En lo que ha sido interpretado como un nuevo intento para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega hizo una movida desde el Parlamento que controla para obligar a las entidades financieras a mantener activas las cuentas bancarias de personas e instituciones públicas, a menos de que los cierres “estén legalmente justificados”, informó la Voz de América, VOA.
Dicha maniobra se da a través de una reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, que sería aprobada esta semana por el oficialismo, y que según los analistas consultados por la Voz de América, blindaría al Estado y sus instituciones, así como a personas cercanas a él, para que no se les cancelen contratos o transacciones.
Eso ha estado ocurriendo a por lo menos 27 funcionarios y empresas sancionadas durante los últimos años por Washington en Managua, por supuestos actos de corrupción y violación de los derechos humanos.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohíben a todo ciudadano y empresa estadounidense tener relaciones de negocios con los sancionados.
A consecuencia, los bancos han cortado relaciones con los involucrados en actos de corrupción y lavado de dinero para evitar ser considerados por el Departamento del Tesoro de violadores de las normas correspondientes.
Con la reforma, según el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, el gobierno de Ortega “pretende llevar a los bancos a tomar una decisión entre aplicar ley nacional o aplicar normas internacionales”.
“Esto definitivamente pone en riesgo a toda la banca nacional, porque en la medida que no se cumplen reglas internacionales, los bancos se van a aislar, van a tener menos capacidad de obtener líneas de créditos internacionales, menos capacidad de transar con otros países y esto va a trastocar toda la economía del país”, advierte el analista a la VOA.
Núñez añade que con esta medida el gobierno de Ortega está creando un riesgo innecesario “por proteger a unas pocas personas, porque, siendo claro, aquí no ha habido una sanción al Estado como tal, sino a individuos que han hecho negocio con el dinero de Nicaragua y el dinero de Venezuela”.
“Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global”
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) dirigió una misiva a la Comisión de Economía y Presupuesto del Parlamento Nacional, en donde enfatizó que aparte de violar la libre empresa, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una cuenta, se expone al país a ser incluido en la lista negra que impone el grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Nos ponen en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos, a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales. Esto implicaría que Nicaragua sea excluida del Sistema Financiero Global”, advirtió Asobanp.
La Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (AMCHAM) expresó su preocupación por las reformas a dicha Ley del Consumidor y coincidió con Asobanp en que va contra del principio constitucional de libre empresa y libre contratación entre los actores económicos del país.
Esta iniciativa afectaría directamente la importación y exportación de productos y servicios de parte de la pequeña, mediana y grande empresa, ya que las leyes locales del país estarían en conflicto con las normas financieras internacionales que permiten el comercio y flujo de dinero a nivel mundial”, indicó AMCHAM.
“A su vez pone en riesgo directo la posibilidad de que un nicaragüense pueda recibir una remesa familiar, siendo este una de las principales fuentes de ingresos para cientos de miles de nicaragüenses”, advirtió la Cámara Americana.
En tanto, la diputada opositora Azucena Castillo comentó a la VOA que dichas reformas, lejos de proteger a los consumidores, buscan otros objetivos, como crear presión a las instituciones financieras.
“Sin duda es otra ley que hace presión y somete a instituciones financieras, las somete a presiones con sanciones que van más allá. Ellos (el gobierno) dicen que no se les tienen que negar a ninguna institución a abrir una cuenta y en caso debe dársele los motivos escritos”, indicó.
Desde que surgieron las protestas contra el gobierno de Ortega en abril de 2018, Estados Unidos sancionó a más de dos docenas de funcionarios leales al mandatario, incluida su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo.
Las sanciones han representado un golpe para el gobierno, según los analistas, por la falta de flujo económico que llegó a tener el mandatario de organismos multilaterales, los cuales se están reactivando nuevamente por la pandemia y el impacto de dos huracanes recientemente en el país.
De hecho la reforma actual está siendo impulsada por el diputado más recientemente sancionado por Estados Unidos, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.