La oposición venezolana decidió suspender una marcha hacia el Palacio Presidencial, en Caracas, convocada para el jueves, en el marco de un incipiente diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, dijo el martes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup.
Asimismo la Asamblea decidió postergar el debate sobre el juicio político al presidente Nicolás Maduro por supuesta ruptura del orden constitucional.
La decisión busca darle una chance a las conversaciones que procuran desactivar la crisis política en el país.
"En función de darle esa oportunidad que ha pedido El Vaticano para la próxima semana, queremos diferir apenas por unos días... la agenda de hoy ", dijo el diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora durante la sesión, en alusión a la reunión convocada para el 11 de noviembre entre el gobierno y la oposición.
Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron la semana pasada enjuiciar a Maduro después de que un tribunal afín al gobierno bloqueó un proceso de recolección de firmas para activar un referendo para separar del cargo al gobernante.
El cardenal venezolano Jorge Urosa Savino había expresado más temprano la conveniencia de posponer la marcha hacia Miraflores ante posible riesgos de violencia para los manifestantes.
"Ojalá que los líderes de la oposición entiendan que no conviene (...) se trataría de impedir que haya una situación en la que los manifestantes puedan ser afectados por grupos violentos", dijo Urosa en entrevista con el canal privado Globovisión.
Urosa explicó que en Venezuela operan "grupos armados que el Gobierno no domina" y otros "que aparentemente son partidarios del oficialismo" y que ambos suponen un "peligro" para el antichavismo pues "pueden actuar y causarle daño a los manifestantes que de buena voluntad y pacíficamente quieran ir a Miraflores".
Como un primer gesto para continuar las conversaciones auspiciadas por el Vaticano y expresidentes, el gobierno ordenó la liberación de al menos cuatro de los más de un centenar de detenidos, considerados "presos políticos".
Entre ellos se encuentra el dirigente del partido opositor Avanzada Progresista, Carlos Melo, quien pese a ser favorecido en septiembre por una medida de libertad condicional permanecía bajo arresto. Melo había sido acusado de la supuesta posesión de materiales explosivos.