América Latina
Venezuela: Atrocidades por fuerzas de seguridad en la frontera con Colombia (VIDEO)
Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, señaló hoy Human Rights Watch.
Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela.
El operativo, dijo la entidad, derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”.
El 5 de abril, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. El ministro manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas” y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.
El 21 de marzo, se produjeron enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como el Frente Décimo Martín Villa. Desde entonces, al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Pese al apoyo que prestan organizaciones humanitarias y las autoridades en Arauquita, un municipio colombiano de apenas 50.000 habitantes al que han llegado la mayoría de los desplazados desde Venezuela, los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente.
Además, muchas personas se quedan en casas de amigos y familiares en zonas rurales en el departamento de Arauca, Colombia, donde el acceso a asistencia humanitaria es limitado y muchas veces nulo. Autoridades colombianas también reportaron la llegada de desplazados a los municipios de Arauca y Saravena. Entre 300 y 400 personas se han desplazado forzosamente dentro de Venezuela.
Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.
Human Rights Watch también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia.
La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa.
Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
No se ha proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, pero familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos indicaron que inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito, y, semanas después, fueron trasladados a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira.
Dos detenidos que más tarde fueron liberados confirmaron que estuvieron retenidos en instalaciones militares. Múltiples entrevistados manifestaron que los detenidos no eran miembros de grupos armados.
El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas.
Las fuerzas de seguridad ingresaron por la fuerza en varias viviendas y saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar, según los residentes. Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas por varios días y luego huyeron a Colombia. Quienes tienen doble ciudadanía –venezolana y colombiana– temían que las fuerzas de seguridad venezolanas consideraran que eso era prueba de que tenían nexos con grupos armados.
En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en Apure.
El 26 de marzo, el Fiscal General de Venezuela Tarek Saab designó a dos fiscales “de protección de derechos humanos” para investigar los sucesos en Apure y estableció una comisión conjunta de 12 expertos para investigar los asesinatos en El Ripial. La Fiscalía General de la República no ha respondido a una solicitud de información de Human Rights Watch sobre el estado de las investigaciones.
El poder judicial venezolano normalmente no investiga las evidencias contundentes de violaciones generalizadas de derechos humanos, conforme lo han demostrado las investigaciones de Human Rights Watch. Ello ha permitido que la impunidad de estos delitos sea la regla.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure, señaló Human Rights Watch.
También deberían examinar la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado los abusos o no habrían adoptado las medidas necesarias para prevenir estos delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos.
Abusos sistemáticos de derechos humanos en Venezuela
Los abusos en Apure son similares a otros que han cometido en forma sistemática las fuerzas de seguridad venezolanas.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad de Venezuela, incluyendo fuerzas policiales, mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”, según datos presentados en varios informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que las FAES eran responsables del 59 % de todas las muertes causadas por las fuerzas de seguridad desde 2014.
Human Rights Watch ha documentado casos de supuesta “resistencia a la autoridad” en el pasado, en los cuales no hubo un enfrentamiento y agentes de las FAES estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales y manipulación de la escena del crimen.
Asimismo, la Oficina de la ACNUDH concluyó que la información analizada “indica que muchas de esas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y que agentes de las FAES a menudo alteran la escena del crimen y la evidencia, y plantan armas y drogas para insinuar que hubo un enfrentamiento.
Las fuerzas de seguridad también han torturado a personas bajo su custodia, al menos desde 2014. En 2020, la Oficina de la ACNUDH documentó casos de golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo o iluminación artificial constante, personas que fueron esposadas por períodos prolongados de tiempo, y amenazas de muerte.
Más de 800 civiles han sido procesados ante tribunales militares venezolanos desde 2014. La Misión de Determinación de los Hechos estableció que en Venezuela existe un “uso cada vez más frecuente de la jurisdicción militar para procesar y juzgar a civiles”.
Es necesario remontarse al período de las dictaduras de los años setenta y ochenta para encontrar casos de un uso tan frecuente de tribunales militares en América Latina, señaló Human Rights Watch. El derecho internacional prohíbe que se procese a civiles ante tribunales militares cuando los tribunales de la justicia penal ordinaria pueden funcionar, concluyó Human Rights Watch.
