"Las autoridades rusas han sometido a traslado forzoso y a deportación a civiles desde las zonas ocupadas de Ucrania, lo que constituye crímenes de guerra y, probablemente, crímenes de lesa humanidad”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El documento detalla cómo las fuerzas rusas y controladas por Rusia sometieron a traslado forzoso a civiles desde la Ucrania ocupada a zonas sometidas al control de este país. Durante el proceso, se separa a niños y niñas de sus familias, lo que viola el derecho internacional humanitario.
Algunas personas civiles dijeron a Amnistía Internacional que las habían obligado a someterse a procesos de selección abusivos –conocidos como "filtrado"– que en ocasiones tuvieron como consecuencia detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos.
“Separar a niños y niñas de sus familias, y obligar a la población a desplazarse cientos de kilómetros de su hogar son una prueba más del grave sufrimiento que la invasión rusa está causando a la población civil ucraniana”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Desde que comenzó su guerra de agresión contra Ucrania, en sí misma un crimen de derecho internacional, las fuerzas rusas atacan de forma indiscriminada y matan ilegítimamente a civiles, destruyendo innumerables vidas y destrozando familias. Nadie se ha librado, ni siquiera los niños y niñas", dijo. “La deplorable táctica rusa de traslado forzoso y deportación es un crimen de guerra. Amnistía Internacional considera que debe investigarse como crimen de lesa humanidad".
“Se debe permitir que se marchen todas las personas sometidas a traslado forzoso y aún detenidas ilegítimamente, y todos los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas. Las personas menores de edad bajo custodia rusa deben reunirse con sus familias y se debe facilitar su retorno a las zonas controladas por el gobierno ucraniano”, dice el informe.
Amnistía Internacional ha documentado casos en los que miembros de grupos concretos –entre los que había niños y niñas, personas de edad avanzada y personas con discapacidad– fueron trasladados forzosamente a otras zonas ocupadas por Rusia o deportados ilegítimamente a Rusia. En un caso, una mujer fue separada de su hijo de 11 años durante el “filtrado” y detenida y no se ha reunido con él, lo que viola claramente el derecho internacional humanitario.
Personas detenidas durante el “filtrado” dijeron a Amnistía Internacional que las habían sometido a tortura y otros malos tratos como palizas, descargas eléctricas y amenazas de ejecución. A otras les habían negado comida y agua, y muchas fueron recluidas en condiciones peligrosas y de hacinamiento.
Amnistía Internacional entrevistó a 88 personas de Ucrania, en su mayoría civiles de Mariúpol, así como de las regiones de Járkov, Luhansk, Jersón y Zaporiyia. La mayor parte de ellas, sobre todo las de Mariúpol, describieron condiciones coercitivas en las que no tuvieron ninguna opción real salvo ir a Rusia o a otras zonas ocupadas por ésta.
Amnistía Internacional considera ilegal la anexión de territorio ucraniano por parte de Rusia, incluida lo que se conoce como “República Popular de Donetsk” (DNR), en la parte de la región de Donetsk ocupada por Rusia.
Traslados forzosos desde Mariúpol
A principios de marzo de 2022, la ciudad suroriental de Mariúpol fue totalmente rodeada por las fuerzas rusas, lo que imposibilitó las evacuaciones. La ciudad estuvo sometida a un bombardeo casi constante, y la población civil carecía de acceso a agua corriente, calefacción y electricidad.
A mediados de marzo, miles de personas pudieron evacuar la ciudad hacia zonas en poder del gobierno ucraniano, pero a medida que Rusia iba ocupando la ciudad, fue trasladando forzosamente a parte de la población civil de barrios bajo su control, apartándola de otras rutas de escape. Algunas personas civiles dijeron que se habían sentido coaccionadas a subirse a autobuses de “evacuación” que se dirigían a la DNR.
Milena, de 33 años, contó a Amnistía Internacional su experiencia cuando trataba de huir de Mariúpol: “Empezamos a hacer preguntas sobre la evacuación, adónde se podía ir […] [Un soldado ruso] me dijo que sólo se podía ir a la DNR o a Rusia. Otra joven preguntó por otras posibilidades [de evacuar], por ejemplo, a Ucrania […] La respuesta llegó inmediatamente: el soldado la interrumpió y dijo: ‘Si no quieres ir a la DNR o a la Federación Rusa, te quedarás aquí para siempre’”.
El esposo de Milena, exmarino de las fuerzas armadas ucranianas, fue detenido poco después, cuando cruzaba la frontera a Rusia, y no ha sido puesto en libertad aún.
Traslado forzoso de niños y niñas y de otros grupos en situación de riesgo
Las leyes del conflicto armado prohíben los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado. En varios casos, se dio el alto en controles militares rusos a menores de edad que huían sin sus progenitores u otros tutores o tutoras hacia territorio en poder de Ucrania, que fueron puestos bajo custodia de autoridades controladas por Rusia en Donetsk.
Como ya se ha mencionado, un niño de 11 años fue separado de su madre durante el “filtrado”, lo que viola el derecho internacional humanitario. Las fuerzas rusas habían capturado y detenido al niño y a su madre en la Acería y Planta Siderúrgica Illich, de Mariúpol, a mediados de abril.
