El Congreso argentino aprobó el miércoles una ley que impide a los autores de violaciones a los derechos humanos ser beneficiados con la reducción de sus penas, en reacción a un cuestionado fallo de la Corte Suprema que hizo esa concesión a un convicto.
Tras un tratamiento urgente y una decisión unánime sin precedentes en la historia parlamentaria reciente, los 56 senadores de la cámara alta convirtieron en ley el proyecto que había aprobado horas antes la Cámara de Diputados que especifica que la llamada “ley del dos por uno”, que permite reducir las penas al computar doble los días en prisión preventiva sin condena firme, no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
El senador Ángel Rozas, presidente del bloque oficialista Cambiemos, dijo a periodistas tras la votación que “esto es una respuesta del poder político diciéndole a nuestro pueblo que la defensa de los derechos humanos... no es patrimonio de ningún partido sino del pueblo argentino”.
El Parlamento reaccionó así al reciente fallo de la Corte que redujo la pena de 13 años de prisión al civil Luis Muiña, condenado por el secuestro y tortura de disidentes durante el régimen militar de 1976 a 1983, el mismo día en que organismos de derechos de humanos, sindicatos y partidos políticos se congregarán en una manifestación que promete ser masiva en contra de la polémica decisión del alto tribunal.
El presidente argentino Mauricio Macri criticó el fallo que benefició a Muiña y manifestó su satisfacción por la "celeridad del Congreso en resolver el vacío legal que había dejado esta desafortunada ley".
Macri dijo estar “en contra" de beneficios "para delitos de lesa humanidad" en respuesta a las críticas de organismos de derechos humanos y fuerzas de izquierda que afirmaron que dos de los tres jueces que votaron el fallo responden a las “políticas de impunidad” del gobierno. Los otros dos magistrados del alto tribunal se pronunciaron en contra de beneficiar a Muiña.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a The Associated Press que el Parlamento envió “un mensaje a la Corte y la justicia en general y traduce el sentimiento de la sociedad; hay un consenso amplio e inquebrantable que no está dispuesto a aceptar retrocesos por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado”.
Asimismo consideró que aunque la Corte Suprema tendría “la última palabra sobre la constitucionalidad” de la nueva ley le será “difícil apartarse del criterio” adoptado por el Congreso.
La cámara alta fue además escenario el miércoles de un acto de organismos de derechos humanos en el que se reivindicó la permanencia de las penas aplicadas a los represores. Durante la dictadura militar fueron asesinados o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.
En un fallo dividido, el máximo tribunal determinó que Muiña podía ser beneficiado de forma retroactiva con la “ley del dos por uno” al entender que ésta permaneció vigente en un tiempo intermedio entre 1976, en que el condenado cometió los delitos, y 2013, cuando recibió una sentencia firme después de estar desde 2007 en prisión preventiva.
La cuestionada ley rigió entre 1994 y 2001 pero en su decisión respecto de Muiña el alto tribunal se basó en un artículo del código penal que establece que se debe aplicar la ley penal más benigna y argumentó que el beneficio era extensivo a todos los delitos sin distinción.
Al respecto, la nueva norma puntualiza además que la “ley del dos por uno” será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado haya estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001.
Muiña fue condenado por participar en 1976 un operativo militar en un hospital en el que fueron secuestrados cinco empleados que luego sufrieron torturas.
El fallo de la Corte generó también un cisma en el Poder Judicial. Un tribunal de la provincia de San Juan rechazó la víspera la solicitud de un exmilitar condenado de ser beneficiado con la “ley del dos por uno” al entender que la aplicación de la norma era "inconstitucional".
(Associated Press)