El activista cubano Alejandro Garlobo, detenido desde el 2 de marzo de este año, cumple este miércoles cinco meses en privación de libertad, sin que haya recibido una fecha de juicio, petición fiscal o aclaraciones sobre el delito que pesa en su contra.
Isayris Díaz, esposa de Garlobo, explicó a Martí Noticias que, hasta ahora, él se encuentra acusado de cometer “otros actos contra la Seguridad del Estado”, denominación bajo la cual figuran tres delitos distintos (142, 143 y 144) en el nuevo Código Penal, vigente desde diciembre de 2022, para los que se contemplan sentencias que van desde los dos, cinco, diez y 30 años de privación de libertad hasta la pena de muerte.
“Nosotros preguntamos para saber qué abarcaba, pero nos dijeron que era solamente eso así”, precisó Díaz.
Tras su detención del 2 de marzo, Alejandro Garlobo, de 35 años, fue llevado a Villa Marista, principal centro de operaciones de la Seguridad del Estado en el país, y aquí permaneció 40 días, hasta que el 11 de abril le trasladaron al centro penitenciario Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra actualmente.
Su esposa contó que durante esos 40 días en Villa Marista, un sitio con un historial de denuncias por el empleo de métodos de tortura psicológica, Garlobo intentó quitarse la vida ahorcándose, luego de que un oficial le dijera en un interrogatorio que lo iban a condenar a 30 años de cárcel. “Él me dijo que no aguantaba 30 años”.
Ahora, en el Combinado del Este, el joven enfrenta las mismas circunstancias de precariedad que el resto de los reclusos. “La comida está mala, la higiene está peor, no hay medicamentos”, dijo la esposa, en concordancia con las descripciones y denuncias que realizan otros familiares de presos políticos que se encuentran en ese lugar.
Alejandro Garlobo es uno de varios activistas que han sido detenidos este año y acusados de delitos contra la Seguridad del Estado. Junto con él, en el Combinado del Este, se encuentran Daniel Moreno y Yasmany González. Ambos pasaron también por Villa Marista y todavía ninguno tiene petición fiscal ni fecha de juicio.
Otros tres casos que han trascendido han sido los de la influencer Sulmira Martínez, de 21 años; el del activista William Cepero, de 58; y el del opositor Frederic Otero, de 44, quienes fueron detenidos el 10 de enero, el 14 de febrero y el 11 de julio, respectivamente, y acusados de “propaganda contra el orden constitucional”, un delito que contempla entre dos y 10 años de privación de libertad.
Todas estas personas pasaron primero por Villa Marista y luego fueron trasladadas a prisiones comunes, con excepción de Otero, que todavía continúa en Villa Marista.
Sulmira Martínez se encuentra en la prisión del Guatao y William Cepero en Valle Grande, también en espera de petición fiscal y fecha de juicio.
De acuerdo con los registros de la organización independiente Justicia 11J, en apenas seis meses, desde que el nuevo Código Penal entró en vigor en diciembre de 2022, hasta comienzos de junio de este año, 13 activistas o disidentes habían sido ya privados de su libertad bajo investigaciones o medidas cautelares. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor.
En el caso de Alejandro Garlobo, antes de ser encarcelado, sufrió acoso, detenciones y amenazas durante varios meses por parte de agentes de la Seguridad del Estado, debido al apoyo que daba a familiares de presos políticos y sus denuncias en redes sociales.