¿Qué gana el gobierno de La Habana dando refugio a los perseguidos por estafar al Medicare en Estados Unidos?
Esta conducta del gobierno de Cuba no está motivada por razones políticas o de principios morales, su motor principal es de carácter económico, las autoridades cubanas están arriesgando su prestigio internacional por el dinero que se mueve en este tipo de operaciones.
Los acusados de estafar al programa de salud social norteamericano conocido como Medicare, son por lo general delincuentes de bajo perfil y reducida connotación internacional.
Las autoridades cubanas se protegen aduciendo un desconocimiento del caso al momento de permitir a estos delincuentes regresar a residir en territorio cubano. Mucho más cuando gran parte del capital robado ingresa como activo en su red bancaria nacional.
Contrasta esta conducta de “hacerse de la vista gorda” en estos casos, con la eficiencia que muestran al deportar a otros delincuentes comunes que llegan a pedir asilo a sus puertos y aeropuertos.
Como el reciente caso de unos padres que secuestraron a sus hijos, de quienes habían perdido su custodia legal y que llegaron por vía marítima a la isla para pedir asilo. En pocas horas los ciudadanos norteamericanos fueron detenidos y entregados directamente a las autoridades norteamericanas.
Sin embargo en el caso de los delincuentes del Medicare, las autoridades cubanas ni siquiera investigan la procedencia del dinero que estas personas ingresan en su sistema bancario y les permiten disfrutar de un retiro dorado.
El riesgo es poco para Cuba, si alguna vez el caso de estas personas adquiere una enorme connotación, ellos pueden darse por enterados a partir de ese momento, detener al sospechoso, encausarlo y confiscar legalmente sus bienes, con lo que las cuentas bancarias, sus propiedades y bienes quedan incluidos en el patrimonio cubano nuevamente.
En las actuales condiciones de crisis económica que vive el país, las enormes cuentas bancarias de estos delincuentes son un regalo al que Cuba no puede dar la espalda. Una operación ilegal y reprochable, pero sin dudas rentable.
Esta conducta del gobierno de Cuba no está motivada por razones políticas o de principios morales, su motor principal es de carácter económico, las autoridades cubanas están arriesgando su prestigio internacional por el dinero que se mueve en este tipo de operaciones.
Los acusados de estafar al programa de salud social norteamericano conocido como Medicare, son por lo general delincuentes de bajo perfil y reducida connotación internacional.
Las autoridades cubanas se protegen aduciendo un desconocimiento del caso al momento de permitir a estos delincuentes regresar a residir en territorio cubano. Mucho más cuando gran parte del capital robado ingresa como activo en su red bancaria nacional.
Contrasta esta conducta de “hacerse de la vista gorda” en estos casos, con la eficiencia que muestran al deportar a otros delincuentes comunes que llegan a pedir asilo a sus puertos y aeropuertos.
Como el reciente caso de unos padres que secuestraron a sus hijos, de quienes habían perdido su custodia legal y que llegaron por vía marítima a la isla para pedir asilo. En pocas horas los ciudadanos norteamericanos fueron detenidos y entregados directamente a las autoridades norteamericanas.
Sin embargo en el caso de los delincuentes del Medicare, las autoridades cubanas ni siquiera investigan la procedencia del dinero que estas personas ingresan en su sistema bancario y les permiten disfrutar de un retiro dorado.
El riesgo es poco para Cuba, si alguna vez el caso de estas personas adquiere una enorme connotación, ellos pueden darse por enterados a partir de ese momento, detener al sospechoso, encausarlo y confiscar legalmente sus bienes, con lo que las cuentas bancarias, sus propiedades y bienes quedan incluidos en el patrimonio cubano nuevamente.
En las actuales condiciones de crisis económica que vive el país, las enormes cuentas bancarias de estos delincuentes son un regalo al que Cuba no puede dar la espalda. Una operación ilegal y reprochable, pero sin dudas rentable.