Contexto de los ataques en Apure
En el departamento oriental colombiano de Arauca y el vecino estado Apure en Venezuela operan grupos armados que emplean la violencia para controlar la vida cotidiana de la población.
Los grupos armados han establecido e imponen brutalmente normas que normalmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos, incluyendo toques de queda, la prohibición de los delitos de violación, robo y homicidio, y la reglamentación de la pesca, el pago de deudas, e incluso los horarios de cierre de los bares.
Los grupos armados ejercen el control mediante amenazas, secuestros, trabajo forzado, reclutamiento de menores, homicidios, y la extorsión de quienes realizan prácticamente cualquier tipo de actividad económica.
Varios grupos armados operan tanto en Arauca como en Apure, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización guerrillera que se formó en Colombia en la década de 1960, y las disidencias conocidas como Frente Décimo Martín Villa y Segunda Marquetalia, ambas formadas a partir de la desmovilización de las FARC después del acuerdo de paz de 2016.
La Segunda Marquetalia fue creada en agosto de 2019, por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien había sido el segundo comandante y jefe negociador de las FARC, así como por otros ex comandantes de esa guerrilla.
Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos.
En los últimos años, el ELN y los grupos disidentes de las FARC parecen sentirse más seguros y con mayor facilidad para operar abiertamente en Venezuela que en Colombia. Estos grupos han instalado campamentos en Apure.
A principios de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela dio inicio a la Operación Escudo Bolivariano para conmemorar el aniversario del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez y “combatir y expulsar amenazas internas y externas, y grupos armados colombianos”.
Según informaron los medios locales, el 21 de marzo comenzaron los enfrentamientos entre las FANB y el Frente Décimo Martín Villa, que incluyeron ataques aéreos y enfrentamientos armados.
El Ministerio de Defensa venezolano emitió su primer comunicado de prensa el 22 de marzo, en el cual manifestó que los enfrentamientos del día anterior habían causado la muerte de dos soldados y un comandante del Frente Décimo Martín Villa, conocido como “El Nando”.
Diversas autoridades venezolanas emitieron por separado declaraciones en las cuales responsabilizaban a las autoridades colombianas por la presencia de grupos armados en territorio venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro pidió la asistencia de las Naciones Unidas para desactivar minas antipersona que, según afirmaron, habían sido colocadas por grupos armados en Venezuela.
Existen distintas versiones con respecto a qué generó las hostilidades. Sin embargo, organizaciones humanitarias y de derechos humanos en Arauca, así como entrevistados de localidades y zonas rurales de Apure donde ocurrieron los ataques, dijeron a Human Rights Watch que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el gobierno de Maduro y que, para consolidar el control del tráfico de drogas, intentan eliminar al Frente Décimo Martín Villa, que sería su competencia. Asimismo, los residentes manifestaron haber presenciado fricciones entre el ELN y grupos disidentes de las FARC por el control del área.
Ejecuciones extrajudiciales
En la tarde del 25 de marzo, de acuerdo con entrevistas y testimonios de audio aportados por familiares y vecinos, así como informes de prensa, miembros de las FAES sacaron por la fuerza a cuatro miembros de una familia de su vivienda en el barrio Cinco de Julio en La Victoria. Las víctimas fueron Luz Dey Remolina, de 42 años, Emilio Ramírez Villamizar, de 44, Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar, de 22, y Yefferson Uriel Ramírez, de 20.
Según Emir Remolina, de 26 años, hijo de Luz Dey y Emilio, esa mañana pasó por la vivienda de sus padres mientras se dirigía a trabajar y los vio allí. En la tarde, advirtió que había muchos agentes de las fuerzas de seguridad en las calles y francotiradores en los techos, e intentó varias veces llamar a sus padres por teléfono.
No obtuvo respuesta. Cerca de las 3:30 p.m., se acercó hasta la vivienda de sus padres y no encontró a nadie allí, pero sí encontró varios artículos domésticos destruidos, y que faltaban muebles y una motocicleta. Los vecinos le dijeron que agentes de las FAES se habían llevado vivos a sus padres, con las camisetas cubriéndoles la cabeza, y los habían subido a un tanque blindado.
Varias horas después, Emir vio mensajes y fotografías que circulaban en grupos de WhatsApp informando que las FAES habían matado a una familia en una finca cerca de la zona rural de El Ripial, aproximadamente a 1.5 kilómetros de donde vivían sus padres.
