El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara revocó este mes la sanción del preso político cubano José Miguel Gómez Mondeja, quien se encontraba en un campamento en régimen de trabajo correccional con internamiento, y le ordenó continuar cumpliendo su sentencia en privación de libertad en una prisión de máximo rigor, en represalia por una huelga de hambre que inició el pasado 17 de julio y que todavía sostiene.
Gómez Mondeja, de 27 años, fue uno de los manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, y se encuentra privado de libertad desde el mismo día del estallido social, en 2021, declaró a Martí Noticias su esposa, Wendy Pedraza Díaz.
Documento de revocación de sentencia al preso político José Miguel Gómez
Al joven lo acusaron de desacato y desórdenes públicos, “sin presentar una prueba contundente que probara tales actos”, y permaneció diez meses en espera de juicio en la prisión de máximo rigor El Pre, que es la misma en la que se encuentra actualmente.
Una vez realizado el juicio, lo sancionaron a cuatro años de privación de libertad, pero su esposa apeló y las autoridades cambiaron la sanción por cuatro años de trabajo correccional con internamiento. Además, luego le rebajaron cuatro meses por buen comportamiento.
La huelga de hambre en la que cumple 11 días este viernes, José Miguel Gómez la empezó en protesta por la violación de su derecho a salir de pase cada 30 días, por un período de tres días.
“A él ya le habían dado otros pases, pero este de julio se vio comprometido, porque en el campamento de él hay otros reclusos de la misma causa (política), y a uno de ellos le tocaba el pase el día 10, pero como el día siguiente era 11 de julio, evidentemente no se lo iban a dar”, contó Pedraza.
La esposa explicó que, normalmente, a los presos políticos no les conceden pase al mismo tiempo, por lo que el retraso del pase de uno puede significar el retraso del pase de otro, y por ello a Gómez Mondeja le habían dicho que no saldría hasta 16 días después de la fecha que le tocaba.
“A mi esposo le tocaba el pase el día 17 (de julio), y al ver que unos oficiales de alto mando de prisión fueron a visitar el campamento, se les acercó para ver qué iba a pasar con su pase, pero el segundo de cárceles y presiones de aquí de Santa Clara se molestó, porque mi esposo le exigió su derecho, y este compañero tomó como represalia mandar a mi esposo para el campamento más malo que hay aquí en Santa Clara”.
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A Gómez Mondeja lo trasladaron del campamento Ayagán para El Yabú el 3 de julio, y cuando llegó a este sitio, un oficial le habría informado que su pase no había sido prorrogado y que podría ir para su casa el 17 de julio sin inconvenientes.
“El día 17 de julio yo lo voy a buscarlo como siempre he ido, con nuestra niña, que tiene seis años, y me tuvieron una hora afuera sin que saliera nadie a explicarme, hasta que él me grita desde lo lejos que el pase no se lo iban a dar, que era para el día 31. Ya él estaba vestido y todo para irse”, dijo Wendy Pedraza.
En ese momento, a ella la hicieron entrar al campamento junto con su hija y, en una oficina, un oficial le explicó que “había sido un error y que del alto mando había bajado una orden que su pase era para el día 31”. Sin embargo, asegura que nada de lo que dijeron la convenció ni le devolvió lo que había invertido para recoger a su esposo.
De acuerdo con una denuncia en redes sociales del activista cubano Marcel Valdés, que fue quien sacó a la luz la situación del preso político este viernes, Wendy Pedraza pagó tres mil pesos cubanos por un carro para recoger a su esposo, que es más o menos el equivalente a un salario medio en Cuba.
“Su esposa e hija se quedaron destruidas. Esta es otra evidencia de las torturas psicológicas de la dictadura castro comunista contra los presos políticos y sus familiares”, dijo Valdés, quien reside en Miami.
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Esta fue la razón, explicó la familiar, por la cual José Miguel Gómez decidió iniciar una huelga de hambre, el mismo día 17 de julio, y el 20, le revocaron la sanción y lo devolvieron a la prisión de máximo rigor El Pre. “Mi suegra logra verlo, pero él le dice que mantiene su posición, ya que ellos fueron lo que cometieron el error, y que era una injusticia lo que habían cometido con él, ya que él no había tenido ninguna indisciplina”.
“Lo que más duele es la niña, que ahora va a dar un cambio brusco y ya no lo va a ver en casa sino dentro de una prisión, vestido de preso, y una vez cada 45 días”, expresó la esposa, y precisó que a José Miguel Gómez ya le tocaba acceder a libertad condicional y se la denegaron por seis meses “sin ninguna explicación”.
En el documento oficial emitido por el Tribunal, al cual Martí Noticias pudo acceder, consta que la revocación es una respuesta de una solicitud del establecimiento penitenciario, bajo el argumento de que “el sancionado de referencia se manifestó en inanición voluntaria, por reclamo de beneficios que no se le otorgaron por incurrir en actuaciones negativas en el centro penitenciario Ayagán, que afectan el orden y la disciplina”.
Preso político José Miguel Gómez junto a su hija
Marcel Valdés, en conversación con Martí Noticias, consideró que este tipo de acciones de la dictadura es parte de su modus operandi y constituye una forma de tortura psicológica contra los presos políticos, que al mismo tiempo busca desgastar a sus familiares.
Además de la suspensión de los pases y los cambios arbitrarios a campamentos donde hay más violencia, Valdés mencionó las ofensas, las celdas de castigo, la negación de visitas conyugales e incluso de atención médica, como parte de las represalias que suelen tomarse contra presos políticos. “Por supuesto los presos políticos cada vez obtienen más seguridad en lo que viene siendo la lucha por la libertad de Cuba y no permiten que los humillen”, agregó.
Martí Noticias también consultó el caso con el jurista cubano Frank Ajete, residente en España, quien trabajó como fiscal y juez en Cuba entre 2014 y 2018, tras graduarse de Derecho en La Universidad de La Habana. “Nunca había escuchado que por una huelga de hambre revocaran una sanción subsidiaria (porque las huelgas recibían mucho cuidado y solían iniciarlas presos políticos).
“Lo que me parece bárbaro (de barbarie) es el auto del juez. Un ‘lo que tú digas’, y en el peor de los casos (y esto es especulación) un: ‘ordene’”.
Para Ajete, “reclamar un derecho no es portarse mal, e iniciar una huelga de hambre tampoco es portarse mal”, y que aunque la revocación sea legal, de igual forma es ilegítima. “Si me están violando un derecho, el hecho de que yo reclame no significa que me estoy portando mal, simplemente estoy reclamando de la mejor forma que sé y esa es la única herramienta que tengo ahora mismo”.