Robert Hanson, un hombre de negocios británico, se ha convertido en un inusual magnate de los medios de comunicación venezolanos.
El "Granma" de los chavistas
El "Granma" de los chavistas
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, crea su propio periódico, al mejor estilo del cubano Granma, que se sumará a la poderosa red de medios de comunicación de que dispone el chavismo para imponer su agenda ideológica en el país.
A partir del 23 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tendrá en circulación su propio diario: Vea-PSUV, a partir del Diario Vea.
De 16 páginas que tiene en este momento, Vea-PSUV pasará a 24, en una primera etapa y tendrá un nuevo diseño que incluye una columna del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, titulada a partir de su programa de televisión "Con el mazo dando" o simplemente "El Mazo”.
“Tener nuestros propios medios de comunicación es una de las metas para este año. Dios mediante, para los próximos días pudiéramos contar con un periódico, para lo cual ya estamos haciendo todo lo pertinente para que ocurra”, anunció Cabello en un acto público.
Los chavistas han garantizado que mantendrán 8 periodistas y contratarán 14 más.
Siempre presente en las columnas de chismes de Londres y gustoso acompañante de modelos de alto perfil, Hanson es el hijo del fallecido magnate industrial británico Lord Hanson, quien hizo una fortuna en adquisiciones corporativas y fue un prominente partidario de Margaret Thatcher, la primer ministro desde 1979 a 1990.
El holding de Robert Hanson adquirió el año pasado el periódico más vendido de Venezuela, Últimas Noticias, a pesar de sus malos resultados financieros y en medio de un control cambiario que rige en el país petrolero y que dificulta a las empresas extranjeras la repatriación de sus beneficios.
A pesar de sus aparentes diferencias, Hanson, de 54 años, y el Gobierno socialista de Nicolás Maduro parecen tener relaciones armoniosas.
Últimas Noticias ha nombrado a dos miembros del gobernante Partido Socialista en puestos clave, entre ellos el ex consejero electoral Héctor Dávila, quien ahora se desempeña como presidente-editor de la empresa.
Docenas de periodistas han renunciado desde la adquisición de Hanson, cuyas principales empresas no se centran ni en medios de comunicación ni en Latinoamérica.
El periodista José Rafael Mata dijo que recibió la orden de sacar del sitio web del diario una denuncia de un ex ministro de que el Partido Socialista sofocaba la disidencia interna.
Él tuiteó lo que dijo era una foto de una nota escrita a mano que contenía la orden y mencionó el incidente como una de las razones por las que más tarde renunció.
Hanson compró Últimas Noticias por el equivalente a $98 millones, de acuerdo con documentos de la compañía vistos por Reuters. Ello, a pesar de una caída de sus ganancias de un 92% en 2013 y una considerable deuda.
Hanson, cuyo paraguas, el grupo Hanson Family Holdings incluye una firma de servicios financieros, una empresa de envases reutilizables y una empresa de logística, no respondió a las preguntas.
Sin embargo, Dávila asegura que Últimas Noticias sigue siendo crítico al Gobierno, niega que haya suavizado su postura para ganar el favor de funcionarios y dice que los reproches se basan en la emoción más que en hechos.
"Escoges cualquier periódico y cuando hablas de denuncias contra el gobierno, hay para tirar para arriba (de sobra)", dijo Dávila, experto en computación y defensor de las causas izquierdistas.
Durante una entrevista con Reuters, él oteó el periódico y señaló las historias sobre problemas que van desde el mal estado de los hospitales públicos hasta la corrupción por parte de grupos comunitarios apoyados por el Gobierno.
También dijo que las únicas instrucciones que recibió de Hanson fueron sacar adelante un diario equilibrado y rentable.
Además de Últimas Noticias, otros dos prominentes medios venezolanos han cambiado de propietarios en los últimos 20 meses, han revisado su cobertura y, según periodistas, suavizaron sus críticas al Gobierno.
Esos dos medios de comunicación, la televisora Globovisión y el periódico El Universal, no quisieron hacer comentarios para este artículo.
Reuters no pudo confirmar de forma independiente las denuncias de que el Gobierno está involucrado en los cambios en el contenido de los medios de comunicación. El Ministerio de Información no respondió a solicitudes de comentarios.
Tampoco, como algunos críticos sugieren, los cambios han eliminado todas las voces opositoras de los medios de comunicación, que otrora fueron tan abiertamente antagónicos al Gobierno que ayudaron a atizar un breve golpe de Estado en el 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
El diario El Nacional mantiene una postura abiertamente crítica al Gobierno como varios periódicos de circulación más reducida. Hasta cierto punto, por las columnas de opinión aún desfilan los críticos de Maduro.
Sin embargo, los cambios editoriales que tuvieron lugar tras la compra de Últimas Noticias y otros medios, han convencido a los críticos de Maduro de que el Gobierno tuvo que ver en ello.
Por ejemplo, cuando la peor ola de protestas en más de una década estalló en febrero, Últimas Noticias restó importancia a la muerte de dos personas abriendo al día siguiente con Maduro en portada asegurando que el país enfrentaba un golpe de Estado, según un comunicado del 14 de febrero firmado por 96 periodistas del diario y publicado por la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Y el canal de noticias Globovisión, que durante una década televisó en vivo y en directo las protestas antigubernamentales, no dio cobertura en tiempo real al estallido de violencia y rara vez lo hizo durante los tres meses de enfrentamientos.
Días más tarde, Globovisión no tuvo cobertura en vivo de la conferencia de prensa convocada por el líder de la oposición Henrique Capriles, para discutir la situación. Las únicas imágenes en directo del evento fueron transmitidas a través de la web de Capriles.
"La censura afecta al más pobre porque ante la no respuesta del Gobierno a sus problemas deben tener una ventana para expresarse", dijo Capriles en junio acusando a los funcionarios de "comprar medios para callar la voz del pueblo".