Las imágenes, a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío.
Algunos días después, las autoridades venezolanas informaron que agentes venezolanos habían matado—“neutralizado”— a seis personas en El Ripial. No indicaron los nombres.
Al menos 13 personas de La Victoria dijeron a Human Rights Watch que los familiares de Emir no eran guerrilleros sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años. Tres personas de El Ripial confirmaron que la familia no vivía ni tenía una finca en la zona donde se encontraron los cuerpos.
Onder Ozkalipci y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG), que es coordinado por el Centro Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), y Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, analizaron las fotografías que muestran los cuerpos de los familiares de Emir.
Estos expertos forenses dijeron a Human Rights Watch, sobre la base de su análisis de las fotos, que los cuerpos parecían haber sido movidos, la ubicación de las armas había sido manipulada, y que había evidencias de que una de las víctimas había recibido disparos desde una corta distancia.
Los expertos forenses indicaron que los cuatro cuerpos se ajustaban a un “patrón”: estaban acostados boca arriba, tenían los brazos extendidos hacia los lados, los hombres tenían el torso descubierto, y todos tenían armas o granadas junto a su mano derecha. Los forenses también dijeron lo siguiente:
Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar tenía una granada junto a su mano derecha y tenía fracturado el húmero de ese brazo. La herida parecía haber ocurrido antes de su muerte. Su cuerpo presentaba dos heridas de bala en el pecho, donde parecía haber residuo, lo cual indicaría que se le disparó desde una corta distancia (de menos de tres metros). Pareciera que alguien le limpió la sangre de la cara.
Luz Dey Remolina tenía orificios de entrada y salida en el brazo derecho y una granada cerca de esa mano. El patrón general de los cuerpos y la evidencia de que los cuerpos fueron movidos indican que la ubicación de las armas no es auténtica.
El rostro y torso de Emilio Ramírez Villamizar tenían manchas de sangre que parecían haber sido limpiadas. La sangre había escurrido desde una herida en el lado derecho de la cabeza en una dirección que sugiere que el cuerpo fue girado hacia la derecha.
Es probable que sus brazos hayan estado inicialmente junto a su cuerpo, en vez de extendidos junto a la cabeza como se ve en la fotografía. Además, es muy probable que su cuerpo estuviera originalmente boca abajo.
Los cuerpos vestían ropa de civil y no los uniformes de guerrillas. Los familiares negaron que las armas y granadas que se ven cerca de los cuerpos pertenecieran a las víctimas.
El 28 de marzo, Emir recuperó los cuerpos de sus familiares y les dio sepultura en Arauquita. Las autoridades venezolanas no le entregaron certificados de defunción, informes de autopsia, ni ninguna otra documentación que corresponda a un examen forense.
Detenciones arbitrarias y tortura
Desde el 21 de marzo, medios locales y residentes de La Victoria han informado sobre detenciones realizadas por fuerzas de seguridad y militares. Las autoridades no han proporcionado una lista completa de los detenidos ni información sobre su paradero.
Padrino, el ministro de Defensa, señaló que el Tribunal Militar 14 juzgaría a 33 detenidos. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no han respondido a solicitudes de información de Human Rights Watch sobre estos casos.
Human Rights Watch ha recabado información sobre la detención arbitraria de 17 personas, a través del testimonio directo de familiares, organizaciones de derechos humanos, o testimonios en audio y video. La prensa ha informado sobre casos adicionales.
Nueve testigos indicaron que las FAES detuvieron a 10 de sus familiares después de irrumpir en sus viviendas sin órdenes de detención o allanamiento.
Familiares, así como representantes de las organizaciones de derechos humanos Foro Penal y Fundaredes, dijeron que los detenidos se encontraban inicialmente en una base militar en la ciudad de Guasdualito, a 100 kilómetros de La Victoria, pero que por semanas no se les permitió verlos.
El 12 de abril, 26 detenidos – 25 hombres y una mujer – fueron trasladados a una zona militar, conocida como Área de Procesados Militares (Procemil), dentro del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, en el estado Táchira, según algunos familiares y el Foro Penal.
De acuerdo con la información aportada por las personas entrevistadas, los detenidos en El Ripial y la zona rural de Los Arenales eran campesinos que vivían y trabajaban en fincas.
