Cuba y Bielorrusia, La Habana y Minsk, son aliados en lo comercial y también en lo político, como se ha visto esta semana en Ginebra en el marco de la vigésima tercera sesión del consejo de los derechos humanos de la ONU.
Hace pocos días se conocía la noticia de que el régimen cubano estaba en vías de alzar otro negocio, esta vez de elevadores, con uno de esos países en los que los derechos humanos, en su larga extensión, no son más que las normas que el gobierno se empeña en violar constantemente.
Cuba y Bielorrusia, La Habana y Minsk, son aliados en lo comercial y también en lo político, como se ha visto esta semana en Ginebra en el marco de la vigésima tercera sesión del consejo de los derechos humanos de la ONU. En esta sesión se discutió el informe referente a Bielorrusia en el que, por supuesto, los tejemanejes de Alexander Lukashenko no han contribuido mucho a la hora de obtener un saldo positivo en la cuenta referente al respeto de los derechos humanos en ese país que se ancló en la era soviética y que mantiene el KGB activo, bien engrasado y actuando contra opositores que son todavía hoy perseguidos, acosados, detenidos, encarcelados, juzgados sin garantías y torturados. Todo esto lo corroboran sus denuncias.
Por supuesto que el régimen de Minsk no reconoce para nada este último informe que, entre otros aspectos, resaltó que, si bien los derechos humanos están reconocidos constitucionalmente, no hay un respeto efectivo, y una de las causas para que esto pueda ser es precisamente la inexistencia de un contrapoder que pueda chequear y ejercer el control sobre el gobierno.
Tal y como sucede en Cuba, el gobierno se arroga la representación de todos los ciudadanos de la nación, que apenas tienen acceso a información alternativa a la que procura el régimen a través de sus medios. Los bielorrusos viven hoy aislados y con escaso contacto con sus vecinos de la Unión Europea (UE) y su presidente hace gala de ser un personaje feliz de que lo consideren como un dictador. De hecho, entre sus declaraciones de antología están aquellas en las que aseguró que era mejor “ser dictador que ser homosexual”. Está claro que no hay ningún miramiento hacia las minorías sexuales, y así lo especifica también el informe de la ONU.
Como es habitual en estos casos, y siguiendo el mismo patrón “cubano”, los representantes bielorrusos en la sesión de Ginebra tiraron balones fuera y señalaron que el país no necesita que ningún relator de derechos humanos le cuente los problemas que tienen. Luego hicieron referencia a la violación de los derechos humanos en la Unión Europea en cuanto al trato de los inmigrantes e hicieron mención al caso de Julian Assange considerándolo víctima de una persecución política por la revelación de cables diplomáticos a través de WikiLeaks.
Durante la sesión de la ONU en Ginebra, a favor de Bielorrusia hablaron, entre otros, representantes de Rusia, China, Corea del Norte, Kazajastán, Azerbayán, Venezuela, Cuba, Turkmenistán, Indonesia, Zimbabwe, Myanmar, Líbano, Uzbekistán, Marruecos, Palestina, Bahrain, Bolivia, Laos y Vietnam.
En su intervención, la embajadora cubana en Ginebra, Anayansi Rodríguez, alzó contra el informe sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y dijo que el consejo de los derechos humanos de la ONU es un instrumento decidido a actuar “contra los países en desarrollo” por “claras motivaciones políticas” y, según ella, “sin una genuina preocupación por la situación de los derechos humanos de los países que trate”.
La representante del régimen de La Habana considera, además, que algunos estados, en general todos los del mundo occidental, están “empeñados” en mantener una posición beligerante con el gobierno de Lukashenko y lamentó que no se tome en consideración la información que suministra este mismo gobierno. En semejantes términos habló luego el representante de Corea del Norte, que consideró que la información usada para describir la situación en Bielorrusia está “distorsionada”.
En contraste, el representante por parte de España, Luis Ángel Redondo, mostró su preocupación por la aplicación de la pena de muerte, el encarcelamiento de opositores, activistas y defensores de derechos humanos, así como las torturas.
