La reciente decisión del ejecutivo español de extraditar al venezolano Ernesto Quintero, reclamado por el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos delitos de estafa, ha causado un gran revuelo entre la comunidad venezolana residente en el país ibérico.
“Ese es el gran miedo que tenemos muchos que huimos de nuestro país o que nos expatriaron" dijo a la Voz de América desde Madrid el opositor Jesús Alemán, quien explicó que estuvo preso en la cárcel de Los Llanos, en Venezuela, y actualmente tiene una orden de búsqueda y captura. "Lo que sucedió con Ernesto nos prende las alarmas, porque esto abre las puertas a que cualquier persona que se esté refugiando en España pueda ser devuelta” añadió.
El joven, de 29 años, que es cofundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras, la cual lucha por los derechos de refugiados y migrantes, comparó el caso de Quintero con el de Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y apodada como “la enfermera de Hugo Chávez”, quien fue extraditada en mayo desde España a EEUU por presunta conspiración por blanquear dinero:
“A la enfermera de Chávez la estaba solicitando la dictadura venezolana y no se la dan a la dictadura venezolana porque la Audiencia Nacional dice que 'su vida corre riesgo en Venezuela'. ¿Cómo tomas una decisión con una persona y con otras tomas otra y la entregas a las garras de la dictadura?”
Por otra parte, Alemán denunció que el hecho de ser enviado a una cárcel venezolana puede tener “consecuencias muy graves”, como la tortura, el aislamiento, o incluso la muerte.
En la misma línea se muestra la abogada defensora de DDHH y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, quien habló con la VOA desde República Checa y calificó la extradición de Quintero como un hecho “insólito”.
“No es un delincuente ni una persona que haya asesinado ni matado a nadie, sino que a simple vista se ve como un caso de retaliación” afirmó a la vez que declaró que en el país liderado por Nicolás Maduro “no hay Estado de derecho”, sino “una institucionalidad de la tortura y represión sistemática contra cualquiera que se le opone”.
Asimismo, Sujú expuso el caso de la hispano-venezolana María Delgado Tabosky, quien lleva tres años detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntos delitos como terrorismo y traición a la patria. La abogada explicó que las “torturas blancas, psicológicas y malos tratos” que ha recibido Delgado han sido denunciadas por la ONU y por el Instituto Casla ante la fiscalía española.
“A España le consta cómo el régimen tortura y detiene de forma arbitraria, sino que se lo pregunten al mismísimo Zapatero, quien sabe y está empapado de la situación de cómo tratan a los presos políticos porque él ha estado allá” explicó la letrada venezolana sobre el antiguo presidente socialista de España.
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone que las 52 prisiones del país liderado por Nicolás Maduro están minadas de problemas “complejos” de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos”.
“Indignación y estupor ha causado, en la extensa y masiva comunidad venezolana en España, la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero”, afirmó a través de Twitter el embajador en España del gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, tras conocer la noticia. El diplomático también calificó el proceso como “un grave precedente que preocupa e indigna a todos” y advirtió haber “pedido explicaciones a las autoridades”.
Por otro lado, varios políticos españoles de tendencia derechista también condenaron la extradición.
Acusado por presunta estafa
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anunció que el ciudadano venezolano Ernesto Quintero, extesorero de la compañía ABA Servicios Financieros, implicada en delitos de presunta estafa, fue imputado por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores, así como asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas.
Saab aseguró se ha intentado politizar el caso en el que se han judicializado 4 de 25 personas investigadas y expuso que, “se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia”.
“En delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia”, afirmó en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.
Saab dijo que, en febrero de este año, el dirigente opositor Leopoldo López “salió en defensa” de Quintero y se le dio trato opositor “cuando no se le conoce militancia política alguna” y celebró que, en este caso, “el intento de politización no pudo” contra la evidencia presentada por el Ministerio Público (MP)
Además, evaluó como un “importante precedente”, el hecho de que España haya acreditado la investigación del MP y dijo esperar que “lo hagan con otros prófugos que se encuentran allá”.
El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Venezuela y España establece que “no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza”.
“Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos”, continúa.
Garantías en Venezuela
Consultado por la Voz de América, Zair Mundaray, exfiscal del MP de Venezuela, considera que ninguna persona debería ser extraditada a Venezuela mientras se mantenga “un sistema ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos” y evalúa la extradición de Quintero como un precedente negativo.
Para el abogado, la situación se pudo haber resuelto de una manera jurídica “más cónsona” y “garantista de los derechos fundamentales”, mediante la aplicación del “principio de extraditar o juzgar”, previsto en el Tratado de Extradición entre Venezuela y España.
Expone que España pudo haber solicitado a Venezuela “todo el acervo probatorio” de la investigación y someterlo a juicio en ese país, borrando así “cualquier atisbo de posibilidades de que haya alguna violación al debido proceso”.
Mundaray explica que los tratados internacionales deben ser interpretados pro homine (a favor de las personas, del ser humano) y tutelar cualquier derecho o amenaza de violación del derecho y añade que, por ese motivo, las decisiones que se toman en materia de extradición son de carácter jurídico y pasan por una suerte de control político.
El abogado recuerda que países como EEUU, Colombia no extraditan a “nadie pedido por Venezuela”, partiendo de razonamientos coherentes con su política exterior.
Además, alerta que Venezuela ha venido “afinando las fórmulas de persecución, simulando supuestos delitos ordinarios para lograr que las personas sean sometidas a procesos de extradición y que se cumplen con los supuestos en materia internacional y burlar al concierto de naciones de que las personas podrían tener eventualmente procesos justos”.
En la actualización del informe de 2020 presentado en marzo de este año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), que no es reconocida por el Estado venezolano, resaltó que se “necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.
“La Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, acotó Marta Valiñas, presidenta de la FMM.
En noviembre del año pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Quintero llegó a España en 2018 y fue detenido por la Guardia Civil en Madrid el 10 de febrero de 2021 cuando se dirigía a su trabajo. El exempleado de bolsa recurrió varias veces su posible deportación, pero finalmente el recurso de súplica del acusado no fue atendido por la Audiencia Nacional.
El ministerio del Interior también denegó varias solicitudes de asilo por parte de Quintero. Su mujer y su hija, que se encuentran en España, sí que consiguieron obtener la protección temporal.
