América Latina
Venezuela: entre dos presidentes y una crisis interminable
Venezuela cierra el año 2019 con dos presidentes: Nicolás Maduro, que la oposición califica de "usurpador", y Juan Guaidó, mandatario encargado con respaldo internacional que busca la vía hacia unas elecciones transparentes para lograr un cambio político en el país petrolero.
A pesar de la mediación internacional, el envío de ayuda humanitaria y la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, las cifras e indicadores sociales reflejaron una crisis cada vez más aguda en el país petrolero durante el año que termina.
Operación Libertad llama a terminar usurpación de Maduro en Venezuela
El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó -un activista político hasta ese momento poco conocido del partido Voluntad Popular- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder legítimo de esta nación suramericana. Su ascenso a la cabeza del parlamento es resultado de la continuidad de uno de los pactos políticos entre los partidos de oposición que conviven en la coalición opositora llamada Unidad Democrática.
Durante su discurso ante el Parlamento, Guaidó explicó que la ruta para lograr el cambio político sería el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Llamó al régimen de Maduro una “dictadura sin máscaras y sin filtros” y le dijo: “y por si no te ha quedado claro, Maduro el 10 de enero ¡No te vamos a juramentar!”.
La juramentación de Maduro fue celebrada el 10 de enero a puerta cerrada, por primera vez en la historia democrática de Venezuela, en el Tribunal Supremo de Justicia. “Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados, del gran cacique Guaicaipuro, por el legado nuestro amado comandante Hugo Chávez (…)”, dijo Maduro.
La figura de Guaidó cobró relevancia el 23 de enero, día en el que -cuando históricamente se celebra la institucionalización de la democracia en Venezuela- juró como presidente encargado de Venezuela ante una multitud convocada en una concentración en Caracas, ante el vacío de poder que generaron las acusaciones de ilegitimidad contra las elecciones del 20 mayo de 2018, con las que Maduro se mantuvo en la presidencia de la república.
“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", dijo Guaidó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció ese mismo día el gobierno interino de Guaidó. Maduro respondió rompiendo relaciones con el país norteamericano.
Un mes después, el 23 de febrero, desde Cúcuta, Colombia, a donde llegó cruzando por las trochas (pasos fronterizos ilegales), Guaidó recibió de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Paraguay, Mario Abdó, la ayuda humanitaria para Venezuela procedente de diferentes partes del mundo.
El régimen de Maduro ordenó impedir el acceso de ayuda humanitaria que también se intentó ingresar desde Brasil. La represión dejó un saldo de 25 indígenas pemones asesinados en el estado Bolívar al sureste de Venezuela en la frontera con Brasil, según lo denunció el diputado Ramón Flores presidente del Parlamento Amazónico.
“Veinticinco pemones, 25 venezolanos que fueron acribillados a mansalva por este régimen usurpador”, dijo Flores.
Además de la crisis política, los venezolanos enfrentaron el agravamiento de las condiciones socioeconómicas con un primer mega apagón el 7 de marzo, un corte del servicio eléctrico que dejó al país sin luz por cinco días. El restablecimiento del servicio fue progresivo, aunque Maduro anunció un mes después un plan de racionamiento de servicio eléctrico que sometió a cortes programados de luz a casi todas las regiones de Venezuela. El más afectado es el estado Zulia, donde al cierre de 2019 se superan en ocasiones las 14 horas sin luz en un día. Maduro, de nuevo, acusó a Estados Unidos de sabotaje.
En marzo de 2019 se incrementó la persecución del régimen contra Guaidó. Primero con el secuestro y detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Roberto Marrero, su jefe de despacho presidencial.
“Como no se atreve a encarcelarme, simplemente porque no manda, porque le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él (Maduro) y secuestraron injustamente a Roberto Marrero”, señaló Guaidó.
Unos 15 días después del primero, el 25 de marzo, se registró un segundo apagón que afectó 16 estados, por el que Maduro pidió paciencia a los venezolanos para resolverlo y Guaidó prometió acciones contundentes contra el gobierno de Cuba.
“No más petróleo a Cuba. No más chuleo mientras nuestra gente pasa hambre y necesita medicamentos”, dijo entonces Guaidó.
El 29 de marzo se registró un tercer apagón que dejó a oscuras a los 23 estados de Venezuela. La falta de luz agravó la crisis socioeconómica, para la que sirvió como un aliciente la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Su presidente en Venezuela, Mario Villarroel, reafirmó que “la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad, independencia. Le pedimos a todos sin excepción que nos permitan la politización de este gran logro”.
Los venezolanos y la comunidad internacional, unos 50 países que ya venían respaldando a Guaidó, quedaron sorprendidos por una inesperada transmisión por redes sociales, el 30 de abril, de Guaidó junto a Leopoldo López, quien venía cumpliendo arresto domiciliario como parte de una condena de casi 14 años. Los acompañaban el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cristopher Figuera.
Guaidó liberó a López y en las inmediaciones de la base aérea militar La Carlota, en Caracas, intentó lograr la adhesión de los militares para alcanzar la ruta trazada para el cambio político en Venezuela.
