A lista de represores cubanos fiscal que actuará en juicio contra manifestantes del 11J en La Habana

Un manifestante detenido en La Habana el 11 de julio, en las protestas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.

La fiscal cubana Vivian Pérez Pérez fue incluida en la compilación de Represores Cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), que investiga a funcionarios que usan su autoridad para implementar o ejecutar medidas represivas contra personas por criterios políticos.

“Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597, en la base de datos de represores cubanos, por haber elaborado dos injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J”, indicó Rolando Cartaya, especialista del programa.

“En el primero, el número 755, solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión”.

Asimismo, elaboró el Expediente de Fase Preparatoria (EFP) número 833, en contra de otros 15 participantes de las protestas del 11 de julio en el municipio habanero Diez de Octubre. Para estos pidió sanciones de entre 7 y 13 años de privación de libertad.

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Comentarios de Rolando Cartaya

“Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio Diez de Octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos. Pero en este caso, 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más”.

Represores Cubanos acusa a Pérez Pérez del delito de Prevaricación que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

“La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de dos cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias, obviamente injustas y desmesuradas”, concluyó Cartaya.