La empresa fabricante de bebidas y licores Bacardí & Co., con sede en Bahamas, podrá apelar ante la justicia de EEUU el dictamen de la Oficina de Patentes y Marcas de ese país (PTO, en inglés) que renovó el registro de la marca Havana Club a favor de la empresa del régimen cubano Cubaexport, distribuidora del ron en todo el mundo excepto EEUU, según confirmó el gigante de la industria licorera.
“Bacardí está satisfecha con la opinión del Cuarto Circuito de que su caso puede proceder a nivel del Tribunal de Distrito para demostrar que la marca Havana Club, obtenida ilegalmente en Cuba, expiró en 2006 y debería haber sido eliminada del registro de marcas en ese momento”, indicó la oficina ejecutiva de la empresa en un breve comentario enviado a Martí Noticias.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, estado de Virginia, falló a favor de Bacardí, compañía confiscada en 1960 por el entonces gobierno de Fidel Castro. La decisión judicial abre la posibilidad de que Bacardí continúe una prolongada batalla legal en su reclamo sobre Havana Club contra el régimen cubano, que también reclama la propiedad de la marca.
El dictamen desestima la decisión de la justicia estadounidense adoptada en 2022, cuando determinó que Bacardí no podía impugnar el veredicto de la PTO.
En 1960, Castro confiscó Havana Club junto con otros activos de la empresa cubana José Arechabala SA. En 1995, Bacardi compró Arechabala y empezó a vender la bebida de manera paralela, mientras que el embargo económico impuesto a la isla hace más de seis décadas impide que Cuba pueda distribuirla en territorio estadounidense.
En 2022, la PTO desestimó una demanda presentada por Bacardí & Co., luego de que el ente reafirmara que Havana Club es propiedad de Cuba. Este fallo impide que Bacardí registre su propia marca Havana Club.
En noviembre de 2023, el Congreso estadounidense aprobó el proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos, que prohíbe la validación y uso de marcas confiscadas por el régimen cubano desde 1959.
La medida busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen cubano, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.
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