“Como presidente encargado de Venezuela, como legítimo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados y a toda la familia militar a acompañarnos en esta gesta, como siempre lo hemos hecho en el marco de la Constitución y en el marco de la lucha no violenta”, dijo Guaidó.
Al evento del 30 de abril, que el régimen de Nicolás Maduro calificó como un golpe de Estado, le siguió la separación pública del chavismo, mediante una carta, del director del Sebin, el general Cristopher Figuera.
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Asamblea Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria por desacato a Guaidó. También ordenó de enjuiciar a seis diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los eventos del 30 de abril, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido el 8 de mayo.
El 16 de mayo, en medio de la persecución del régimen a la oposición, Guaidó confirma reuniones entre emisarios de Maduro y de opositores en Noruega para lograr un acuerdo que diera una salida política a la crisis. Pero reitera que la única solución a la crisis es la salida de Maduro del poder. También ese mismo día se fuga Iván Simonovis de su casa, donde cumplía una pena de 30 años por los hechos del 11 de abril de 2002.
Entre el 19 y el 21 de junio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó Venezuela como parte de la última fase para emitir su informe sobre la situación de los derechos humanos en este país. Bachelet exigió al régimen de Maduro la liberación de los presos políticos al final de su visita a Caracas.
“Hago un llamado a las autoridades a liberar a todos los que estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”, dijo Bachelet en conferencia de prensa.
Maduro descalificó el informe de Bachelet. Guaidó lo calificó como reflejo de la evidencia de una catástrofe.
Ocho días después de la visita de Bachelet a Venezuela, el 29 de junio, el capitán de navío Rafael Acosta Arévalo fue asesinado. Su abogado, Alonso Medina, denunció que el régimen de Maduro pretendió evadir la responsabilidad por tortura en el crimen.
“La única explicación es que el delito de homicidio podría generar responsabilidades individuales mientras que por el caso de los delitos de tortura le genera responsabilidad al Estado la cual pretende evadir”, explicó Medina.
El intento infructuoso de Noruega por mediar entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó tuvo su fin a finales de julio en Barbados, y fue seguido por nuevas sanciones de Estados Unidos a cualquier tipo de transacción con el régimen chavista.
La reacción de Maduro no se hizo esperar y el 13 de septiembre anunció una investigación penal contra Guaidó.
A pesar de los señalamientos en contra del régimen de Maduro por violación de derechos humanos, el 17 de octubre Venezuela fue elegida, con 105 votos a favor, para integrar el Consejo de DDHH de la ONU, ocupando la vacante que dejó Cuba.
El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, celebró el hecho como “un importante logro que Venezuela haya sido electa para ingresar como miembro del Consejo de Derechos Humanos porque es una voz importante que estará allí para el tema de la paz”.
Ese mismo día, Saab anunció la excarcelación de 24 presos políticos.
El 20 de diciembre, a escasos 15 días para la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, resultó desaparecido por funcionarios de las FAES, el diputado del partido Voluntad Popular Gilber Caro, tal y como lo explicó la diputada Adriana Pichardo. Diputados opositores denunciaron que es una treta más del régimen de Maduro para impedir la reelección de Guaidó.
Venezuela cierra el 2019 con cifras rojas en migraciones forzadas, casi cinco millones de venezolanos, según organismos internacionales. Con cifras incalculables de personas que han fallecido por innumerables consecuencias de la crisis humanitaria, o como el joven Rufo Chacón, quien perdió la vista por disparos de perdigones mientras protestaba por falta de gas para cocinar.
Se mantiene, además, como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. Concluye el 2019 con un estimado de al menos el 16.506 fallecidos por causas violentas según el Observatorio Venezolano de Violencia.
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La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
Díaz-Canel se solidariza con Petro ante supuestos "intentos golpistas" en Colombia
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que los presuntos planes para desestabilizar Colombia son parte de la "arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región".
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó el sábado su "apoyo y solidaridad" al presidente colombiano Gustavo Petro ante lo que calificó de "intentos golpistas" para derrocar su gobierno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia investiga a Petro por una presunta violación de topes en su financiamiento de campaña. Petro denunció la semana pasada que la autoridad electoral prepara el terreno para su suspensión, y alegó que la investigación se inició 30 días después de los comicios, fuera del tiempo establecido para que indagara si hubo o no irregularidades durante la campaña.
"Los planes para desestabilizar #Colombia, son parte de la arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se sumó a las expresiones de apoyo de Díaz-Canel, con un mensaje en X en el que manifiesta toda su "solidaridad" al mandatario colombiano "frente a las maniobras que pretenden destituirlo mediante un Golpe de Estado".
El mismo Petro ha denunciado la investigación como un intento de "golpe" de Estado, argumentando que, según la constitución, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única facultada para iniciar una investigación en su contra.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado... ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, escribió la semana pasada en su cuenta de X.
Pero el Consejo de Estado, en una consulta sobre el caso, espaldó al CNE y dijo que este sí está facultado para revisar las presuntas irregularidades en la campaña de Petro por la presidencia.
