El activista cubano Alejandro Garlobo, detenido desde hace cinco meses, convulsionó esta semana en el Combinado del Este debido a fiebres elevadas que no han recibido la atención médica requerida, declaró a Martí Noticias la opositora Diasniurka Salcedo.
Salcedo, quien reside en Cuba, recibe llamadas de Garlobo con frecuencia y es cercana a su familia, contó que el preso político de 35 años está presentando dificultades para orinar y defecar desde hace varios días.
El jueves pasado, durante la visita conyugal que Isayris Díaz realizó a su esposo en la cárcel, lo encontró con la salud deteriorada. Al día siguiente, Garlobo llamó a Díaz por teléfono y le dijo que “no se asustara, pero que había convulsionado y todo por la fiebre”.
Alejandro Garlobo se encuentra privado de libertad desde el pasado 2 de marzo de este año. Primero estuvo en Villa Marista, principal centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Cuba, y tras 40 días de malos tratos e interrogatorios fue trasladado al Combinado del Este, en La Habana.
Todavía hoy, el activista no cuenta con fecha de juicio ni petición fiscal, al igual que otros casos similares al suyo, pero la acusación que pesa en su contra es “otros actos contra la Seguridad del Estado”, figura delictiva que incluye tres artículos distintos (142, 143 y 144) en el nuevo Código Penal, en vigor desde diciembre de 2022, y para la cual se imponen sentencias que van desde los dos, cinco, diez y 30 años de prisión hasta la pena de muerte.
A comienzos de este mes, la esposa del preso político explicó a Martí Noticias que la familia ha preguntado qué abarca esa acusación, pero apenas le han dicho que es así como se denomina, sin mayores precisiones.
Díaz también afirmó que su esposo tuvo un intento de suicidio en Villa Marista, sitio célebre por el uso de técnicas de tortura psicológica, debido a que un oficial le dijo en un interrogatorio que lo iban a condenar a 30 años de cárcel. “Él me dijo que no aguantaba 30 años”, comentó su esposa.
De acuerdo con un comunicado reciente de la organización independiente Justicia 11J, hasta mediados de julio de este año, al menos 20 ciudadanos cubanos han sido privados de libertad o están en riesgo de ir a prisión por motivos políticos bajo el nuevo Código Penal.
“Uno de los casos enfrenta una petición fiscal de cuatro años de trabajo correccional con internamiento por expresarse en redes sociales y espera en libertad que le comuniquen la fecha del juicio. Mientras que otros 19 activistas y opositores cubanos fueron privados de su libertad de inmediato y enviados, durante semanas o meses, a centros de operaciones e investigaciones del Ministerio del Interior (Minint) de sus provincias, donde es habitual la práctica de tratos crueles para la obtención de confesiones inculpatorias”, sostuvo Justicia 11J.
De los casos referidos, 15 permanecen en detención sin que se les haya realizado juicio, uno continúa recluido en una unidad de investigaciones, y tres ya fueron condenados a privación de libertad.
Las denuncias de familiares de presos políticos acerca de las precarias condiciones de las prisiones cubanas, o de los propios presos políticos a través de llamadas, son constantes en Cuba. Todas las semanas se reportan varios casos de personas enfermas sin atención médica ni tratamiento, sometidas a malos tratos, con alimentación de mala calidad o insuficiente y habitando en entornos sin higiene.
Salcedo explicó a Martí Noticias que Garlobo le ha contado que, por lo general, en el Combinado del Este lo que los reclusos reciben de desayuno es un caldo o una mazorca de maíz, y que les han dado el pollo mal elaborado o echado a perder. “Por eso mismo han estado muchos reclusos enfermos del estómago, además de que es poca la alimentación”, dijo la activista.
Desde su fundación, tras el estallido social de 2021, Justicia 11J ha alertado acerca de las violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios. Y hace apenas seis días publicó su más reciente comunicado al respecto.
Según sus registros, solamente en el mes de julio ocurrieron 128 incidentes que clasifican como violaciones de derechos humanos, en 40 centros penitenciarios y de detención del país y el municipio especial Isla de la Juventud. “La Habana, Mayabeque, Villa Clara y Camagüey fueron los territorios donde se obtuvieron mayor cantidad de denuncias. Se contabilizaron 19 mujeres y 78 hombres víctimas, al menos una vez, de alguna violación de sus derechos humanos”.
“Entre los incidentes más frecuentes estuvieron las denuncias por falta o negación de asistencia médica. Durante el mes se recogieron 35 hechos, procedentes de 20 prisiones, en los cuales se denunciaron situaciones de salud de al menos 26 prisioneros. En casi todos los casos, la regularidad fue la ausencia de medicamentos, las negativas a la atención de especialistas y el comportamiento indolente de las autoridades penitenciarias ante los reclamos de los reclusos, en algunos casos llegando a tomar características de tortura”, agregó.
La organización indicó que la situación de salud de los reclusos se vuelve cada más vulnerable debido a “las condiciones infrahumanas” de las prisiones, los problemas con la higiene y el abasto de agua, denunciados en prisiones como Canaleta (Ciego de Ávila) y Paso de Cuba (Guantánamo). “Esta mezcla de mala alimentación, falta de higiene y de medicamentos, contribuye a la proliferación de enfermedades como el dengue y plagas de chinches y cucarachas”.
Además, el comunicado mencionó las denuncias de mala alimentación en las cárceles de El Paraíso (Mayabeque), La Bellotex, La Guanajera (Villa Clara), La Herradura (Sancti Spíritus), Kilo 8 y Kilo 9 (Camagüey) y Combinado del Este. “En estos tres últimos penales entregaron comida descompuesta, lo que provocó brotes diarreicos entre los reclusos”.
Hasta el cierre de esta nota, en la tarde del domingo, la activista Diasniurka Salcedo no había recibido confirmación de que Alejandro Garlobo estuviera recibiendo atención médica, y su esposa, Isayris Díaz, permanecía sin conectarse a Internet.