Cuba
SIP condena detenciones contra comunicadores independientes en Cuba
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesionó en la ciudad de Salt Lake, Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de octubre, condenó las agresiones a la prensa en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia, Brasil y Perú entre otros.
“Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato”, expresa el comunicado general de la organización donde desglosa ejemplos en las naciones antes mencionadas.
En el caso de Cuba, refiere el organismo, “no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales”, señala el informe.
La argumentación legal del régimen cubano para coartar la libertad de expresión, se basa en la misma Constitución, que indica “la prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista”. En el país, recalca la SIP, se “prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación”
En un mismo párrafo las conclusiones de la Asamblea General apuntan a que el gobierno de Cuba “castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables”.
Casos puntuales
En un informe anterior, que data del día 26 de octubre, el organismo regional detalló el ambiente de represión bajo el que laboran los periodistas independientes en Cuba, agravado por las difíciles condiciones económicas y el control estricto del Ministerio del Interior (MININT) sobre las voces discordantes del diiscurso oficial.
Entre los caso son citados los de los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro (Vice-Presidente regional de la SIP), que elaboran el medio independiente La Hora de Cuba, desde la ciudad central de Camagüey.
Otros de los casos que citan son los de Maykel González Vivero, detenido en varias ocasiones mientras realizaba entrevistas para su labor como reportero y el de Karla Pérez Sánchez, colaboradora de Somos +, expulsada de la universidad y que finalmente debió salir del país.
A continuación el informe detallado de la SIP para el caso de Cuba:
La situación de la libertad de prensa se ha agravado en este período debido al incremento de las agresiones en contra de periodistas independientes y hasta sus familiares y usuarios de las redes sociales por parte de los órganos policiales del Ministerio del Interior y la colaboración del Ministerio de Justicia.
El crecimiento de las agresiones se debe también al contexto político; por un lado, el traspaso poder en febrero de 2018 a alguien fuera de la familia Castro y, por el otro, las relaciones más tensas con el gobierno de Donald Trump. A esto se suma un cada vez más tenso clima social debido a la situación económica como parte de mayores restricciones a la actividad privada.
El gran problema es que el ciudadano carece del mínimo control sobre las leyes. No puede cuestionarlas en público, usarlas para su defensa en contra del gobierno o sus agentes. La impunidad es absoluta.
El freno legal primario reside en el artículo 53 de la Constitución que reconoce la libertad de palabra y prensa siempre y cuando se use "conforme a los fines de la revolución socialista", y prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión.
El Código Penal es el artilugio más empleado por las autoridades para restringir las libertades. El Art. 149 del Código Penal sobre "Usurpación de capacidad legal" es el que está siendo más usado para procesar o amenazar periodistas que carecen del título universitario.
El Art. 103.1 sobre propaganda enemiga estipula que castigará a quienes confeccionen o distribuyan propaganda, lo cual el gobierno considerará a todo trabajo crítico, y entre tantas otras disposiciones, castiga a quien difunda noticias falsas.
El Art. 130 castiga a quienes puedan haber indagado secretos del Estado, con lo que toda concepción de acceso a la información pública queda solo a discreción del Estado. El Art 144. 1. Penaliza a quien le falte el respeto a la autoridad, o a los funcionarios públicos. El Art. 147, a quien desobedezca las órdenes de las autoridades; y el 204 a quien denigre a las instituciones oficiales. El Art. 210 penaliza a los que impriman y circulen publicaciones, y el 228, a quien practique actividades comerciales sin licencia del Estado.
Respecto del Reglamento Escolar vigente desde 2012 para todos los estudiantes de 5 a 18 años, establece que deben "amar y estar dispuestos a defender la Patria Socialista" y no pueden entrar a la escuela materiales subversivos, bajo la advertencia de perder el derecho a estudiar en una universidad.
Respecto de la educación superior, los estudiantes de Periodismo deben afiliarse a la Unión de Jóvenes Comunistas - brazo político juvenil del Partido Comunista de Cuba - y deben realizar durante dos meses cada curso prácticas laborales obligatorias en los medios de prensa oficiales.
Los incipientes medios de prensa no solo enfrentan la agresividad de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. También se suman las limitantes legales y las precarias condiciones económicas en las que un paquete de 500 hojas tamaño carta cuesta un tercio del salario promedio del país, dos horas de conexión a internet valen 3 dólares y una laptop o una impresora son productos que solo pueden comprarse en el mercado negro.
También la ley 88, o Ley Mordaza, un instrumento legal cuyos artículos 4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10, 11 y 12 están redactados en forma ambigua, permiten condenar a prácticamente cualquier persona que hable de libertad, aunque las autoridades prefieren censurar mediante el Código Penal.
El internet sigue estando controlada por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, que cobra precios descomunales (casi 2 USD por hora de conexión, y unos 40 centavos de dólar por minuto de llamada en la telefonía celular, en un país con salario medio de 25 USD) y viola permanentemente la seguridad y privacidad de los usuarios, llegando incluso a permitir que agentes del Ministerio del Interior accedan a las cuentas personales de determinados usuarios y suplanten su identidad.
Tanto el contrato de acceso a Internet como el de telefonía celular contienen advertencias al usuario de que perderá el servicio si viola "las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano" o la usa "contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado", respectivamente.
