El preso político del 11J Andy García Lorenzo se encuentra aislado desde hace más de 10 días y bajo amenazas en el campamento de trabajo correccional El Yabú, en la provincia de Villa Clara.
Su hermana, Roxana García, dijo a través de Facebook que el manifestante del 11 de julio llamó a la familia el jueves y denunció la situación.
La joven activista cuenta en su “directa” que la familia esperaba llamada de Andy desde el pasado 1 de agosto y no fue hasta el jueves 4 que el joven se comunicó con ellos y esta vez, no se escuchaba igual que otras veces.
“Llamó hoy y, realmente, nos chocó un poco su llamada. Normalmente él nos llama con mucha fuerza, con muchas energías y hoy no fue el caso. Hoy él estaba llamando bastante desanimado, sintiéndose bastante mal”, relató la joven.
“Les explico: desde que fue trasladado para el Yabú, el campamento con la presión alta, pues lo metieron dentro de la enfermería y ya han pasado muchos días y no lo incorporan con el resto de los detenidos en ese lugar […] lo tienen aislado, como si fuera una amenaza para el resto de las personas que están allí. Esto provoca que se encuentre mal al no poder hablar con nadie, al no poder tener contacto con el resto de las personas”, denunció García Lorenzo.
De acuerdo con la hermana del prisionero político, el aislamiento “es algo que no viene en ninguna ley y es una prueba de que la Seguridad del Estado y de que las personas que están al frente allí de él, no están respetando las leyes de campamento, ni ninguna ley".
"Todo el tiempo le están amenazando de que lo van a revocar para la prisión, con años más de cárcel. Obviamente, siguen las amenazas”, denunció.
Lee también Detienen a familiares del preso del 11J Andy García Lorenzo (VIDEO)García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a cuatro años de prisión el pasado 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles, en Santa Clara. La Fiscalía pedía para él originalmente siete años de cárcel, por desórdenes públicos, desacato y atentado.
La familia García Lorenzo ha sido una de las familias más activas en sus denuncias y en movilizar la solidaridad para ayudar a los prisioneros políticos del 11J, por ello ha sido víctima de amenazas, vigilancia, detenciones, interrogatorios, agresiones y hostigamiento.