La prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, está haciendo remodelaciones que afectan a las prisioneras, según denunció a Radio Martí, Luis Rodríguez Pérez, el esposo de la presa política, Angélica Garrido, a quien pudo visitar el lunes.
Rodríguez Pérez indicó que estos cambios van en detrimento de las condiciones de vida de las reclusas, porque ahora están en un ambiente menos iluminado, luego que cambiaran las ventanas por celosías de huecos muy pequeños y que la reja con balaustres de cabillas que funcionaba como puerta fuera reemplazada por una plancha de metal.
"No pueden ver ni un pedacito de cielo siquiera", señaló el activista.
"Cuando hay frío el aire se cuela constantemente porque ahora todo es celosías, entra el frío, pero cuando hay tiempo de calor, imagínese, es un techo de fibrocemento que absorbe mucho los rayos de sol, es un horno. La puerta, para colmo donde entraba un poco de luz natural ya ni eso, y ahora no tienen contacto con sus alrededores, es una cosa absurda, represiva, innecesaria", opinó el opositor.
En su más reciente visita a la mayor cárcel de mujeres de Cuba Rodríguez conoció a través de su esposa presa política de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, que todas las reclusas fueron llevadas a medir y pesar, pero no les permitieron ver el peso que tienen, ni el peso que anotaron.
Las hermanas Angélica (izq.) y María Cristina Garrido, presas políticas cubans. (Facebook/Angel Moya)
Todo, asegura, es una simulación para falsificar las estadísticas del verdadero estado de la población penal.
Según Rodríguez, gracias a las denuncias hechas recientemente por María Cristina Garrido, hermana de Angélica, quien se encuentra también recluida en ese penal, las reclusas seguirán recibiendo los beneficios naturales de todo preso.
Después que María Cristina denunció que no se le estaba suministrando el medicamento de la taquicardia, "al otro día a la mañana empezaron a darle medicamento", dijo el activista.
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a tres y siete años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quivicán, Mayabeque, en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba.