La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, Nada Al-Nashif, denunció el martes "el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral" en Nicaragua del pasado 7 de noviembre.
Durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el país centroamericano, Al-Nashif dijo que los comicios derivaron en "la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder".
La oficina también resaltó la imposibilidad de participación de la oposición y subrayó las detenciones "arbitrarias" de sectores importantes en este proceso como políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes juveniles, campesinos, entre otros.
Según la oficina de la ONU de Derechos Humanos, entre mayo y noviembre, fueron detenidas 39 personas y, dentro de este grupo, siete candidatos en las elecciones. La funcionaria expuso que estas detenciones se presentaron "en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos".
"Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas", agregó.
Al-Nashi también hizo énfasis en la pérdida de la personalidad jurídica de tres partidos políticos, antes de las elecciones, argumentando que la medida impidió que los grupos políticos que surgieron en 2018 pudieran presentar a sus candidatos.
Durante la sesión, la Procuradora de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, rechazó la actualización de la Alta Comisionada.
“No es más que una repetición alejada de la verdadera realidad” y es una representación de que la oficina de Derechos Humanos de la ONU "no actúa con justicia ni equidad", dijo Morales en alusión a la presentación de Al-Nashif,
La procuradora dijo que este tipo de informes, al que calificó de "parcializado", siguen "descalificando y denigrando" al gobierno nicaragüense y que solo busca "inmiscuirse en asuntos internos" de su país.
Morales dijo que las elecciones habían sido "libres y transparentes, en la que el pueblo dio su voto de confianza", y también pidió el cese de las sanciones que, según ella, “constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad".
Por su parte, la funcionaria de la ONU reiteró el llamando al Gobierno de Daniel Ortega para que "coopere con este consejo" y lo invitó a que restaure "urgentemente los derechos y libertades públicas" y lleve la legislación de su país a estar "en norma con los derechos humanos internacionales".
Instó además a la liberación de presos políticos y a la restauración de sus derechos civiles y políticos. También llamó a las autoridades a que sean detenidas las acusaciones penales y se restablezca la personalidad jurídica de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil.
Reiteró el pedido al Gobierno nicaragüense para que permita el acceso del organismo de la ONU al país y a que se creen las condiciones para un diálogo nacional.
"Hago un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que cree las condiciones necesarias y propicias para un diálogo nacional, basado en un hoja de ruta con compromisos claros, y otorgue a la OACNUDH y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos", dijo Al-Nashif.
Insistió en la disposición del organismo para ayudar a Nicaragua en la implementación de las recomendaciones que incluyen los informes de la oficina de la Alta Comisionada.