Aumenta lista de detenidos tras manifestaciones del 11 de julio a 1,417

María Carla Milán Ramos muestra una foto en su teléfono de su esposo y sus hermanos, todos en prisión por participar en las protestas del 11 de julio del 2021.

El grupo Justicia 11J, que ha mantenido un monitoreo riguroso de las detenciones y procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio, subió a 53 el listado de las personas entre los 12 y los 17 años que fueron detenidas tras la protestas y asegura que 15 de estos adolescentes siguen presos.

En la última actualización, Justicia11 documenta la detención de 1417 personas tras las protestas, 747 de ellas continúan en detención, 486 han sido juzgadas en juicios sumarios u ordinarios y 281 de ellas esperan sentencias. Hay 64 personas pendientes a juicio y 357 esperan por una petición fiscal.

El grupo accedió a tres actas de sentencias y a un nuevo expediente de fase preparatoria, con el que han podido actualizar su listado. Los documentos dan cuenta del proceso legal de 22 nuevas personas, entre ellas, dos menores de edad, en proceso de verificación: Yasbelys Rodríguez León (16 años) y Kevin Ángel Álvarez Echevarría (17 años) juzgados esta semana por el Tribunal Militar de Artemisa.

Basado en esta documentación, reportan que once manifestantes de Vegas fueron sentenciados por sabotaje, en un juicio celebrado el 13, 14 y 15 de diciembre. Ellos son:

1. Maikel Armando Peña Suarez (21), petición fiscal de 12 años, sentenciado a 8 años de privación de libertad

2. Reinaldo Chala Scull (31), petición fiscal de 12 años, sentenciado a 8 años de privación de libertad

3. Juan Enrique Pérez Sánchez (41), petición fiscal de 12 años, sentenciado a 8 años de privación de libertad

4. Christian González López (27), petición fiscal de 12 años, sentenciado a 8 años de privación de libertad

5. Yessica Coimbra Noriega(26), petición fiscal de 8 años, sentenciada a 5 años de privación de libertad

6. Gloria María López Valle (47), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 5 años de privación de libertad

7. Armando Lázaro Merlan Pérez (43), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 6 años de privación de libertad

8. Luis Esteffani Hernández Valdés (29), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 6 años de privación de libertad

9. Yoel Sosa Gómez (34), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 5 años de trabajo correccional con internamiento

10. Dainier Vázquez García (25), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 4 años de trabajo correccional con internamiento

11. Yeney López Martínez (39), petición fiscal de 6 años, sentenciada a 4 años de trabajo correccional sin internamiento

También divulgaron las sentencias a quince manifestantes de San Nicolás de Bari, en un juicio celebrado el 17 de diciembre y denunciaron la decisión de la Fiscal Ariagne Pérez Pérez de apelar sus sentencias por considerarlas “muy blandas”, como sucedió con los manifestantes de Isla de la Juventud.

1. William Valera Suárez (45), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 3 años de privación de libertad

2. Yerandis Reyes Escobar (38), petición fiscal de 9 años, sentenciado a 3 años y 6 meses de privación de libertad

3. Alberto García Scull (34), petición fiscal de 7 años, sentenciado a 1 año y 6 meses de trabajo correccional con internamiento

4. Odelis Barceló Serrano (49), petición fiscal de 7 años, sentenciada a 1 año y 6 meses de trabajo correccional con internamiento

5. Leonardo Alfonso Sánchez (62), petición fiscal de 7 años, sentenciado a 1 año y 6 meses de trabajo correccional con internamiento

Sentencia a manifestantes de Camagüey (juicio celebrado el 20 y 21 de diciembre, Fiscal Camilo Recio Caballero)

1. Yunieski Jackson Mensu (29), sentenciado a 6 años de privación de libertad

2. Pedro Castillo Mauri (47), petición fiscal de 10 años, sentenciado a 7 años de privación de libertad

3. Yosdell Curbelo Marín (42), petición fiscal de 12 años, sentenciado a 9 años de privación de libertad

4. Ángel Jesús Véliz Marcano (27), petición fiscal de 8 años, sentenciado a 6 años de privación de libertad

5. Bárbaro Alberto Ledys Nuñez (45), petición fiscal de 12 años, sentenciado a 9 años de privación de libertad

6. Dixan Gaínza Moré (35), petición fiscal de 10 años, sentenciado a 6 años de privación de libertad

7. Miguel Ángel Fernández Marrero (26), sentenciado a 6 años de privación de libertad

8. Brayan Izaguire Ricardo (19), petición fiscal de 3 años, sentenciado a 3 años de trabajo correccional con internamiento

9. Uziel David Abreu Martínez (20), sentenciado a 3 años de trabajo correccional con internamiento

10. Liandis Marcelino Sogo Martínez (18), sentenciado a 3 años de trabajo correccional con internamiento

11. Jonathan Pérez Ramos (16), petición fiscal de 4 años, sentenciado a 3 años de limitación de libertad

12. Flora Cruz Cousin (54), petición fiscal de 4 años, sentenciado a 2 años de privación de libertad

13. Santiago Emilio Mariño Rojas (52), petición fiscal de 4 años, sentenciado a 2 años de privación de libertad

14. Jesús Miguel Antelo Díaz (26), petición fiscal de 4 años, sentenciado a 2 años de trabajo correccional con internamiento

15. Norge Evelio Galindo Buelga (35), petición fiscal de 4 años, sentenciado a 2 años de trabajo correccional con internamiento

El martes prestigiosas organizaciones internacionales dirigieron una carta abierta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos.

La organización Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Instituto de Raza e Igualdad y ARTÍCULO 19 suscriben el llamado a Bachelet que han firmado también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la asesoría legal Cubalex y Prisoners Defenders.

Entre las denuncias que hace el texto, recuerdan que en las semanas posteriores a la manifestación, decenas de manifestantes fueron condenados en juicios “sumarios”, muchos juzgados conjuntamente, a menudo sin representación legal, en audiencias mayoritariamente a puerta cerrada, en las que los fiscales los acusaron con frecuencia de cometer delitos vagamente definidos, como “desórdenes públicos”, basándose únicamente en declaraciones de testigos de agentes de policía.

"Más recientemente, desde noviembre, las autoridades cubanas han llevado a cabo los llamados juicios “ordinarios” contra los manifestantes, condenando a docenas a hasta 30 años de prisión. Muchos han sido procesados por “sedición” y declarados culpables y condenados a duras penas de prisión por presuntamente participar en incidentes, como tirar piedras durante las protestas", agrega el documento.