La pena máxima para un sacerdote sentenciado por un tribunal de la Iglesia es básicamente perder su trabajo y ser expulsado del sacerdocio. No hay sentencias en prisión.
Un documento obtenido por The Associated Press el viernes reveló que el papa Benedicto XVI destituyó a casi 400 sacerdotes en dos años por abusar sexualmente de niños.
Estas estadísticas corresponden a los años 2011 y 2012 y son mucho más que los 170 sacerdotes destituidos entre 2008 y 2009, cuando el Vaticano reveló por primera vez detalles sobre el número de sacerdotes despedidos.
Anteriormente sólo se había divulgado el número de denuncias de abusos sexuales que el Vaticano había recibido y el número de juicios que esa institución había autorizado.
Aunque no está claro por qué se dispararon los números en 2011, podría ser porque en 2010 hubo un aumento de casos reportados en los medios de comunicación.
El documento fue elaborado con base en datos recolectados por la Santa Sede para defenderse ante un comité de la ONU días antes en Ginebra.
El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante la ONU en Ginebra, aludió a una sola de las estadísticas en una sesión de ocho horas en la que el comité de derechos humanos de la ONU lo sometió a un intenso interrogatorio con fuertes críticas a la Iglesia católica.
Las estadísticas fueron compiladas de los propios reportes anuales del Vaticano sobre las actividades de sus distintas oficinas, incluyendo la Congregación de la Doctrina de la Fe, que maneja los casos por abuso sexual.
Aunque son públicos, los reportes anuales no están disponibles de primera mano ni se venden fuera de Roma y suelen encontrarse en oficinas del Vaticano y en bibliotecas de las universidades católicas.
Una revisión de la AP a los libros de referencia muestra una evolución notable en los procesos internos de la Santa Sede para emprender acciones disciplinarias contra los pedófilos desde 2001, cuando el Vaticano ordenó a los obispos que enviaran a Roma los casos de todos los sacerdotes, cuya acusación parecía verosímil, para su revisión.
El entonces cardenal Joseph Ratzinger emprendió acciones tras determinar que los obispos del mundo no estaban siguiendo la ley de la iglesia para enjuiciar a los clérigos acusados en los tribunales católicos.
Los obispos solían simplemente cambiar a los sacerdotes problemáticos de una congregación a otra en vez de someterlos a juicios canónicos o entregarlos a la policía.
Por siglos, la Iglesia ha tenido sus propios procedimientos para lidiar con curas que abusan sexualmente de niños.
Uno de los principales reclamos de las víctimas es que los obispos ponen los procedimientos de la Iglesia por encima de la ley civil de los países al sugerir a las víctimas que se mantuvieran en silencio mientras lo resuelven internamente.
La pena máxima para un sacerdote sentenciado por un tribunal de la Iglesia es básicamente perder su trabajo y ser expulsado del sacerdocio. No hay sentencias en prisión y nada que pueda evitar que un abusador vuelva a violar a alguna víctima.
Según las normas de 2001, que impulsó Ratzinger, y sus subsecuentes reformas, la Congregación para la Doctrina de la Fe revisa cada caso enviado a Roma y después indica a los obispos cómo proceder ya sea emprendiendo un proceso administrativo contra el sacerdote, si la evidencia es contundente, o un juicio clerical. El sacerdote se puede defender en todo momento.
La Congregación comenzó a compilar sus cifras en 2005, cuando comienzan los reportes de Tomasi. Las autoridades de la ONU dijeron el viernes que el comité no había recibido el documento.
En 2005, la Congregación autorizó a los obispos abrir juicios clericales en contra de 21 sacerdotes acusados y reportó que su corte de apelaciones había llevado dos casos. No dijo cuáles fueron las sentencias, según los reportes anuales citados por el documento.