La investigación conducida por el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (alrededor de 1,27 millones de dólares) y que recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral, reportó la semana pasada la agencia de noticias EFE.
Petro ha dicho que fue despojado de su fuero por "tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias", y que ahora el CNE, "con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones", se dispone a juzgar al presidente.
En respuesta este sábado a un post en la red social del empresario Luis Ernesto Gómez, el mandatario colombiano insistió en que el CNE no solo investiga su campaña, sino a él, "el presidente".
Gómez instó a Petro a seguir los canales adecuados para protestar la decisión del CNE de abrir la investigación en su contra.
"Si el CNE cometiera un desafuero, puede ud demandar la decisión ante el Consejo de Estado. Ese mismo Consejo de Estado que amparó sus derechos, declarando ilegal la destitución hecha por el exprocurador Ordóñez, cuando Ud era Alcalde de Bogotá", escribió.
El empresario colombiano recomendó al mandatario ejercer su defensa ante el Congreso de la República, como ya lo hace con otras denuncias en su contra.
Gobierno de Venezuela denuncia supuesto plan para matar a Maduro y arresta a seis extranjeros
Entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo, informó a la prensa el ministro de Relaciones Interiores de Maduro, Diosdado Cabello.
CARACAS (AP) — El gobierno venezolano denunció el sábado un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y aseguró que detuvo a 14 personas, entre ellas a seis extranjeros, que estarían relacionadas con el presunto complot.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que luego de un trabajo de inteligencia y rastreo también se decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario sería utilizado para provocar actos violentos en territorio venezolano.
Cabello dijo que entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo. Entre los estadounidenses, mencionó a un hombre al que identificó como Joseph Castañeda Gómez, quien según dijo es miembro de la Armada estadounidense y a quien acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
“El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación", acotó, y agregó que detrás de ella está un personaje “nefasto del tráfico de armas” al que identificó como Iván Simonovis.
En 2002, Simonovis —entonces jefe de seguridad ciudadana de Caracas— fue encarcelado por lo que, según él, fueron acusaciones falsas de ordenarle a la policía que disparara contra manifestantes progubernamentales que habían salido a las calles para defender Hugo Chávez durante un breve golpe de Estado. Diecinueve personas murieron a raíz del tiroteo en un paso elevado en el centro de Caracas. Simonovis huyó en 2019.
Cabello aseveró que detrás de la operación se encuentran agencias de inteligencia de Estados Unidos y España.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a The Associated Press en un correo electrónico que las acusaciones de ser parte de un complot para derrocar a Maduro “son categóricamente falsas” y agregó que su gobierno está a favor de una solución democrática a la crisis política en la nación sudamericana.
Adicionalmente, Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Estados Unidos sigue de cerca la situación, añadió.
La embajada de España en Caracas no respondió de inmediato a un email de la AP en busca de comentarios.
El mandatario venezolano y sus aliados han acusado en numerosas oportunidades a Estados Unidos de promover supuestas conspiraciones y atentados contra el gobierno del país sudamericano, algo que ha sido rechazado por las autoridades estadounidenses. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019.
En septiembre del 2020, el presidente Maduro anunció que había tomado la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según el gobernante, salió a la luz luego de la captura de un presunto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Maduro elevó recientemente la tensión con España, país que acogió al excandidato presidencial Edmundo González tras el otorgamiento de asilo político. La oposición sostiene que González se impuso de forma contundente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El canciller venezolano Yvan Gil advirtió el viernes que Caracas no permitirá “ninguna acción injerencista” luego de que la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura”.
Tras su arribo a Madrid, González ha mantenido reuniones con líderes españoles que le han expresado su respaldo. La comunidad internacional ha cuestionado los resultados oficiales de los comicios que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato.
EEUU advierte a Maduro de más acciones si no publica actas electorales
Un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas, la Casa Blanca advirtió al gobierno de Venezuela que si no "hace lo correcto" y publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, tomará acciones adicionales.
Estados Unidos advirtió este viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de decisiones adicionales si no "hace lo correcto" y publica las actas detalladas de los resultados de las votaciones del 28 de julio, un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas.
"Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.
El funcionario agregó que Maduro "tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar" y "la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.
"La decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta", agregó Kirby.
El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por "obstruir proceso electoral presidencial" venezolano.
Entre los sancionados están a presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
Del mismo modo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión".
Reacciones en Venezuela
Ya más temprano, funcionarios de la Corte Suprema y el Poder electoral de Venezuela habían repudiado estas sanciones.
“No vamos a doblegarnos ante ellos”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la lista de los nuevos sancionados por Estados Unidos, que tildó como “una nueva acción colonialista”.
El CNE también sacó un comunicado rechazando lo que consideró es un “infame acto de injerencia cometido por el gobierno de Estados Unidos”.
“Se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco y su secretario Antonio José Meneses Rodríguez”.
En el comunicado, el CNE exige a Estados Unidos no “involucrarse en asuntos internos” del organismo.
"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial", expresó por su parte la Fuerza Armada, en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar.
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