La esposa de un ex alcalde mexicano detenida tras la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero sería miembro del grupo criminal local Guerreros Unidos, vinculado a la posible masacre de los jóvenes, dijo el lunes el poder judicial.
El poder judicial informó que un juez federal dijo que María de los Ángeles Pineda habría sido miembro de Guerreros Unidos al menos desde el 2005 hasta el momento de ser detenida a inicios de noviembre en un popular barrio en la Ciudad de México junto con su marido, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.
Según el poder judicial, el Juez dijo que Pineda compraba bienes muebles e inmuebles para la agrupación criminal o trasladaba dinero producto de la venta de drogas y lo invertía en Guerrero, donde el cartel tiene mayor presencia, pero también en otros estados.
Debido a ello, Pineda enfrentará cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de precedencia ilícita, dijo el poder judicial en un comunicado.
El caso de los 43 estudiantes de magisterio, desaparecidos en Iguala a finales de septiembre, ha conmocionado al país y generado protestas y muestras de solidaridad con los familiares en varias partes del mundo.
El lunes, familiares de los desaparecidos se enfrentaron con militares con piedras, palos y petardos, cuando intentaron ingresar al cuartel militar en Iguala. Cuatro personas resultaron heridas, de acuerdo con medios locales.
El Gobierno de México ha dicho que los estudiantes fueron secuestrados por policías corruptos y luego entregados a miembros del crimen organizado, que los habrían masacrado y calcinado en un basurero.
Criminales detenidos en las semanas siguientes a la desaparición señalaron a la esposa de Abarca como la principal operadora del grupo criminal Guerreros Unidos, una escisión del otrora poderoso cartel de los Beltrán Leyva.
Pese al constante despliegue de fuerzas de seguridad en Guerrero, que involucra a la policía federal y militares, los asesinatos se duplicaron a más de 2.000 entre el 2008 y el 2013, año en el que el estado registró la mayor tasa de homicidios del país con 63 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Más de 100.000 personas han muerto en México desde finales del 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una campaña frontal contra los carteles de la droga, que se fragmentaron a medida que caían sus líderes y elevaron la espiral de violencia a manos de sanguinarios sicarios.