En 2006, la cantidad de juicios canónicos que fueron autorizados por el Vaticano se duplicó a 43 y se escucharon ocho casos en apelación. Y, por primera vez, la Congregación reveló públicamente el número de casos reportados a la misma: 362, aunque esa cifra incluye un puñado de casos no relacionados con el abuso sino con delitos que infringen el derecho canónico.
En 2007 se reportaron 365, casi lo mismo que el año anterior, pero de nuevo la Congregación no especificó cuántos casos eran de abuso sexual. Funcionarios del Vaticano, sin embargo, dijeron que recibieron entre 300 a 400 casos al año a finales de la década, a raíz del aumento de casos reportados de abusos sexuales ocurridos en Estados Unidos.
En 2007, 23 casos fueron enviados a las diócesis para juicio.
Para 2008, el tono del Vaticano había cambiado. Ratzinger, quien ya era entonces el Papa Benedicto XVI, viajó ese año a Estados Unidos, donde el escándalo por abusos había salido a la luz pública, y es citado en el reporte anual diciendo a reporteros en su viaje que estaba "mortificado" por la dimensión del abuso y que no podía comprender "cómo podían caer los sacerdotes de esa manera".
Ese año también es destacable porque por primera vez un documento oficial del Vaticano dejó en claro que nada en el proceso de la Iglesia impedía a las víctimas reportar el abuso con la policía. Y por primera vez el Vaticano reveló el número de sacerdotes cesados: 68.
Otros 191 casos nuevos fueron reportados.
El 2010 vio un aumento de miles de casos reportados en los medios de comunicación del mundo. Unos 527 casos fueron finalmente reportados a la Congregación. Ese año no se revelaron cifras de sacerdotes cesados, pero la Congregación describió nuevas leyes para removerlos más fácil y rápidamente.
Para 2011 con las nuevas leyes en vigor el número de sacerdotes destituidos aumentó bastante: 260 fueron cesados en un año y 404 nuevos casos de abuso contra menores fueron reportados. Además de los destituidos, otros 419 sacerdotes fueron sancionados por crímenes relacionados con abusos.
En 2012, el último año del que se tienen cifras el número de destituciones se redujo a 124, y se reportaron 418 nuevos casos.
Estas estadísticas corresponden a los años 2011 y 2012 y son mucho más que los 170 sacerdotes destituidos entre 2008 y 2009, cuando el Vaticano reveló por primera vez detalles sobre el número de sacerdotes despedidos.
Anteriormente sólo se había divulgado el número de denuncias de abusos sexuales que el Vaticano había recibido y el número de juicios que esa institución había autorizado.
Aunque no está claro por qué se dispararon los números en 2011, podría ser porque en 2010 hubo un aumento de casos reportados en los medios de comunicación.
El documento fue elaborado con base en datos recolectados por la Santa Sede para defenderse ante un comité de la ONU días antes en Ginebra.
El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante la ONU en Ginebra, aludió a una sola de las estadísticas en una sesión de ocho horas en la que el comité de derechos humanos de la ONU lo sometió a un intenso interrogatorio con fuertes críticas a la Iglesia católica.
Las estadísticas fueron compiladas de los propios reportes anuales del Vaticano sobre las actividades de sus distintas oficinas, incluyendo la Congregación de la Doctrina de la Fe, que maneja los casos por abuso sexual.
Aunque son públicos, los reportes anuales no están disponibles de primera mano ni se venden fuera de Roma y suelen encontrarse en oficinas del Vaticano y en bibliotecas de las universidades católicas.
Una revisión de la AP a los libros de referencia muestra una evolución notable en los procesos internos de la Santa Sede para emprender acciones disciplinarias contra los pedófilos desde 2001, cuando el Vaticano ordenó a los obispos que enviaran a Roma los casos de todos los sacerdotes, cuya acusación parecía verosímil, para su revisión.
El entonces cardenal Joseph Ratzinger emprendió acciones tras determinar que los obispos del mundo no estaban siguiendo la ley de la iglesia para enjuiciar a los clérigos acusados en los tribunales católicos.