En la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kilómetros de La Victoria, agentes de las FAES se llevaron a 17 hombres de sus viviendas o comercios, relató la esposa de uno de los detenidos. Los agentes cubrieron las cabezas de los detenidos con sus camisetas, los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
Algunas personas fueron detenidas porque tenían videos o fotos de los ataques o de la presencia militar en la zona en sus teléfonos, según contaron varios testigos y una defensora de derechos humanos.
Por temor a requisas o detenciones, muchas personas entrevistadas en Arauquita dijeron que habían borrado material relacionado con los ataques en La Victoria y zonas cercanas de sus teléfonos.
Agentes de las FAES se llevaron a Alejandro, de 23 años, y Vicente Rojas, de 20 (seudónimos), dos hermanos que trabajaban en una gasolinera, de su vivienda en La Victoria a las 10:30 a.m. del 24 de marzo, dijo su hermana.
Los agentes ingresaron por la fuerza, según contó, y buscaron fotos y videos en sus teléfonos celulares. Los agentes les cubrieron las cabezas a los hermanos con sus camisetas y los golpearon en el estómago y la espalda. Un testigo dijo a la familia que los jóvenes fueron llevados a la base militar.
El 10 de abril, su hermana pudo hablar con ellos durante 10 minutos en la base militar de Guasdualito. Sus hermanos le dijeron que agentes los habían golpeado durante los primeros días de su detención.
El 12 de abril, un teniente que está ejerciendo la defensa legal de Alejandro y Vicente le dijo a su hermana que les habían imputado varios crímenes, incluyendo “ataque al centinela”, ante un tribunal militar, y que serían trasladados a la prisión de Santa Ana.
En la mañana del 21 de marzo, Jessica Vera (seudónimo), de 26 años, vio que había hombres vestidos con un uniforme verde, a quienes identificó como agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, cerca de la pequeña vivienda en El Ripial que compartía con su esposo, Javier Cuesta (seudónimo), quien tenía un negocio de reparación de equipos de radio y TV, y sus hijos de 9, 5 y 2 años.
Aproximadamente al mediodía, circularon por las calles tanques blindados y agentes de seguridad entraron a algunas viviendas para requisarlas. Vera contó que los uniformados le hicieron un gesto a Javier desde el otro lado de su patio para que saliera.
Le ordenaron que se levantara la camiseta, se cubriera con ella la cabeza, y levantara los brazos. Le exigieron su cédula de identidad y Javier le pidió a su esposa que la buscara dentro de la casa. Al salir con la cédula, su hija de 9 años le dijo que los hombres se habían llevado esposado a Javier. Un agente le informó que investigarían a su esposo por ser un “guerrillero”.
Junto con sus hijos, Jessica caminó hasta La Victoria para preguntar por su paradero. Al llegar, vio a algunos soldados que le dijeron únicamente que su esposo se encontraba en un batallón militar. Después de tres días de una búsqueda infructuosa, mientras continuaban los ataques en La Victoria, Jessica cruzó a Arauquita con sus hijos.
El 16 de abril, Jessica dijo a Human Rights Watch que su esposo, con quien había podido hablar por teléfono, había sido trasladado de la base militar de Guasdualito a la cárcel de Santa Ana.
Human Rights Watch entrevistó a un menor, de 17 años, y a un adulto que informaron que agentes de las FAES los habían detenido en la base militar en Guasdualito y los habían liberado seis días después.
Pedro Cabrera (seudónimo), un ciudadano colombiano de 43 años que vivía en Apure, contó que el 21 de marzo, agentes de las FAES y de la GNB detuvieron a su esposa, Camila Vélez (seudónimo), embarazada de dos meses, y a sus hijos Marcos (seudónimo), de 17, y Ernesto (seudónimo), de 14, en la zona rural de Los Arenales. Ese día los había despertado el ruido de disparos y explosiones.
Pedro contó que, como no tenía documento de identidad venezolano, se escondió cerca de su casa. Desde allí, vio a los agentes arrojar a su esposa y sus hijos al suelo, darles puntapiés en el estómago, cubrirles el rostro con sus camisetas, y atarles las manos detrás de la espalda.
