El abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien cumple una condena de tres años de cárcel por los delitos de falsificación de documentos públicos (2014) y desacato (2015), ha publicado una serie de documentos en el blog Diario de un preso político para demostrar su inocencia, y denunciar las irregularidades cometidas en su caso.
El blog, lanzado a principios de 2017 por el Centro de Información Legal Cubalex, del cual Ferrer es miembro, es parte de la campaña que lleva a cabo esa institución por la libertad del abogado independiente, encarcelado desde el pasado 23 de septiembre, durante el allanamiento realizado por la policía política al local de Cubalex, ubicado en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
El caso de Ferrer está citado en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos 2016, difundido el pasado 2 de marzo por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que recordó que tras el allanamiento a Cubalex “la policía liberó a los demás abogados, detenidos por menos de 24 horas", pero Ferrer "continúa preso”.
En el momento de su detención en la sede de Cubalex, Ferrer tenía suspendida una sentencia de tres años por supuesta falsificación de documentos en relación con su vivienda, y ya había cumplido seis meses de privación de libertad en 2015 por desacato a tres jueces de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo.
"Diario de un preso político" da voz al abogado independiente en prisión, Julio Ferrer Tamayo.
¿Qué hizo para ser sancionado?, se pregunta Ferrer
En una docena de cartas y comentarios publicados en Diario de un preso político, Ferrer denuncia que está preso porque el tribunal falseó documentos relacionados con su encarcelamiento anterior, y señala las irregularidades cometidas en su contra.
"El 10 de diciembre del 2008 presenté anta la Dirección Municipal de Vivienda (DMV), un escrito en el cual reclamé la propiedad de mi casa, en la que se me reconoce la residencia, constituyendo mi hogar desde hace más de 19 años", explica Ferrer, y añade que la institución estatal le "transfirió la propiedad del inmueble mediante contrato de compraventa con el banco".
El abogado señala que "después de 6 años en el 2014, las autoridades iniciaron un proceso penal en mi contra, por un supuesto delito de falsificación de documentos públicos. Alegaron que formulé datos inexactos al solicitar la propiedad de mi vivienda".
Ferrer subraya en la carta que los jueces lo sancionaron al considerar que la información supuestamente falsa que consignó en un documento de carácter personal de la vivienda sirvieron para que DMV dictara resolución".
Más adelante, en otra misiva, el abogado precisa que las autoridades impusieron la sanción de 3 años de privación de libertad "a quien sólo pretendió, mediante un escrito personal, obtener la propiedad de su casa".
Ferrer indica que la sala de casación desestimó sus argumentos y "calificó la sanción de justa y merecida", aunque la entidad reconoció que "el tribunal hizo referencia de antecedentes penales cancelados".
Ferrer Tamayo asiste a un cliente en la sede de Cubalex. (Foto: Archivo)
En ese mismo documento, Ferrer explica el procedimiento seguido en su contra por el Tribunal, y las razones por las cuales se encontraba en libertad en el momento en que fue detenido, durante el allanamiento de Cubalex.
"Fui liberado porque cumplí la sanción de 6 meses que me impusieron por desacatar a tres jueces de la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Esta misma sala conoció el recurso de casación y se abstuvo de corregir una sanción conjunta que no aplicaba a mi persona, cuando confirmó la sentencia que me condenó.
En ese momento llevaba dos meses y 18 días en libertad. La sanción conjunta en esa fecha fue impugnada en casación y no podía ejecutarse. La Sala de Casación debió anular la sanción conjunta y dictar otra ajustada a derecho. Esta actitud de las autoridades judiciales demuestra que la intención de las autoridades judiciales era mantenerme bajo la amenaza de ir a prisión."
Sin respuesta de las autoridades
En una de sus más recientes cartas, Ferrer asegura que las autoridades informaron a sus familiares que sería presentado ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial de la Habana, que ordenó su privación de libertad, pero esta se negó a recibirlo.
