Con la nueva liberación de la compraventa de viviendas en Cuba, ¿de qué nacionalidad son los principales compradores de casas?
Solo pueden ser cubanos. Las nuevas reformas para la compraventa de bienes inmuebles entre particulares en Cuba solo están contempladas como operaciones entre propietarios o titulares y compradores de nacionalidad cubana, que sean residentes permanentes en la isla.
No está permitida la compraventa con o para extranjeros.
Esto resulta una norma inaplicable, ya que actualmente, alrededor del 80% de las compraventas de bienes inmuebles en Cuba tienen participación, directa o indirecta, de extranjeros o ciudadanos cubanos residentes en el exterior.
El gobierno de La Habana sabe muy bien que con la actual situación de la economía doméstica y la crisis económica que vive el país, la población no cuenta con la capacidad financiera para asumir la compra de bienes inmuebles en dólares o CUC y mucho menos con los precios actuales del mercado.
Esta liberación persigue fundamentalmente promover el envío de divisas desde el exterior para financiar las operaciones de compraventa.
El gobierno tiene claro que la mayoría de las operaciones de este tipo estarán sustentadas por capital foráneo y que dentro de este reglón, los cubanos americanos son la principal fuente de transferencia de capitales para las compraventas.
También tienen claro que muchos de los compradores son prestanombres o testaferros de los verdaderos dueños, quienes por las prohibiciones actuales no pueden aparecer registrados en los títulos de propiedad.
Es la típica ambivalencia del gobierno cubano: Por un lado prohíbe la participación de los extranjeros o cubanos residentes en el exterior en el negocio inmobiliario. Por otro lado se hace “de la vista gorda” para permitir que el dinero fluya desde el exterior de manera informal para que se realicen las compraventas de viviendas con el único capital con que pueden contar los cubanos en la isla.
De esta forma garantiza la circulación de divisas frescas en Cuba e impone el marco legal restrictivo que le permita en cualquier momento actuar contra los nuevos propietarios o confiscar las viviendas adquiridas.
En atención a esta prohibición vigente, la mayoría de las compraventas de viviendas en Cuba están viciadas de origen, incumplen el requisito de abstención de extranjeros o residentes en el exterior en las operaciones.
Por ahora el gobierno tolera esta violación porque le conviene, pero es evidente que tiene en sus manos la posibilidad de anular los actos en cuanto pretenda investigar la procedencia del capital de la mayoría de las operaciones, o la legitimidad de los titulares de los inmuebles adquiridos.
Solo pueden ser cubanos. Las nuevas reformas para la compraventa de bienes inmuebles entre particulares en Cuba solo están contempladas como operaciones entre propietarios o titulares y compradores de nacionalidad cubana, que sean residentes permanentes en la isla.
No está permitida la compraventa con o para extranjeros.
Esto resulta una norma inaplicable, ya que actualmente, alrededor del 80% de las compraventas de bienes inmuebles en Cuba tienen participación, directa o indirecta, de extranjeros o ciudadanos cubanos residentes en el exterior.
El gobierno de La Habana sabe muy bien que con la actual situación de la economía doméstica y la crisis económica que vive el país, la población no cuenta con la capacidad financiera para asumir la compra de bienes inmuebles en dólares o CUC y mucho menos con los precios actuales del mercado.
Esta liberación persigue fundamentalmente promover el envío de divisas desde el exterior para financiar las operaciones de compraventa.
El gobierno tiene claro que la mayoría de las operaciones de este tipo estarán sustentadas por capital foráneo y que dentro de este reglón, los cubanos americanos son la principal fuente de transferencia de capitales para las compraventas.
También tienen claro que muchos de los compradores son prestanombres o testaferros de los verdaderos dueños, quienes por las prohibiciones actuales no pueden aparecer registrados en los títulos de propiedad.
Es la típica ambivalencia del gobierno cubano: Por un lado prohíbe la participación de los extranjeros o cubanos residentes en el exterior en el negocio inmobiliario. Por otro lado se hace “de la vista gorda” para permitir que el dinero fluya desde el exterior de manera informal para que se realicen las compraventas de viviendas con el único capital con que pueden contar los cubanos en la isla.
De esta forma garantiza la circulación de divisas frescas en Cuba e impone el marco legal restrictivo que le permita en cualquier momento actuar contra los nuevos propietarios o confiscar las viviendas adquiridas.
En atención a esta prohibición vigente, la mayoría de las compraventas de viviendas en Cuba están viciadas de origen, incumplen el requisito de abstención de extranjeros o residentes en el exterior en las operaciones.
Por ahora el gobierno tolera esta violación porque le conviene, pero es evidente que tiene en sus manos la posibilidad de anular los actos en cuanto pretenda investigar la procedencia del capital de la mayoría de las operaciones, o la legitimidad de los titulares de los inmuebles adquiridos.