La Policía de Bogotá ha informado que arrestó a 11 personas a las que se acusa de pertenecer a una red de tráfico de migrantes cubanos y venezolanos, con centro de operaciones en la capital colombiana.
Entre los capturados se encuentran algunos funcionarios públicos y políticos.
El coronel Dayron Hernán Puentes, Comandante operativo de la Policía Metropolitana señaló que una investigación de las autoridades concluyó que esa estructura delictiva sacó del país en el último año a 350 ciudadanos cubanos por medio de documentación falsa.
Una nota de prensa en la web de la Policía Metropolitana precisa que la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, encontró que la organización tenía conexiones con funcionarios públicos y líderes políticos, quienes aprovechándose de sus cargos lograban sacar documentación ilegal que permitía la emisión de pasaportes y la salida del país de los cubanos a territorio panameño y mexicano, desde donde los 'clientes’ hacían el tránsito hacia Estados Unidos.
Un trabajo conjunto con la Embajada de EE.UU.y la Fiscalía General implementó una serie de rastreos que dieron como resultado la identificación de un registrador municipal, un funcionario público y un líder político, quienes al parecer serían los cómplices de esta estructura delincuencial.
El Comandante Puentes identificó entre los capturados a Freddy Barrera, registrador del municipio de Carmen de Garupa, departamento de Cundinamarca, y al político Ramiro Manquillo Cotacio, quien había montado una fachada con unan denominada Fundación Internacional de Jóvenes Indígenas de Colombia, cuyos miembros eran los enlaces para contactar a ciudadanos cubanos y venezolanos.
Fachada: La supuesta ONG Fundación Internacional de Jóvenes Indígenas de Colombia se dedicaba a contactar a migrantes cubanos.
De acuerdo con las pistas recolectadas, los investigadores lograron determinar que la organización se las ingeniaba para el ingreso de los ciudadanos cubanos a Colombia a través de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y Pasto, en el sureño departamento de Nariño, y luego arreglaba su traslado a Bogotá.
Allí aparentemente les cobraban unos 6.000 dólares (18 millones de pesos colombianos), para entregarles documentos falsos que posteriormente presentaban para obtener pasaportes ilegales.
Cuando el migrante cubano llegaba a diligenciar este último documento, el funcionario público insertado en la organización era el encargado de facilitarles el proceso y evitar cualquier inconveniente en el aeropuerto, logrando que salieran del país hacia Norteamérica.
En algunas oportunidades cuando alguno de los migrantes era descubierto por inconsistencias en su documentación en Panamá o México, los integrantes de la banda tenían planeadas otras estrategias para lograr su salida del país mediante rutas ilegales.
Ocho allanamientos se realizaron en Cali, Cúcuta, Armenia, el municipio de Carmen de Carupa, departamento de Cundinamarca, y Bogotá, para capturar a los cerebros de la red.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. A las once personas, entre ellas cuatro mujeres, se les han aplicado medidas de aseguramiento.
Además, se ubicó a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana a quienes se les incautaron cédulas colombianas, documentación de trámite de viajes, registros civiles, pasaportes, dólares y euros. Estos fueron entregados a Migración en la ciudad de Cúcuta.
Las redes de tráfico de personas en Colombia se han asociado mayormente con el llamado Clan Úsuga, una organización de ex paramilitares radicada alrededor del Golfo de Urabá que controla también redes del narcotráfico.
(Con información de RCN Radio y la Policía Metropolitana de Bogotá)