A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno del Estados Unidos:

Por tercera vez, Nicolás Maduro ha levantado la mano para una ceremonia de juramentación como presidente de Venezuela, mientras continúa bajando el puño sobre el pueblo de Venezuela y sus aspiraciones democráticas.

La juramentación de Maduro tuvo lugar el 10 de enero, seis meses después de unas elecciones que la mayoría de los observadores internacionales reconocen que fueron fraudulentas.

Los registros electorales disponibles públicamente muestran que el líder opositor Edmundo González ganó decisivamente la contienda. González abandonó Venezuela en septiembre para exiliarse en España después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Cientos de venezolanos, que protestaron por el resultado fraudulento de las elecciones, han sido arrestados.

Las protestas, sin embargo, no han cesado. El día antes de la investidura de Maduro, cientos de manifestantes salieron a las calles de Caracas para denunciar la toma de poder de Maduro. Según los informes, la líder opositora y ex legisladora María Corina Machado fue detenida brevemente y puesta en libertad durante la represión desatada por las autoridades.

En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, calificó de "ilegítima" la toma de posesión de Maduro. Escribió: "El pueblo venezolano y el mundo saben la verdad: Maduro claramente perdió las elecciones presidenciales de 2024 y no tiene derecho a reclamar la presidencia".

En solidaridad con el pueblo venezolano, dijo el secretario Blinken, Estados Unidos y sus socios en todo el mundo están tomando medidas. Entre las medidas estadounidenses, el Departamento de Estado ha elevado hasta 25 millones de dólares sus dos ofertas de recompensa por información que conduzca a los arrestos y/o condenas de Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello. También está imponiendo nuevas restricciones de visado a personas alineadas con Maduro por su papel en el socavamiento del proceso electoral o su participación en actos de represión.

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro está sancionando a ocho funcionarios venezolanos que dirigen agencias económicas y de seguridad clave que permiten la represión y la subversión de la democracia.

Los socios estadounidenses, incluidos Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, han tomado medidas similares para "demostrar un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y elevar aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes", escribió el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El secretario de Estado Blinken condenó a Maduro y a sus representantes por recurrir a la violencia y la intimidación contra sus oponentes políticos y el pueblo venezolano. Pidió la liberación de todos los presos políticos y subrayó que "se debe permitir a todos los venezolanos expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, incluido el ejercicio de las libertades de reunión pacífica y de expresión, sin temor a represalias".