Al cumplirse tres meses del inicio de las manifestaciones populares en Nicaragua, reprimidas con violencia por parte del régimen de Daniel Ortega, Estados Unidos continuará presionando al Gobierno nicaragüense, dijo el embajador Todd Robinson, consejero para Asuntos de América Central del Departamento de Estado.
"Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para seguir presionando al Gobierno de Ortega", aseguró Robinson, y denunció la "brutal campaña de violencia" y "el despliegue letal en Masaya para reprimir a la oposición pacífica y democrática sin que le importe a Managua el costo humano de los nicaraguenses".
No precisó si EEUU impondrá más sanciones contra funcionarios nicaragüenses, lo cual ha venido realizándose en los últimos días: "No podemos discutir específicamente las medidas de sancione ahora, pero puedo decir que todas las acciones están encima de la mesa", afirmó este jueves en diálogo con la prensa el diplomático, quien ha trabajado en el Centro de Operaciones en el Departamento de Estado y fuera Asistente Especial de la ex Secretaria Madeleine Albright.
Luego de casi 100 días de violencia sostenida, lejos de dialogar, Ortega atacó por casi 8 horas la ciudad de Masaya, convertida en el centro de la oposición y la resistencia al asedio gubernamental. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH) ha contabilizado hasta el momento 351 los asesinados por fuerzas policiales y paramilitares.
Sanciones de EEUU
Ante estas acciones, EEUU ha revocado una veintena de visados a funcionarios y a otras personas implicadas en violaciones de derechos humanos durante las protestas que han dejado, además de cientos de muertos, más de 150 desaparecidos.
El 5 de julio EEUU sancionó al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua y que ha actuado como "líder" de la Juventud Sandinista. Esos individuos tienen bloqueado el acceso a las transacciones financieras en territorio estadounidense.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril, pero la violencia se ha recrudecido en los últimos días con fuertes ataques al bastión opositor de la ciudad de Masaya, cuyos habitantes han declarado "territorio libre", y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Ayer en la OEA, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, culpó de la violencia en Nicaragua a "grupos terroristas internacionales" y acusó a EEUU de una "injerencia" en sus asutos internos, propia de épocas pasadas.
21 naciones piden elecciones
Por ello Robison recordó que son 21 las naciones soberanas que han reclamado esta semana en la OEA el fin de la represión a las protestas y solicitado, como única "senda para una paz en Nicaragua", la realización de "elecciones anticipadas, justas, transparentes, libres", lo que significa un adelanto de los comicios presidenciales que deben celebrarse cada cinco años y que hasta ahora están fijados para 2021.
Ante la acusación de Ortega de que la oposición es violenta, Robison manifestó a nombre del Departamento de Estado: "Sabemos que los grupos violentos en Nicaragua tienen vínculos directos con el Gobierno. No son pandillas criminales como los de El Salvador, Guatemala u Honduras. Son grupos armados violentos controlados por Ortega y Murillo", precisó quiera fuera Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela desde diciembre de 2017 hasta que en abril de este año Nicolás Maduro lo declaró persona non grata y lo expulsó del país.
"La violencia de un lado provoca la violencia de otros, esa violencia comenzó con el Gobierno de Nicaragua en contra de su propia gente, de la Iglesia, de los estudiantes", señaló Robinson, que se ha desempeñado como embajador en Guatemala y subsecretario adjunto de la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley.
Todd Robinson, galardonado con dos reconocimientos de Honor Superior del Departamento de Estado, nació en Nueva Jersey, habla español y antes de ser diplomático trabajó como periodista. Fue cónsul general y funcionario principal de EEUU en España. Para el Servicio Exterior ha servido además en Colombia, El Salvador, Bolivia, República Dominicana y la Ciudad del Vaticano, Italia.
3 meses de represión y resistencia
Las protestas contra Ortega comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
Este 17 de julio, más de 1.500 miembros de la Policía, el Ejército y tropas paramilitares asediaron Masaya, incluido el barrio indígena de Monimbó. Este mismo día, el régimen acusó al líder de la resistencia, Medardo Mairena, de actos de terrorismo e intentar romper orden constitucional.
Instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras, han condenado la represión de Daniel Ortega contra su pueblo.
“El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Incluso antiguos partidarios del movimiento sandinista, como el autor nicaragüense Sergio Ramírez, han condenado abiertamente la represión dictatorial. Ramírez fue vicepresidente de Ortega hasta que fueron vencidos en las elecciones de 1990.
Al recibir el Premio Cervantes en abril pasado, el escritor dedicó su discurso de aceptación a los “asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia" y a los jóvenes que luchan para que “Nicaragua vuelva a ser República”.
(Con información de EFE, archivo Martí Noticias y reporte de Cármen María Rodríguez)
