El 24 de febrero de 1996 la Fuerza Aérea de Cuba derribó en aguas internacionales dos endebles avionetas de Hermanos al Rescate, el grupo de pilotos civiles que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en labores de salvamento de balseros cubanos.
Fue un operativo fulminante. En cuestión de minutos los misiles aire-aire de los MIG-29 cubanos pulverizaron las avionetas desarmadas que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes. Así perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.
A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de una persecución aérea de más de una hora: José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo.
Lee también Cubana denunció crimen contra Hermanos al Rescate en estreno del filme de los 5 espías (VIDEO)A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.
Ricardo Alarcón, entonces Presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que las avionetas violaron el espacio aéreo cubano.
Una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.
Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China) que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.
La responsabilidad del hecho recae sobre el general de Ejército Raúl Castro Ruz, quien confesó que se trató de una operación premeditada y que había dado instrucciones precisas para que las avionetas fueran abatidas: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".
En la grabación que lo inculpa, publicada por el Nuevo Herald en 2006, se le escucha anticipar el resultado de la acción: "Con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego".
Otros militares implicados en el ataque son el general de División Rubén Martínez Puente, entonces Jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez, los hermanos que pilotearon los MIGs.
Lee también Así han reaccionado a las sanciones contra Raúl Castro y su familiaTambién los espías Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa, acusado de proveer la información que permitió el derribo de las avionetas y el ex mayor Juan Pablo Roque, quien se infiltró en Hermanos al Rescate y se fugó a Cuba un día antes de la operación.
De los implicados, sólo el espía Gerardo Hernández fue llevado ante los tribunales. Fue condenado el 14 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por 13 delitos, entre ellos “conspiración para cometer asesinato” y otros cargos de espionaje y fraude. Fue liberado por el Gobierno de Barack Obama en diciembre de 2014 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas.
Los sucesos del 24 de febrero de 1996 impulsaron la aprobación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, que entre otras disposiciones contempla en el Título III reclamaciones legales contra empresas o individuos extranjeros que hayan traficado con sus propiedades confiscadas por el gobierno cubano y en el Título IV, que se niegue la entrada a EEUU a directivos y principales accionistas, así como sus familiares directos, de las empresas que se considere trafican con dichas propiedades.
Una serie de procesos judiciales han ordenado compensaciones millonarias para los familiares de las víctimas, utilizando fondos del Estado cubano que estaban congelados en Estados Unidos, pero ellos y la inmensa comunidad de cubanos que los respalda aguardan la justicia plena, esa que logre condenar definitivamente a los autores de este crimen.