"La policía de Hong Kong debe actuar con suma prudencia si despliega cañones de agua en las próximas protestas", ha manifestado Amnistía Internacional.
"El empleo de estas potentes armas en las calles densamente pobladas de la ciudad podría causar lesiones graves", advirtió la organización en un comunicado de prensa.
La policía de Hong Kong ha utilizado reiteradamente gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de esponja de manera excesiva e ilegítima durante las recientes protestas, indicó Amnistía.
"Los cañones de agua no son un juguete que la policía de Hong Kong pueda utilizar en señal de fuerza. Son armas potentes, de efecto intrínsecamente discriminado y con el potencial de causar lesiones graves, e incluso la muerte", aseveró.
Con respecto al uso de cañones de agua, Amnistía Internacional hizo las siguientes recomendaciones:
- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer la mayor moderación posible y recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Los cañones de agua sólo deben utilizarse en circunstancias estrictamente definidas y únicamente si su uso es licito, necesario y proporcionado para el objetivo legítimo de aplicación de la ley.
- Sólo deben utilizarse cuando el grado de violencia sea tan alto que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no puedan contener la amenaza disparando directamente contra las personas violentas sólo.
- No deben utilizarse nunca contra personas situadas a corta distancia y jamás apuntando a la cabeza.
- No deben utilizarse nunca contra personas sometidas ya a medidas restrictivas o incapaces de moverse.
- No deben utilizarse nunca en espacios cerrados o zonas donde la reunión no pueda dispersarse, como calles sin salida, centros comerciales, estaciones de tren y estadios.
- Ha de haber vías de dispersión o salida adecuadas, y han de hacerse advertencias a las personas asistentes a la reunión antes de utilizar los cañones de agua.
- Un organismo independiente de peritos médicos, científicos, jurídicos y de otras materias debe realizar una evaluación rigurosa de los efectos y de los usos potenciales del cañón de agua a fin de evaluar con rigor y demostrar el uso legítimo y seguro del dispositivo con el propósito de hacer cumplir la ley conforme a reglas operativas específicas compatibles con las normas de derechos humanos.