Alcalde de San Cristóbal será trasladado a Táchira

El alcalde de San Cristóbal, en el estado Táchira, Daniel Ceballos, arrestado en Caracas esta semana, será trasladado a su estado, según acordó en la medianoche del viernes el juzgado 2do de control de la circunscripción judicial del área metropolitana.

"Fue presentado ante el Juez Segundo de Control, quien luego de hacerse la imputación por parte del Ministerio Público (MP), de los delitos de rebelión civil y agavillamiento, solicitó la declinatoria de competencia al Juzgado del estado Táchira que dictó la medida privativa de libertad" dijo su abogada Ana Leonor Acosta y agregó que "el juez decidió declinar la competencia, atendiendo al principio de juez natural y decidió que se traslade al ciudadano Daniel Ceballos para el estado Táchira".

La abogada entrevistada por el diario El Universal explicó que el alcalde se mantiene preso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y que esperan se autorice su traslado este mismo sábado en la madrugada o durante el día.

De ser trasladado a la capital del Táchira deberá presentarse a una audiencia por los cargos que se le imputan de presunta rebelión civil y agavillamiento en el tribunal 3ro de control del circuito judicial de ese estado a cargo del juez provisorio Héctor Emiro Castillo, quien ordenó su captura. Luego Ceballos tendrá que retornar a Caracas el martes 25 de marzo y presentarse ante la Sala Constitucional por acusaciones de desacato a una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

El programa de Radio Martí Cuba al Día, en horas de la tarde del viernes entrevistó a Ronni Pavolini, asistente del alcalde Ceballos, quien estaba en ese momento situado a las afueras del centro penitenciario de Ramo Verde, done guarda prisión el alcalde junto al líder opositor Leopoldo López.

Pavolino insistió en que desde la madrugada del miércoles cuando Ceballos fue apresado sorpresivamente en un hotel de Caracas, las autoridades no habían dado razón alguna sobre el arresto, ni siquiera presentaron una orden de aprensión.

Al tiempo que el asistente del funcionario conversaba con los conductores del programa radial, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro, la esposa del alcalde, Patricia Gutiérrez, visitaba al alcalde por primera vez, a pesar de múltiples intentos anteriores. Incluso a sus abogados se les ha negado contacto alguno.

“Lo que no perdona el gobierno es que Ceballos ganó contundentemente unas elecciones y ha tenido una lucha constante con el gobierno respecto a varias protestas defendiendo el derecho de la gente, reclamando la inseguridad y el desabastecimiento, cosas que nos agobian a todos los venezolanos,” explicó.

Sobre los pasos a seguir en el caso del gobernante de San Cristóbal, en el estado de Táchira, Pavolini advirtió que el pueblo mismo ha emprendido acciones en Caracas y en toda Venezuela, especialmente porque se trata del alcalde que ellos mismos eligieron, e insistió en que Daniel Ceballos es “un preso político.”

Daniel Ceballos, uno de los opositores más visibles del presidente Nicolás Maduro, ha sido acusado por funcionarios oficialistas de ser el instigador de las protestas estudiantiles, pero el asistente del funcionario recalcó que estas son manifestaciones “espontáneas y pacíficas”.

Altos funcionarios del gobierno venezolano y el propio Maduro habían amenazado a Ceballos en numerosas ocasiones con acciones legales en su contra. “A ese tema siempre hemos estado acostumbrados: a las amenazas, a juzgar sin tener pruebas,” acotó.

Pavolini aprovechó para denunciar la represión del gobierno a través de las fuerzas de la Guardia Nacional y de los “colectivos armados, financiados por el gobierno y todo el mundo lo sabe.” Explicó además que “la gente ha armado barricadas para cuidarse las espaldas de esos mismos colectivos que salen en las noches a azotar a toda San Cristóbal y parte de Venezuela.

El diario venezolano, por su parte, publica parte de la decisión judicial, que estipula que "en caso de quedar verificado el desacato, impondrá la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales” y recuerda la nota informativa que el artículo prevé penas de 6 a 15 meses de cárcel y fue el mismo que se le aplicó al alcalde de San Diego, Enzo Scarano.

Ronni Pavolini, asistente del alcalde de San Cristóbal, habla en Cuba al día