Una iniciativa bipartidista presentada este jueves por legisladores estadounidenses propone aumentar la recompensa por la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro Moros a $100 millones de dólares.

La retribución sería pagada por el gobierno federal utilizando los activos incautados a Maduro y a sus funcionarios y cómplices, con un valor que ronda los $450 millones de dólares, por lo que no sería necesario utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses.

Actualmente, Estados Unidos está ofreciendo $15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del dictador venezolano y pide a quien tenga información y se encuentre fuera de los Estados Unidos, que se comunique con la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos más cercano. En caso de estar en los Estados Unidos, debe contactar a la oficina local de la Administración de Control de Drogas (DEA) en su ciudad. La recompensa no será entregada a funcionarios ni empleados del gobierno.

La propuesta para subir a 100 millones de dólares la retribución es parte de la Ley para Asegurar Oportunidades de Pago y Maximizar Recompensas por la Detención de Funcionarios de Regímenes Ilegítimos, denominada como "Ley STOP MADURO".

El proyecto fue presentado por los legisladores Mario Díaz-Balart (R) y Debbie Wasserman Schultz (D, copresidentes del Comité Parlamentario a favor de la Democracia en Venezuela, junto con los Representantes Chris Smith (R), Carlos A. Giménez (R), Jenniffer González-Colón (Puerto Rico), María Elvira Salazar (R), Mike Waltz (R), y Darren Soto (D).

La iniciativa también ha sido elevada al Senado por los legisladores republicanos Rick Scott y Marco Rubio.

"El régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta el narco-terrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad. El año pasado advertí que el apaciguamiento de esta dictadura por parte de la Administración Biden-Harris solo envalentonaría a Maduro y el levantamiento de sanciones ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional, ayudando a un régimen estrechamente aliado con peligrosos adversarios como Rusia, Irán, Cuba y la República Popular China. En lugar de aliviar las sanciones, la Administración Biden-Harris debería solidarizarse con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad aumentando la presión y fortaleciendo sanciones", afirmó el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.

Para su colega demócrata Wasserman Schultz, “aumentar la recompensa que conduzca a la condena de Maduro reforzará las acciones ya decisivas adoptadas por la Administración Biden-Harris para apuntar a la organización criminal detrás del robo electoral de Venezuela y la represión violenta de su pueblo”.

A su juicio, la actual Administración Biden-Harris "dirigió hábilmente una rápida presión internacional contra el régimen de Maduro, amplió las sanciones existentes y reunió apoyo mundial en torno a esta realidad: Edmundo González ganó de manera aplastante y el pueblo venezolano merece que se cuenten sus votos y se respeten sus derechos humanos".

"Como lo expresó enfáticamente la vicepresidenta Harris en una carta reciente, Estados Unidos 'permanecerá firme junto al pueblo venezolano en su lucha por la libertad'. Esta recompensa engrandecida por el arresto de Maduro amplificaría esos esfuerzos”, consideró la representante floridana.

Por su parte el senador cubanoamericano Marco Rubio dijo que Estados Unidos debe "hacer más para detener al narcodictador Nicolás Maduro".

"He pedido a Interpol que emita una alerta roja para facilitar esto, y esta legislación se basa en ese pedido al aumentar la recompensa por su arresto a $100 millones. Maduro es uno de los conspiradores más corruptos del régimen venezolano y ya es hora de que rinda cuentas por sus crímenes”, dijo el republicano.

El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.

“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.

En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.

“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.

El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.

“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.

“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.

En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.

Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.

Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.

El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.

Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.

Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.

El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.

El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.

Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.

El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.

Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.

Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.

El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.

Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.

La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.

El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.

Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.

Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, sostuvo el martes una llamada con los líderes de la oposición venezolana Edmundo González y María Corina Machado, a quienes dijo que Estados Unidos hará rendir cuentas al presidente Nicolás Maduro por sus acciones.

Blinken señaló que Washington continuará defendiendo "el retorno a las libertades democráticas en Venezuela, y se esforzará por garantizar que se respete la voluntad de los votantes", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

El organismo electoral de Venezuela y el máximo tribunal del país dijeron que Maduro ganó las elecciones, pero no publicaron la votación detallada.

Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego que se dictó un orden de captura en su contra.

Estados Unidos y otros países occidentales han solicitado a las autoridades venezolanas la divulgación del detalle de la votación del 28 de julio.

CARACAS (AP) — El gobierno venezolano denunció el sábado un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y aseguró que detuvo a 14 personas, entre ellas a seis extranjeros, que estarían relacionadas con el presunto complot.

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que luego de un trabajo de inteligencia y rastreo también se decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario sería utilizado para provocar actos violentos en territorio venezolano.

Cabello dijo que entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo. Entre los estadounidenses, mencionó a un hombre al que identificó como Joseph Castañeda Gómez, quien según dijo es miembro de la Armada estadounidense y a quien acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.

“El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación", acotó, y agregó que detrás de ella está un personaje “nefasto del tráfico de armas” al que identificó como Iván Simonovis.

En 2002, Simonovis —entonces jefe de seguridad ciudadana de Caracas— fue encarcelado por lo que, según él, fueron acusaciones falsas de ordenarle a la policía que disparara contra manifestantes progubernamentales que habían salido a las calles para defender Hugo Chávez durante un breve golpe de Estado. Diecinueve personas murieron a raíz del tiroteo en un paso elevado en el centro de Caracas. Simonovis huyó en 2019.

Cabello aseveró que detrás de la operación se encuentran agencias de inteligencia de Estados Unidos y España.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a The Associated Press en un correo electrónico que las acusaciones de ser parte de un complot para derrocar a Maduro “son categóricamente falsas” y agregó que su gobierno está a favor de una solución democrática a la crisis política en la nación sudamericana.

Adicionalmente, Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Estados Unidos sigue de cerca la situación, añadió.

La embajada de España en Caracas no respondió de inmediato a un email de la AP en busca de comentarios.

El mandatario venezolano y sus aliados han acusado en numerosas oportunidades a Estados Unidos de promover supuestas conspiraciones y atentados contra el gobierno del país sudamericano, algo que ha sido rechazado por las autoridades estadounidenses. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019.

En septiembre del 2020, el presidente Maduro anunció que había tomado la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según el gobernante, salió a la luz luego de la captura de un presunto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

El gobierno de Maduro elevó recientemente la tensión con España, país que acogió al excandidato presidencial Edmundo González tras el otorgamiento de asilo político. La oposición sostiene que González se impuso de forma contundente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El canciller venezolano Yvan Gil advirtió el viernes que Caracas no permitirá “ninguna acción injerencista” luego de que la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura”.

Tras su arribo a Madrid, González ha mantenido reuniones con líderes españoles que le han expresado su respaldo. La comunidad internacional ha cuestionado los resultados oficiales de los comicios que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato.