El caso de Gross, que ha sido hasta hoy un obstáculo para un posible acercamiento entre Washington y La Habana, podría convertirse ahora en un inconveniente para la USAID, que auspicia programas para promover la democracia en la isla.
La familia del contratista estaounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba desde 2009, ha pasado de las gestiones políticas y las campañas de relaciones públicas al terreno legal, en busca de su liberación.
El caso de Gross, que ha sido hasta hoy un obstáculo para un posible acercamiento entre Washington y La Habana, podría convertirse ahora en un inconveniente para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), que auspicia programas para promover la democracia en la isla.
Un tribunal federal de Washington comenzará a partir del 15 de enero a ventilar una demanda de 60 millones de dólares interpuesta contra el gobierno de Estados Unidos presentada por Gross y sus familiares quienes alegan que el contratista fue utilizado como un peón de la política norteamericana hacia Cuba.
La fase de presentación de pruebas podría revelar datos embarazosos para Estados Unidos y sus programas hacia Cuba, según dejó entrever el abogado que representa a Gross en la demanda, Scott Gilbert, durante una entrevista concedida el sábado a la agencia EFE.
Gilbert explicó que en esa fase se proveerán documentos, correos electrónicos y testimonios de funcionarios para demostrar la "enorme negligencia" de la USAID -que depende del Departamento de Estado- y de la empresa DAI, que lo contrató para establecer servicio de internet para la comunidad judía en Cuba.
El argumento central de la demanda asegura que ambos organismos actuaron con "enorme negligencia" y "violaron sus propias reglas¨, al auspiciar un proyecto en Cuba con conocimiento previo de que era ilegal según las leyes cubanas.
¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos enviar a un civil a Cuba sabiendo eso?", se quejó Gilbert.
Jared Genser, otro abogado que tiene a su cargo los esfuerzos de relaciones públicas y la campaña de presión para que Estados Unidos y Cuba se sienten a negociar una solución, ha dicho que espera conocer el texto de un documento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que a principios de diciembre se pronunció a favor de la libertad de Gross.
El organismo de la ONU tiene cuatro semanas para publicar el documento antes de que La Habana responda, algo que ya hizo la vicecanciller Josefina Vidal en una declaración formulada el pasado cinco de este mes, alegando que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias actuó bajo presión de Estados Unidos.
Washington exige la liberación sin condiciones de Gross, condenado a a 15 años de prisión por atentar contra la seguridad del Estado cubano, por introducir y distribuir equipos de comunicaciones a la comunidad judía de la isla, y el régimen cubano propone intercambiarlo por sus cinco agentes condenados como espías en Estados Unidos, hace poco más de una década.
La secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Roberta Jacobson, dijo el pasado miércoles en una conferencia del Consejo de las Américas, en la ciudad de Nueva York, que no hay razón alguna para mantener encarcelado a Gross y subrayó que su liberación ayudaría a mejorar las relaciones con Cuba.
En lo que aparenta ser un contrapunteo de declaraciones en torno al tema, el gobernante Raúl Castro insistió el sábado en "la disposición de Cuba al diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, sobre todos los problemas bilaterales (...) sin precondiciones o gestos previos".
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En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Castro calificó de "demanda irrenunciable de nuestro pueblo" la liberación de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos desde 1998.
El caso de Gross, que ha sido hasta hoy un obstáculo para un posible acercamiento entre Washington y La Habana, podría convertirse ahora en un inconveniente para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), que auspicia programas para promover la democracia en la isla.
Un tribunal federal de Washington comenzará a partir del 15 de enero a ventilar una demanda de 60 millones de dólares interpuesta contra el gobierno de Estados Unidos presentada por Gross y sus familiares quienes alegan que el contratista fue utilizado como un peón de la política norteamericana hacia Cuba.
La fase de presentación de pruebas podría revelar datos embarazosos para Estados Unidos y sus programas hacia Cuba, según dejó entrever el abogado que representa a Gross en la demanda, Scott Gilbert, durante una entrevista concedida el sábado a la agencia EFE.
Gilbert explicó que en esa fase se proveerán documentos, correos electrónicos y testimonios de funcionarios para demostrar la "enorme negligencia" de la USAID -que depende del Departamento de Estado- y de la empresa DAI, que lo contrató para establecer servicio de internet para la comunidad judía en Cuba.
El argumento central de la demanda asegura que ambos organismos actuaron con "enorme negligencia" y "violaron sus propias reglas¨, al auspiciar un proyecto en Cuba con conocimiento previo de que era ilegal según las leyes cubanas.
¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos enviar a un civil a Cuba sabiendo eso?", se quejó Gilbert.
Jared Genser, otro abogado que tiene a su cargo los esfuerzos de relaciones públicas y la campaña de presión para que Estados Unidos y Cuba se sienten a negociar una solución, ha dicho que espera conocer el texto de un documento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que a principios de diciembre se pronunció a favor de la libertad de Gross.
El organismo de la ONU tiene cuatro semanas para publicar el documento antes de que La Habana responda, algo que ya hizo la vicecanciller Josefina Vidal en una declaración formulada el pasado cinco de este mes, alegando que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias actuó bajo presión de Estados Unidos.
Washington exige la liberación sin condiciones de Gross, condenado a a 15 años de prisión por atentar contra la seguridad del Estado cubano, por introducir y distribuir equipos de comunicaciones a la comunidad judía de la isla, y el régimen cubano propone intercambiarlo por sus cinco agentes condenados como espías en Estados Unidos, hace poco más de una década.
La secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Roberta Jacobson, dijo el pasado miércoles en una conferencia del Consejo de las Américas, en la ciudad de Nueva York, que no hay razón alguna para mantener encarcelado a Gross y subrayó que su liberación ayudaría a mejorar las relaciones con Cuba.
En lo que aparenta ser un contrapunteo de declaraciones en torno al tema, el gobernante Raúl Castro insistió el sábado en "la disposición de Cuba al diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, sobre todos los problemas bilaterales (...) sin precondiciones o gestos previos".
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En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Castro calificó de "demanda irrenunciable de nuestro pueblo" la liberación de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos desde 1998.