La agresiones también están dirigidas contra nuevos proyectos de comunicación, como Convivencia (Pinar del Río), Palenque Visión (Guantánamo) y La Hora de Cuba (Camagüey) lo cual las hace más vulnerables por razones policiales y tecnológicas.
Estos son los hechos más sobresalientes del período:
En septiembre fue condenada a tres años de cárcel (prisión domiciliaria) Karina Gálvez Chiu, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia y su principal articulista de temas económicos. Su casa, sede de la revista fue confiscada, por un supuesto delito de evasión fiscal. Por la compra de su casa ya había sido multada por más de mil dólares.
Sol García Basulto, periodista y diseñadora gráfica de la revista La Hora de Cuba, se encuentra oficialmente en arresto domiciliario desde el 24 de julio, como medida cautelar. Se mantiene la investigación en su contra por el supuesto delito de "usurpación de capacidad legal" (artículo 149 del Código Penal cubano, sancionado con hasta 1 año de prisión) al "hacer entrevistas en la vía pública sin estar autorizada", acusación que le fue hecha el 20 de marzo. Desde entonces se le impide salir del país. A esto se suman seguimientos en la vía pública, uso de sus vecinos como vigilantes, interrogatorios policiales a sus fuentes periodísticas y amistades, espionaje de su teléfono celular y navegación por internet, y ciber-acoso desde blogs anónimos y en las redes sociales.
Maykel González Vivero, periodista, ha sido detenido en dos ocasiones mientras hacía entrevistas, y en ambas Seguridad del Estado borró su trabajo. Junto a su pareja, también periodista, fue conminado a desnudarse para revisación y se les tomó fotografías.
Karla Pérez Sánchez, estudiante de primer año de Periodismo en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, y colaboradora del movimiento político Somos Más, fue expulsada de la universidad luego de un proceso político por haber publicado opiniones críticas en sitios digitales independientes, contra Somos Más.
Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, está bajo investigación, desde el 17 de marzo, debido a "usurpación de capacidad legal" por hacer entrevistas en la calle. Se le prohíbe viajar fuera del país y cuando intenta viajar a otras partes del país se le cita a la policía para impedirle el viaje. Además, su teléfono y el de sus principales colaboradores, su acceso a internet y su domicilio están vigilados. La Hora de Cuba es víctima de ciber-acoso desde blogs anónimos y cuentas de Facebook de funcionarios oficiales.
Además, existen decenas de personas que cumplen prisión –en condiciones higiénicas y alimenticias graves, con pésima atención médica y mezclados con presos comunes de los que reciben frecuentes agresiones- solo haberse expresado en medios. El caso más relevante es de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano Liberación, detenido, juzgado y condenado luego de emitir opiniones tras la muerte de Fidel Castro.
En este período, además, los juicios y las amenazas de juicio afectaron a Karina Gálvez, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Sol García Basulto, Jorge Bello, Manuel León y Henry Constantín.
Varios periodistas fueron impedidos de viajar al extranjero, entre ellos, Regina Coyula, Sol García Basulto, Maykel González Vivero, Yoandy Izquierdo, Anderlay Guerra, Raúl Velázquez, Roberto de Jesús Quiñones, Iván Hernández Carrillo, Abel Estrada y Henry Constantín.
Otros como Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rolando Rodríguez Lobaina fueron requisados exhaustivamente en aeropuertos.
A muchos se les dictaron actas de emergencia: Iris Mariño, Sol García Basulto, Irina León, Lisandra Orraca, Iván García Quintero, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Jorge Bello y Ramón Góngora).
Numerosos periodistas vieron confiscados sus herramientas de trabajo y borrados imágenes, audios y registros: Karina Gálvez, Martínez Jerez, Maykel González Vivero, Rolando Rodríguez Lobaina e Iván Hernández Carrillo.
Varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Serafín Morán, Maykel González Vivero, Mario Echevarría y Esteban Ajete denunciaron ser perseguidos en la vía pública.
También los familiares de varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Iván García Quintero, Rolando Rodríguez Lobaina y Henry Constantín fueron molestados por las autoridades.
Ante eventos públicos especiales, las autoridades prohibieron salir de sus viviendas y en algunos casos de sus provincias a los siguientes periodistas: Sol García Basulto, Karina Gálvez, Tania de la Torre, Santiago Márquez, Yordani Blanco, Roberto Moreno, Yuniel Blanco, Carlos Torres, Raúl Velázquez, Osniel Carmona y Henry Constantín).
Los periodistas Iris Mariño, Sol Basulto y Henry Constantin fueron espiados permanentemente, sufriendo casos de ciber-acoso a través de redes sociales y redes sociales anónimas.
Existen algunos hechos positivos.
La perseverancia de algunos proyectos comunicativos y periodistas que, no obstante haber sido especialmente agredidos, insisten en trabajar desde dentro de Cuba y sus provincias.
El envío de delegaciones europeas de alto nivel hasta provincias del interior del país, para que visitaran al equipo del proyecto Convivencia y a la sede de la revista La Hora de Cuba.
La extensión del acceso a internet a barrios en varias ciudades del país. Pese a los altos precios, por lo menos se rompió la hegemonía de que los únicos que podían acceder a internet eran aquellos en puestos de jerarquía en el gobierno.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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