Marcos, que fue liberado seis días después junto con su hermano, contó que durante las golpizas al momento del arresto los agentes acusaron a su hermano, su madre y a él de pertenecer a la guerrilla. Los llevaron a una vivienda cerca de allí, volvieron a arrojarlos al suelo, y siguieron dándoles golpes hasta el anochecer, cuando los llevaron a una base militar en La Victoria.
Al día siguiente, los agentes transfirieron a los menores de edad y su madre a la base militar de Guasdualito, donde agentes de las FAES y de la GNB los encerraron en una celda hacinada y sin ventilación, junto con aproximadamente otras 30 personas y sin medidas adecuadas para limitar la propagación del Covid-19, contó. Durmieron en el piso y solo les dieron agua y mangos para comer.
Según dijo, un militar les informó que se los acusaba de “rebelión”, “traición a la patria”, “ataque al centinela”, y “sustracción de objetos militares”, pero no fueron llevados ante un juez ni tuvieron acceso a un abogado.
Durante los primeros días de la detención de Marcos, los agentes de seguridad lo golpearon a él y a los demás detenidos en varias oportunidades. Los agentes los golpearon con las culatas de sus fusiles en el estómago y en la cabeza, afirmó.
Al sexto día, Marcos y Ernesto fueron liberados con otras seis personas (dos niños y cuatro adultos). Funcionarios de la Defensoría del Pueblo llevaron a los dos hermanos a un albergue, y al día siguiente los entregaron a un familiar, que los ayudó a llegar a Arauquita. Una investigadora de Human Rights Watch vio algunas de las contusiones que presentaba Marcos, y Jairo Urrutia (seudónimo), de 54 años, que estuvo detenido en la misma celda que Marcos, corroboró su relato.
El 14 de abril, Pedro dijo a Human Rights Watch que su esposa, Camila, había sido trasladada a la prisión de Santa Ana. Aunque no había podido hablar con ella, se enteró a través de un familiar, quien sí la había podido visitar, que Camila había perdido el embarazo.
Jairo Urrutia dijo que el 21 de marzo, agentes de las FAES y de la GNB entraron en su casa en El Ripial, lo arrojaron al piso, le ataron las manos detrás de la espalda y lo subieron a un tanque, donde le dieron golpes en el estómago.
Fue llevado a la base militar de Guasdualito, donde agentes de las FAES y de la GNB lo acusaron de ser un informante de la guerrilla y lo detuvieron en una celda hacinada.
Contó que, al sexto día, fue llevado ante un tribunal militar, donde un juez militar le dijo, durante una audiencia, que se lo acusaba de “rebelión”, “porte de armas”, “ataque al centinela” y “resistencia”, pero la Defensoría del Pueblo pidió su liberación. No recibió asistencia de un abogado. Huyó a Arauquita esa misma noche.
Tres personas entrevistadas manifestaron que fueron víctimas de tratos crueles durante las redadas.
Carlos Pérez (seudónimo), de 28 años, y Diego Ruíz (seudónimo), de 14, contaron que alrededor del mediodía del 25 de marzo, al menos 15 agentes de las FAES derribaron la puerta de la vivienda de Carlos, donde también se encontraba Diego.
Los agentes los arrojaron al suelo y les cubrieron el rostro con sus camisetas. Llevaron a cada uno a una vivienda diferente en las proximidades, donde los obligaron a arrodillarse con las manos detrás de la espalda mientras los interrogaban sobre sus supuestos vínculos con organizaciones guerrilleras.
Carlos y Diego negaron cualquier relación con los grupos armados. Los agentes les hicieron comer tierra y les dieron puntapiés en las costillas.
Carlos dijo que un agente de las FAES le apuntó con un arma en el cuello y amenazó con matarlo. Apretó el gatillo, pero el arma estaba descargada. Diego dijo que los agentes de las FAES que lo retenían hicieron lo mismo, al menos cuatro veces, y que un agente le apretó una parte de la nariz con un alicate para que confesara sus supuestos nexos con grupos guerrilleros.
Después de varias horas, ambos fueron liberados. Huyeron a Arauquita con sus familias esa misma noche.
El 25 de marzo, dos tanques con agentes de las FAES entraron en la finca donde vivían y trabajaban Pablo Ramírez (seudónimo) y su familia, en la zona rural de La Victoria. Pablo contó que los agentes le clavaron una navaja en el meñique derecho mientras lo interrogaban sobre sus presuntos vínculos con grupos guerrilleros.
