Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA), según publica el diario español El Mundo.
Un operativo del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012, denominado "Operación Crudo", advierte que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.
El informe policial implica a los funcionarios Julio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, ambos del departamento que dirigía Nelson Merentes, quien fuera Ministro de Economía venezolano desde 2004 a 2008, quien actualmente preside el Banco Central de Venezuela.
En los pasaportes diplomáticos consignados, emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana, ambos funcionarios se presentaban como "asesores del ministro de Economía y Finanzas".
Los dos presuntos asesores tienen antecedentes penales. Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de un avión.
Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió mantener su anonimato, advirtió que durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) era frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. Las solicitudes generalmente llegaban desde Miraflores y de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, explica una fuente citada por el diario.
La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.
La figura de "asesor de ministro" no aparece entre los 12 cargos que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas "cuando así lo ordene el presidente".
Una fuente confirmó que los documentos habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia.
Dicho esto, fue la detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela, la que desencadenó la investigación y destapó la relación existente entre Venezuela y la Banca Privada de Andorra.
Puerta Valera fue detenido el 7 de junio de 2010 por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y tenía una cuenta en el banco andorrano con $1.4 millones, abierta en 2006 en una oficina instalada en Caracas.
Según el informe policial, Tulio Antonio Hernández Fernández transfirió grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la BPA. Al menos dos de esas cuentas estaban registradas a nombre del comisario Puerta Valera, que declaró ante las autoridades que el saldo de $1.4 millones procedía de transacciones por venta de ganado en Venezuela, así como sus respectivas prestaciones sociales.
Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban a Andorra maletas –vía valija diplomática– llenas de dinero en efectivo, que repartían en distintas cuentas en la BPA. No obstante, el expediente de las autoridades andorranas advierte que Hernández Fernández nunca viajó al Principado. "Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis a un despacho en Panamá", según consta en el informe.
Tulio Hernández fue detenido en 1999, junto a otros cuatro venezolanos, tras serle incautados 1.4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Fue condenado a siete años y seis meses de prisión, pero estuvo sólo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le permitió cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008. Hernández Fernández estaba cumpliendo una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático.
En cuanto a Gil Yáñez, en el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to. de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un "banco de segundo piso", una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.
De acuerdo con la información que consta en la investigación, Norman Puerta entregaba dinero en bolívares a Gil Yáñez en Venezuela y este se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. "Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación", reseña el informe.
El 4 de diciembre de 2010, Gabriel Gil fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena. Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.
En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra consta que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo que realizaban ambos "asesores" –llegó hasta $2.5 millones–, la Banca Privada de Andorra les informó que no podían continuar con esas operaciones, razón por la que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. "Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra", según el informe.