América Latina
Una extradición que prende alarmas en la comunidad venezolana de España
La reciente decisión del ejecutivo español de extraditar al venezolano Ernesto Quintero, reclamado por el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos delitos de estafa, ha causado un gran revuelo entre la comunidad venezolana residente en el país ibérico.
“Ese es el gran miedo que tenemos muchos que huimos de nuestro país o que nos expatriaron" dijo a la Voz de América desde Madrid el opositor Jesús Alemán, quien explicó que estuvo preso en la cárcel de Los Llanos, en Venezuela, y actualmente tiene una orden de búsqueda y captura. "Lo que sucedió con Ernesto nos prende las alarmas, porque esto abre las puertas a que cualquier persona que se esté refugiando en España pueda ser devuelta” añadió.
El joven, de 29 años, que es cofundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras, la cual lucha por los derechos de refugiados y migrantes, comparó el caso de Quintero con el de Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y apodada como “la enfermera de Hugo Chávez”, quien fue extraditada en mayo desde España a EEUU por presunta conspiración por blanquear dinero:
“A la enfermera de Chávez la estaba solicitando la dictadura venezolana y no se la dan a la dictadura venezolana porque la Audiencia Nacional dice que 'su vida corre riesgo en Venezuela'. ¿Cómo tomas una decisión con una persona y con otras tomas otra y la entregas a las garras de la dictadura?”
Por otra parte, Alemán denunció que el hecho de ser enviado a una cárcel venezolana puede tener “consecuencias muy graves”, como la tortura, el aislamiento, o incluso la muerte.
En la misma línea se muestra la abogada defensora de DDHH y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, quien habló con la VOA desde República Checa y calificó la extradición de Quintero como un hecho “insólito”.
“No es un delincuente ni una persona que haya asesinado ni matado a nadie, sino que a simple vista se ve como un caso de retaliación” afirmó a la vez que declaró que en el país liderado por Nicolás Maduro “no hay Estado de derecho”, sino “una institucionalidad de la tortura y represión sistemática contra cualquiera que se le opone”.
Asimismo, Sujú expuso el caso de la hispano-venezolana María Delgado Tabosky, quien lleva tres años detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntos delitos como terrorismo y traición a la patria. La abogada explicó que las “torturas blancas, psicológicas y malos tratos” que ha recibido Delgado han sido denunciadas por la ONU y por el Instituto Casla ante la fiscalía española.
“A España le consta cómo el régimen tortura y detiene de forma arbitraria, sino que se lo pregunten al mismísimo Zapatero, quien sabe y está empapado de la situación de cómo tratan a los presos políticos porque él ha estado allá” explicó la letrada venezolana sobre el antiguo presidente socialista de España.
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone que las 52 prisiones del país liderado por Nicolás Maduro están minadas de problemas “complejos” de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos”.
“Indignación y estupor ha causado, en la extensa y masiva comunidad venezolana en España, la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero”, afirmó a través de Twitter el embajador en España del gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, tras conocer la noticia. El diplomático también calificó el proceso como “un grave precedente que preocupa e indigna a todos” y advirtió haber “pedido explicaciones a las autoridades”.
Por otro lado, varios políticos españoles de tendencia derechista también condenaron la extradición.
Acusado por presunta estafa
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anunció que el ciudadano venezolano Ernesto Quintero, extesorero de la compañía ABA Servicios Financieros, implicada en delitos de presunta estafa, fue imputado por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores, así como asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas.
Saab aseguró se ha intentado politizar el caso en el que se han judicializado 4 de 25 personas investigadas y expuso que, “se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia”.
“En delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia”, afirmó en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.
Saab dijo que, en febrero de este año, el dirigente opositor Leopoldo López “salió en defensa” de Quintero y se le dio trato opositor “cuando no se le conoce militancia política alguna” y celebró que, en este caso, “el intento de politización no pudo” contra la evidencia presentada por el Ministerio Público (MP)
Además, evaluó como un “importante precedente”, el hecho de que España haya acreditado la investigación del MP y dijo esperar que “lo hagan con otros prófugos que se encuentran allá”.
El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Venezuela y España establece que “no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza”.
“Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos”, continúa.
Garantías en Venezuela
Consultado por la Voz de América, Zair Mundaray, exfiscal del MP de Venezuela, considera que ninguna persona debería ser extraditada a Venezuela mientras se mantenga “un sistema ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos” y evalúa la extradición de Quintero como un precedente negativo.
Para el abogado, la situación se pudo haber resuelto de una manera jurídica “más cónsona” y “garantista de los derechos fundamentales”, mediante la aplicación del “principio de extraditar o juzgar”, previsto en el Tratado de Extradición entre Venezuela y España.
Expone que España pudo haber solicitado a Venezuela “todo el acervo probatorio” de la investigación y someterlo a juicio en ese país, borrando así “cualquier atisbo de posibilidades de que haya alguna violación al debido proceso”.
Mundaray explica que los tratados internacionales deben ser interpretados pro homine (a favor de las personas, del ser humano) y tutelar cualquier derecho o amenaza de violación del derecho y añade que, por ese motivo, las decisiones que se toman en materia de extradición son de carácter jurídico y pasan por una suerte de control político.
El abogado recuerda que países como EEUU, Colombia no extraditan a “nadie pedido por Venezuela”, partiendo de razonamientos coherentes con su política exterior.
Además, alerta que Venezuela ha venido “afinando las fórmulas de persecución, simulando supuestos delitos ordinarios para lograr que las personas sean sometidas a procesos de extradición y que se cumplen con los supuestos en materia internacional y burlar al concierto de naciones de que las personas podrían tener eventualmente procesos justos”.
En la actualización del informe de 2020 presentado en marzo de este año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), que no es reconocida por el Estado venezolano, resaltó que se “necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.
“La Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, acotó Marta Valiñas, presidenta de la FMM.
En noviembre del año pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Quintero llegó a España en 2018 y fue detenido por la Guardia Civil en Madrid el 10 de febrero de 2021 cuando se dirigía a su trabajo. El exempleado de bolsa recurrió varias veces su posible deportación, pero finalmente el recurso de súplica del acusado no fue atendido por la Audiencia Nacional.
El ministerio del Interior también denegó varias solicitudes de asilo por parte de Quintero. Su mujer y su hija, que se encuentran en España, sí que consiguieron obtener la protección temporal.
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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