La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este jueves en un discurso que en su reciente presentación sobre Venezuela ante ese Consejo, reconoció "las medidas positivas adoptadas por el Gobierno" de Nicolás Maduro, pero que continuaban recibiendo "denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad en ese país".
Bachelet agregó que, a principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega, y pidió "que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”.
Lee también “Falta mucho por decir”: activistas venezolanos sobre informe de relatora de la ONUDesde septiembre de 2020, el acceso a los servicios básicos en Venezuela, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya en escasez, se han visto aún más limitados por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria en el país.
La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe, en diciembre de 2020, fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar paea escapar de esa situación de crisis, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas, señaló la Alta Comisionada.
En respuesta al discurso de Bachelet, el régimen socialista de Venezuela dijo que someterá a revisión su relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de lo que llamó un reporte "desbalanceado" y cargado de"afirmaciones sesgadas".
Lee también 20 organizaciones piden a Bachelet que ponga su vista sobre Cuba"El Gobierno someterá a revisión la relación con la Oficina (...) y la próxima renovación" de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año, informó la Cancillería venezolana en un comunicado.
Bachelet denunció, además, este jueves que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al gobierno de Maduro que revierta esta situación, de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.
La Alta Comisionada añadió que, al día de hoy, en Venezuela "cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares".