En el primer caso penal contra un expresidente de Estados Unidos, Donald Trump podría presentarse ante la justicia el martes, acusado de cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña electoral del 2016 para silenciar denuncias de encuentros sexuales extramatrimoniales.
Los fiscales en Nueva York investigaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal para evitar que las mujeres hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido relaciones sexuales con él.
En un mensaje en su red social, Trump calificó la acusación de “persecución política e interferencia electoral, y dijo que era “completamente inocente”. Asimismo, acusó al fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, quien dirigió la investigación, de intentar dañar sus posibilidades de ganar la carrera por la nominación presidencial republicana para el 2024.
La oficina de Bragg dijo que se había puesto en contacto con los abogados de Trump para coordinar su entrega a las autoridades, lo que, según un funcionario de la corte, probablemente ocurriría el próximo martes.
Uno de sus abogados, Joe Tacopina, declaró el viernes en una entrevista con la cadena ABC que Trump no estará esposado cuando se entregue para enfrentar cargos penales, pero que probablemente se le tomarían las huellas dactilares y se sometería a otros protocolos de rutina. Su otra abogada, Susan Necheles, dijo que el expresidente se declarará inocente.
“No sé cómo va a acabar todo esto. No hay un libro de texto para ver cómo acusar a un expresidente de los Estados Unidos en un tribunal penal", advirtió Tacopina en la entrevista.
Los cargos específicos aún no se conocen, ya que la acusación sigue sin ser pública, pero varios medios han informado que Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial.
La causa se ha centrado en investigar la supuesta falsificación de la contabilidad de la empresa de Trump para hacer pasar el pago a una actriz porno por otro tipo de gasto. Según declaraciones del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, él hizo el pago con su dinero, y Trump le reembolsó la suma después de que ganó la elección presidencial.
La Organización Trump registró el pago como gastos legales, una falta que puede ser castigada con una pena de hasta un año de cárcel.
Si quedara probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen: por ejemplo, el de financiación irregular de una campaña electoral, pasaría a ser un delito grave.
El presidente Joe Biden se negó a comentar sobre el caso el viernes cuando salió de la Casa Blanca para un viaje a Mississippi. Los aliados de Trump y sus compañeros republicanos, por su parte, criticaron la acusación, alegando que se debe a motivos políticos.
El gobernador de la Florida y posible candidato para la nominación republicana de 2024, Ron DeSantis, dijo en Twitter que “la militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el estado de derecho. Es antiestadounidense”.
Por su parte, el exvicepresidente bajo el gobierno de Trump y tambien posible candidato a la nominación republican, Mike Pence declaró a la cadena CNN que “esto solo servirá para dividir aún más a nuestro país".
Mientras tanto, los demócratas han señalado que en EEUU nadie está por encima de la ley.
El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, en una declaración, expresó que Trump “está sujeto a las mismas leyes que todos los estadounidenses. Podrá valerse del sistema legal y de un jurado, no de la política, para determinar su destino de acuerdo con los hechos y la ley”.
Y la expresidenta de la Cámara de Pepresentantes, Nancy Pelosi, opinó que el gran jurado de Manhattan “ ha actuado sobre los hechos y la ley”.
“Nadie está por encima de la ley, y todos tienen derecho a un juicio para probar su inocencia. Ojalá el expresidente respete pacíficamente el sistema que le otorga ese derecho”, concluyó.
(Incluye información de Reuters y Associated Press)
Foro