Esto es lo que el niño contó a Amnistía Internacional: “Se llevaron a mi madre a otra tienda. La estaban interrogando […] Me dijeron que me iban a separar de mi madre […] Me quedé conmocionado […] No dijeron nada de adónde iba a ir mi madre […] No he sabido nada de ella desde entonces”.
El informe detalla también el traslado forzoso a Donetsk de las 92 personas que residían en una institución estatal para personas de edad avanzada y personas con discapacidad de Mariúpol. Amnistía Internacional documentó varios casos en los que, aparentemente, personas de edad avanzada de Ucrania fueron ingresadas en una institución en Rusia o en zonas ocupadas por este país tras haber huido de su casa. Esta práctica viola los derechos de la persona y dificulta a ésta salir de Rusia o reunirse con familiares en Ucrania u otros lugares.
Una vez en Rusia, varias personas dijeron que se habían sentido presionadas para solicitar la ciudadanía rusa o que se habían restringido sus movimientos. El proceso de obtención de la ciudadanía rusa se ha simplificado para personas menores de edad presuntamente en situación de orfandad o separadas de sus progenitores y para algunas personas con discapacidad. Esto se ha hecho para facilitar la adopción de estos niños y niñas por familias rusas, lo que es contrario al derecho internacional.
Estas acciones indican la existencia de una política rusa deliberada en relación con la deportación de civiles, niños y niñas incluidos, de Ucrania a Rusia, lo que sugiere que, además del crimen de guerra de deportación y traslado ilegítimos, Rusia ha cometido probablemente también el crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso.
Procesos de selección abusivos, detención y tortura
A las personas civiles de Ucrania que huyeron o fueron trasladadas a zonas ocupadas por Rusia o a Rusia se las obligaba normalmente a someterse a un proceso de selección abusivo al entrar en la DNR, al cruzar la frontera y entrar en Rusia, y también al salir de Rusia hacia un tercer país. Este proceso viola sus derechos a la intimidad y a la integridad física.
En los puntos de “filtrado”, los funcionarios fotografiaban a las personas, les tomaban las huellas dactilares, registraban sus teléfonos, obligaban a algunos hombres a desnudarse de cintura hacia arriba y las sometían a largos interrogatorios.
Amnistía Internacional documentó 7 casos de tortura y otros malos tratos durante la detención: los de una mujer de 31 años, un adolescente de 17 y 5 hombres de entre 20 y 30 años.
Vitali, de 31 años, fue detenido cuando intentaba salir de Mariúpol en un autobús de evacuación el 28 de abril. Después de que los soldados rusos manifestasen que había un problema con su documentación, lo obligaron a subir a un autobús con varios hombres más. Fue llevado a Dokuchaevsk, localidad próxima a Donetsk, donde lo encerraron en una celda con otros 15 hombres y lo sometieron después a interrogatorio.
Esto es lo que contó a Amnistía Internacional: “Me ataron las manos con cinta adhesiva y me pusieron una bolsa en la cabeza y cinta alrededor del cuello […] Después dijeron: ‘Cuéntanos todo […] Cuéntanos dónde sirves, en qué base’ […] [Cuando dije que no era soldado] empezaron a pegarme muy fuerte en los riñones […] Yo estaba arrodillado, me dieron sobre todo patadas. Cuando me llevaron de vuelta al garaje, dijeron: ‘Te vamos a hacer esto todos los días’.”
Amnistía Internacional ha documentado otros casos que constituyen desaparición forzada según el derecho internacional de los derechos humanos y los crímenes de guerra de confinamiento ilegal, tortura y tratos inhumanos.
Hussein, estudiante de 20 años de Azerbaiyán, fue detenido cuando huía de Mariúpol a Zaporiyia a mediados de marzo, y estuvo privado de libertad casi un mes. Lo acusaron de pertenecer al ejército ucraniano y le sometieron a palizas mientras lo interrogaban.
Hussein dijo a Amnistía Internacional: “Uno de los soldados dijo: ‘Así no va a hablar, vamos a darle electricidad’ […] Eran dos alambres, me pusieron uno en cada pie, alrededor del dedo pulgar, y empezaron a darme descargas varias veces […] Me pegaron repetidamente […] Perdí el conocimiento. Me arrojaron un cubo de agua y volví a despertar. No pude soportarlo más y dije: ‘Sí, soy un soldado’. Siguieron pegándome, me caí de la silla y me volvieron a sentar. Los pies me sangraban.”
A Hussein lo amenazaron con la ejecución, le pegaron y le dieron descargas eléctricas todos los días, hasta apenas unos días antes de su liberación el 12 de abril.
“Rusia y las fuerzas controladas por Rusia deben poner fin de inmediato a sus violentos abusos contra las personas detenidas”, ha declarado Agnès Callamard.
“La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otras autoridades pertinentes deben investigar estos crímenes horrendos, incluidos los que se cometen contra miembros de grupos en situación de riesgo. Todas las personas responsables de deportación y traslado forzoso, así como de tortura y otros crímenes de derecho internacional cometidos durante los ‘filtrados’ deben responder ante la justicia.”
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