"Pude revisar, antes de ser trasladado a la prisión, el documento por el cual el tribunal le hace saber a las autoridades carcelarias el tiempo que debía cumplir privado de libertad. Comprobé que contenía datos falsos e inexactos", afirma.
Según lo relatado por Ferrer "mientras la sentencia consignaba que fue juzgado en libertad, cuando estaba recluido en Valle Grande los días 15 y 16 de abril de 2015, fecha en que realizaron el juicio, la liquidación señalaba que estuvo en prisión provisional del 20 de febrero al 10 de diciembre de 2015. Aún me mantengo en el centro penitenciario con la información legal distorsionada".
Ferrer recuerda que 12 días después de su arresto, su hija, Carla Ferrer, "presentó escrito solicitando el inicio del proceso de Habeas Corpus" a su favor, ante el Tribunal Supremo Popular, pero esta institución se negó a recibirlo, alegando que debía presentarse en el Tribunal Provincial Popular de la Habana. "Dos meses después se le reiteró la misma solicitud", afirmó.
Con el título de "Nulas respuestas de las autoridades judiciales", Ferrer detalla en el blog las incosistencias legales que, según afirma, se han presentado en su proceso.
"Solicité 2 veces a la Sala Segunda de lo Penal del TPP de la Habana la suspensión de la ejecución de la sanción conjunta de 3 años de privación de libertad, que indebidamente extingue y promoviera el procedimiento de revisión. No ha recibido respuesta".
La petición, dice Ferrer, se presentó también a las Salas de Ejecución del Tribunal Provincial de La Habana, que conocen y resuelven todo lo relacionado con la ejecución de sanciones penales.
"Este foro judicial reconoció que la sanción conjunta impuesta a mi persona es ilegal y que tal situación solo puede ser resuelta mediante un procedimiento de Revisión", asegura el abogado independiente.
Según la carta de Ferrer, la jueza, Silvia María Jerez Marimón, Presidenta de la Sala Segunda del TPP de la Habana, prometió a su hija responder personalmente a las solicitudes de suspensión de la ejecución de sentencia, le dio varias citas pero no concretó ninguna ni tampoco ha respondido.
"Personalmente responsabilizo a las autoridades penitenciarias por aceptar mi ingreso en base a documentos falsos, expedidos por la Presidenta de la Sala Segunda de lo Penal Silvia María Pérez Marimón. La liquidación de sanción enviada por esta funcionaria contiene datos incongruentes que pudieron ser fácilmente verificables por ellos", señaló.
Ferrer afirma que las autoridades penitenciarias reconocen las violaciones cometidas por el tribunal, pero se declaran incompetentes para resolver la situación bajo el argumento de que "existe el fallo de un tribunal".
"Alegan que han elevado el expediente al tribunal, pero que no han recibido respuesta", dijo.
El relato de Ferrer cuenta que el 15 de diciembre de 2016 se recibió información que el Presidente del Tribunal Supremo Popular, después de 11 meses denegó ambas solicitudes, "decisión que confirmé a través de la representación letrada contratada con ese fin" y agrega que el Presidente del Tribunal Supremo no se pronunció respecto a este particular, "a pesar de ser uno de los motivos alegados en la solicitud de revisión de la causa".
"Las autoridades penitenciarias pueden corregir su falta de debida diligencia. Pueden solicitar a la Sala de Ejecución del Tribunal Provincial de la Habana, mi excarcelación como beneficio previsto en la legislación penal, en base al tiempo de cumplimiento y mi comportamiento actual dentro del centro penitenciario", expresó.
En diciembre pasado, la representante de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Samantha Power, pidió la liberación de Ferrer Tamayo, incluido en la campaña #FreeToBeHome. Hasta el día de hoy, el abogado permanece en prisión, sin noticias de revisión de su caso por parte de las autoridades judiciales cubanas.
(A partir de las cartas de Julio Ferrer Tamayo, recogidas en Diario de un preso político)