiriliova) quien tiene 12 medallas de oro, tres de plata y una de bronce, obtenidas en los juegos paralímpicos de Atenas, Pekín y Londres. Sus padres biológicos la entregaron en un orfanato debido a sus impedimentos físicos en las extremidades inferiores. A los 13 meses de nacida fue adoptada por una pareja de estadounidenses. Tras llegar a los Estados Unidos fue sometida a numerosas operaciones en las que le amputaron las extremidades y comenzó a caminar con prótesis. Su entereza y educación la han convertido en uno de los ejemplos de tesón y voluntad en los juegos paralímpicos del siglo XXI.
La medida de los diputados rusos es la respuesta a una ley estadounidense que aprobó el Congreso y el Senado, y que ya firmó Barack Obama, mediante la cual no se permite la entrada en EE UU a los rusos que violen los derechos humanos. La ley, “Acta Magnitski”, lleva su nombre por el abogado ruso Serguei L. Magnitski, quien falleció en prisión en el 2009 por no tener asistencia médica.
La ley viene tras la derogación de la enmienda Jackson-Vanik que desde 1976 condicionaba las relaciones comerciales con Moscú al respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a salir del país.
El caso de Magnistki no es el único donde las autoridades rusas han sido negligentes en la investigación de las causas de la muerte. Los expedientes de Anna S. Politkovskaya, asesinada en el 2007 o Vladislav N. Listiev, quien fue asesinado en 1995, quedan pendientes.
Amnistía Internacional declaró que la ley Dima Yakovlev, en vigor el 1 de enero del 2013, no beneficia ni a la sociedad civil rusa ni a los huérfanos.
Álvaro Alba. Subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB). Historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Máster en Historia por la Universidad Estatal de Odesa, Ucrania. Premio Emmy 2017 (Emmy Award) en la categoría de Documental Histórico y Premio David Burke a la excelencia periodística de USAGM (2020). Desde 1998 trabaja en OCB. Es frecuente panelista en programas de radio y televisión sobre esos temas.