Recordó que en Bielorrusia no se informa ni al condenado ni a sus familias de la fecha de ejecución y, una vez ejecutados, los cuerpos permanecen en paradero desconocido.
Cuba y Bielorrusia, La Habana y Minsk, son aliados en lo comercial y también en lo político, como se ha visto esta semana en Ginebra en el marco de la vigésima tercera sesión del consejo de los derechos humanos de la ONU. En esta sesión se discutió el informe referente a Bielorrusia en el que, por supuesto, los tejemanejes de Alexander Lukashenko no han contribuido mucho a la hora de obtener un saldo positivo en la cuenta referente al respeto de los derechos humanos en ese país que se ancló en la era soviética y que mantiene el KGB activo, bien engrasado y actuando contra opositores que son todavía hoy perseguidos, acosados, detenidos, encarcelados, juzgados sin garantías y torturados. Todo esto lo corroboran sus denuncias.
Por supuesto que el régimen de Minsk no reconoce para nada este último informe que, entre otros aspectos, resaltó que, si bien los derechos humanos están reconocidos constitucionalmente, no hay un respeto efectivo, y una de las causas para que esto pueda ser es precisamente la inexistencia de un contrapoder que pueda chequear y ejercer el control sobre el gobierno.
Tal y como sucede en Cuba, el gobierno se arroga la representación de todos los ciudadanos de la nación, que apenas tienen acceso a información alternativa a la que procura el régimen a través de sus medios. Los bielorrusos viven hoy aislados y con escaso contacto con sus vecinos de la Unión Europea (UE) y su presidente hace gala de ser un personaje feliz de que lo consideren como un dictador. De hecho, entre sus declaraciones de antología están aquellas en las que aseguró que era mejor “ser dictador que ser homosexual”. Está claro que no hay ningún miramiento hacia las minorías sexuales, y así lo especifica también el informe de la ONU.
Como es habitual en estos casos, y siguiendo el mismo patrón “cubano”, los representantes bielorrusos en la sesión de Ginebra tiraron balones fuera y señalaron que el país no necesita que ningún relator de derechos humanos le cuente los problemas que tienen. Luego hicieron referencia a la violación de los derechos humanos en la Unión Europea en cuanto al trato de los inmigrantes e hicieron mención al caso de Julian Assange considerándolo víctima de una persecución política por la revelación de cables diplomáticos a través de WikiLeaks.
Durante la sesión de la ONU en Ginebra, a favor de Bielorrusia hablaron, entre otros, representantes de Rusia, China, Corea del Norte, Kazajastán, Azerbayán, Venezuela, Cuba, Turkmenistán, Indonesia, Zimbabwe, Myanmar, Líbano, Uzbekistán, Marruecos, Palestina, Bahrain, Bolivia, Laos y Vietnam.
En su intervención, la embajadora cubana en Ginebra, Anayansi Rodríguez, alzó contra el informe sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y dijo que el consejo de los derechos humanos de la ONU es un instrumento decidido a actuar “contra los países en desarrollo” por “claras motivaciones políticas” y, según ella, “sin una genuina preocupación por la situación de los derechos humanos de los países que trate”.
La representante del régimen de La Habana considera, además, que algunos estados, en general todos los del mundo occidental, están “empeñados” en mantener una posición beligerante con el gobierno de Lukashenko y lamentó que no se tome en consideración la información que suministra este mismo gobierno. En semejantes términos habló luego el representante de Corea del Norte, que consideró que la información usada para describir la situación en Bielorrusia está “distorsionada”.
En contraste, el representante por parte de España, Luis Ángel Redondo, mostró su preocupación por la aplicación de la pena de muerte, el encarcelamiento de opositores, activistas y defensores de derechos humanos, así como las torturas.
Recordó que en Bielorrusia no se informa ni al condenado ni a sus familias de la fecha de ejecución y, una vez ejecutados, los cuerpos permanecen en paradero desconocido.