Mientras el gobierno cubano decretaba duelo oficial por la muerte del presidente de Irán, Seyyed Ebrahim Raisí, Amnistía Internacional recordaba cómo Raisí atropellaba los derechos básicos del pueblo iraní desde que asumió importantes cargos en el gobierno hace más de cuatro décadas.
La muerte del presidente Ebrahim Raisí “no debe negar al pueblo de Irán su derecho a la justicia, la verdad y la reparación por el sinfín de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas desde la década de 1980, durante el tiempo en que Raisí fue escalando en el poder”, afirmó Amnistía Internacional.
Raisí ocupó importantes cargos desde 1980 y llegó a la presidencia de la nación en 2021. Durante los últimos 44 años “estuvo directamente implicado o supervisó la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de miles de disidentes políticos en la década de 1980, así como el homicidio ilegítimo, la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura de miles de manifestantes”.
Además, estuvo involucrado en “la violenta persecución de las mujeres y niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, entre otras graves violaciones de derechos humanos”.
“Raisí debería haber sido sometido a una investigación penal, por delitos que incluyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura, mientras estaba vivo”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
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En 1988, Raisí fue miembro de la “Comisión de la Muerte” que llevó a cabo “desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de varios miles de disidentes políticos en las cárceles de Evin, en Teherán, y Gohardasht, en la provincia de Alborz, entre finales de julio y principios de septiembre de 1988”.
Desde entonces, “se ha negado cruelmente a supervivientes y familiares de las víctimas la verdad, la justicia y la reparación, y se les ha perseguido por pedir rendición de cuentas”, precisó Amnistía Internacional.
En mayo de 2018, Ebrahim Raisí defendió públicamente los homicidios en masa, y describió las masacres como “uno de los orgullosos logros del sistema [de la República Islámica]”.
Implicación en la represión mortal de las protestas
Amnistía Internacional también recordó que durante las décadas en que Raisí ocupó cargos políticos, incluido el de presidente de la Magistratura desde 2019 hasta 2021, “el poder judicial de Irán fue un impulsor clave de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y sometió a decenas de miles de personas a detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, juicios flagrantemente injustos y castigos que violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la amputación y la lapidación”.
Bajo su mandato, “el poder judicial otorgó impunidad total a autoridades del gobierno y fuerzas de seguridad sospechosas de ser penalmente responsables del homicidio ilegítimo de centenares de hombres, mujeres, niños y niñas y de someter a cientos de manifestantes a detenciones arbitrarias masivas y como mínimo a cientos de ellos a desaparición forzada, y a tortura u otros malos tratos durante las protestas que tuvieron lugar en todo el país en noviembre de 2019 y después de ellas”.
Como presidente de Irán y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de septiembre-diciembre de 2022, “Raisí alabó y supervisó la violenta represión, por parte de las fuerzas de seguridad, de las protestas que recorrieron el país, una represión que condujo al homicidio ilegítimo de centenares de manifestantes y transeúntes, causó heridas a miles más y provocó la tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, de manifestantes a quienes se había detenido”.
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Tras la llegada de Raisí a la presidencia en 2021, se incrementó “el uso de la pena de muerte en una renovada guerra contra las drogas. Desde entonces, las ejecuciones aumentaron enormemente, hasta culminar en la ejecución de al menos 853 personas en 2023: un aumento del 172% desde 2021”.
“Este terrible aumento de las ejecuciones”, señaló Amnistía Internacional, “se debió en gran parte a una vuelta a una letal política antidroga que, en 2023, dio lugar a que las autoridades llevaran a cabo al menos 481 ejecuciones relacionadas con las drogas: un aumento del 264% desde 2021”, indicó la organización.
En diciembre de 2022, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley basado en las instrucciones de Raisí que, de ser aprobado, “ampliará el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas”.
El 8 de enero de 2024, la Comisión Jurídica y Judicial del Parlamento aprobó los principios generales del proyecto de ley.
Bajo la supervisión de Raisí como presidente del país y de la Magistratura, “las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.462 personas en todo Irán”.
Implicación en el ataque violento contra los derechos de las mujeres
En 2022, señaló la organización, “Ebrahim Raisí orquestó un cumplimiento más estricto de las leyes que imponían la obligatoriedad del uso del velo, con unas acciones que culminaron en la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini en septiembre, unos días después de haber sido violentamente detenida por la policía de la moral iraní entre informes fidedignos de tortura y otros malos tratos. Esta muerte provocó el levantamiento ‘Mujer Vida Libertad’ y su posterior y mortífera represión.
Desde el levantamiento, “las autoridades iraníes, bajo la presidencia de Ebrahim Raisí y diversos órganos ejecutivos bajo su mando, como el Ministerio del Interior, han perseguido a mujeres y niñas en una violenta campaña de opresión para hacer cumplir las degradantes y discriminatorias leyes iraníes sobre el uso obligatorio del velo”.
“El legado de Ebrahim Raisí es un crudo recordatorio de la crisis de impunidad en Irán, donde aquellos sobre quienes pesa una sospecha razonable de que han cometido crímenes de derecho internacional no sólo eluden su responsabilidad sino que además son recompensados con alabanzas y altos cargos dentro de la maquinaria de represión de la República Islámica que, sin unas reformas fundamentales constitucionales, legislativas y administrativas, continuará”, ha manifestado Diana Eltahawy.