Los obispos solían simplemente cambiar a los sacerdotes problemáticos de una congregación a otra en vez de someterlos a juicios canónicos o entregarlos a la policía.
Por siglos, la Iglesia ha tenido sus propios procedimientos para lidiar con curas que abusan sexualmente de niños.
Uno de los principales reclamos de las víctimas es que los obispos ponen los procedimientos de la Iglesia por encima de la ley civil de los países al sugerir a las víctimas que se mantuvieran en silencio mientras lo resuelven internamente.
La pena máxima para un sacerdote sentenciado por un tribunal de la Iglesia es básicamente perder su trabajo y ser expulsado del sacerdocio. No hay sentencias en prisión y nada que pueda evitar que un abusador vuelva a violar a alguna víctima.
Según las normas de 2001, que impulsó Ratzinger, y sus subsecuentes reformas, la Congregación para la Doctrina de la Fe revisa cada caso enviado a Roma y después indica a los obispos cómo proceder ya sea emprendiendo un proceso administrativo contra el sacerdote, si la evidencia es contundente, o un juicio clerical. El sacerdote se puede defender en todo momento.
La Congregación comenzó a compilar sus cifras en 2005, cuando comienzan los reportes de Tomasi. Las autoridades de la ONU dijeron el viernes que el comité no había recibido el documento.
En 2005, la Congregación autorizó a los obispos abrir juicios clericales en contra de 21 sacerdotes acusados y reportó que su corte de apelaciones había llevado dos casos. No dijo cuáles fueron las sentencias, según los reportes anuales citados por el documento.
En 2006, la cantidad de juicios canónicos que fueron autorizados por el Vaticano se duplicó a 43 y se escucharon ocho casos en apelación. Y, por primera vez, la Congregación reveló públicamente el número de casos reportados a la misma: 362, aunque esa cifra incluye un puñado de casos no relacionados con el abuso sino con delitos que infringen el derecho canónico.
En 2007 se reportaron 365, casi lo mismo que el año anterior, pero de nuevo la Congregación no especificó cuántos casos eran de abuso sexual. Funcionarios del Vaticano, sin embargo, dijeron que recibieron entre 300 a 400 casos al año a finales de la década, a raíz del aumento de casos reportados de abusos sexuales ocurridos en Estados Unidos.
En 2007, 23 casos fueron enviados a las diócesis para juicio.
Para 2008, el tono del Vaticano había cambiado. Ratzinger, quien ya era entonces el Papa Benedicto XVI, viajó ese año a Estados Unidos, donde el escándalo por abusos había salido a la luz pública, y es citado en el reporte anual diciendo a reporteros en su viaje que estaba "mortificado" por la dimensión del abuso y que no podía comprender "cómo podían caer los sacerdotes de esa manera".
Ese año también es destacable porque por primera vez un documento oficial del Vaticano dejó en claro que nada en el proceso de la Iglesia impedía a las víctimas reportar el abuso con la policía. Y por primera vez el Vaticano reveló el número de sacerdotes cesados: 68.
Otros 191 casos nuevos fueron reportados.
El 2010 vio un aumento de miles de casos reportados en los medios de comunicación del mundo. Unos 527 casos fueron finalmente reportados a la Congregación. Ese año no se revelaron cifras de sacerdotes cesados, pero la Congregación describió nuevas leyes para removerlos más fácil y rápidamente.
Para 2011 con las nuevas leyes en vigor el número de sacerdotes destituidos aumentó bastante: 260 fueron cesados en un año y 404 nuevos casos de abuso contra menores fueron reportados. Además de los destituidos, otros 419 sacerdotes fueron sancionados por crímenes relacionados con abusos.
En 2012, el último año del que se tienen cifras el número de destituciones se redujo a 124, y se reportaron 418 nuevos casos.