Como no respondía, los agentes le hundieron más la navaja en el dedo, y luego se lo torcieron con un alicate. “Sentí que iban a quebrarlo”, contó. Pablo mostró a una investigadora de Human Rights Watch el dedo con una cicatriz. Los agentes amenazaron con matarlo, llevarse a su hijo de 5 años, y cortarle el vientre a su mujer, embarazada de 5 meses, para sacarle al bebé que estaba gestando. La familia huyó a Arauquita.
Respuesta humanitaria en Colombia
Al 19 de abril, autoridades colombianas indicaron que más de 5.800 personas, incluidos venezolanos y colombianos que vivían en Venezuela, habían huido de Apure desde el 21 de marzo, principalmente a través de cruces informales y usando canoas para cruzar el río Arauca.
La mayoría se encontraba en 19 albergues en Arauquita. A fines de marzo, cuando las cifras oficiales indicaban que 4.500 personas habían huido, autoridades locales en Arauquita dijeron a Human Rights Watch que aproximadamente 3.000 más estaban quedándose en casas de amigos y familiares en zonas rurales de Arauquita.
Los albergues de Arauquita son gestionados por las autoridades locales con el apoyo de organizaciones humanitarias internacionales, incluidas ACNUR, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados (CNR), UNICEF y el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), entre otras.
A pesar del sostenido apoyo proporcionado por organizaciones humanitarias para incrementar la capacidad local de brindar comida, agua potable, insumos sanitarios y atención médica, la asistencia humanitaria existente es insuficiente.
Algunos niños y niñas han seguido asistiendo a la escuela en Colombia, pero la continuidad de su educación es difícil debido a que se vieron obligados a dejar sus materiales en sus hogares, según trabajadores humanitarios.
Las condiciones de hacinamiento en los albergues dificultan el distanciamiento social. Es probable que esas condiciones, así como las dificultades para aislar adecuadamente a personas con Covid-19, haya contribuido a la propagación del virus en los albergues. Al 16 de abril, las autoridades habían confirmado 76 casos positivos.
Las autoridades y los trabajadores humanitarios también expresaron que es sumamente difícil ayudar a quienes se alojan fuera de los albergues urbanos debido a los riesgos para la seguridad generados por los grupos armados en Arauca.
La actividad de las organizaciones internacionales humanitarias en La Victoria, Venezuela, ha sido prácticamente suspendida debido a la situación en la zona.
Algunas de las personas entrevistadas, incluidos trabajadores humanitarios, manifestaron que los desplazados en Arauca temen volver a sus casas en Venezuela y que en las condiciones actuales es muy probable que se queden en Arauca o se muden a otras partes de Colombia, por los riesgos para la seguridad y porque han perdido sus viviendas y pertenencias en los ataques.
Recomendaciones
A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela:
Analizar de forma oportuna las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia de género perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas en Apure, incluidos los casos que se documentan en este informe.
Analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en estos abusos, y de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado abusos o podrían tener responsabilidad por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus abusos.
A la administración del presidente de Colombia Iván Duque:
Llevar a cabo un censo integral en Arauca de todos los venezolanos y colombianos que se vieron obligados a huir de Apure, incluidos aquellos que en la actualidad no se alojan en albergues, y garantizar a los desplazados la posibilidad de acceder a un estatus legal en Colombia.
Asegurar que quienes llegan a Arauca tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo comida, alojamiento, equipos de protección personal y otros insumos de higiene necesarios para prevenir la propagación del Covid-19, atención médica que incluya acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y acceso a agua potable y sanidad básica.
Implementar efectivamente la declaratoria de “situación de calamidad pública”, decretada el 6 de abril en Arauquita, la cual conforme al derecho colombiano permitiría asignar más recursos del gobierno nacional a los esfuerzos humanitarios para brindar asistencia a los desplazados venezolanos y colombianos en Arauquita.
A los gobiernos donantes y los organismos humanitarios internacionales:
Apoyar las iniciativas para que las autoridades de Arauca que administren albergues creados para alojar a los miles de desplazados que huyeron recientemente de Apure cuenten con ayuda humanitaria suficiente.
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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