El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó la contratación directa de jornaleros para la agricultura sin necesidad de que los contratados tengan una licencia.
La nueva ley busca "fortalecer y perfeccionar la producción agropecuaria en las empresas estatales, cooperativas y productores agropecuarios individuales, considerando que la producción nacional de alimentos constituye un aspecto central en la estrategia económica del país", indica la Gaceta de Cuba.
En lo adelante, los campesinos, vinculados o no a las unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de producción agropecuaria y cooperativas de créditos y servicios, pueden "contratar directamente a personas que no sean trabajadores por cuenta propia como fuerza de trabajo en los picos de cosecha, siembra, labores culturales u otras actividades de similar naturaleza".
Antes sólo podían hacerlo quienes estuvieran registrados en la Dirección de Trabajo Municipal como trabajador por cuenta propia y pagaran la licencia de “Trabajador Agropecuario”.
El contrato de trabajo puede concertarse de forma verbal por un periodo que no exceda los noventa (90) días y se le deben garantizar a los trabajadores una jornada de trabajo diaria de ocho horas aunque en determinados momentos pueden extenderse hasta 44 horas semanales y la remuneración no puede ser inferior al salario mínimo aprobado en el país.
En Cuba el sueldo mínimo mensual es actualmente de 400 pesos.
Los agricultores cubanos han llamado reiteradamente la atención de las autoridades de la isla sobre las restricciones y absurdas medidas que frustran el florecimiento de este sector, especialmente necesario en estos tiempos por la seria crisis de alimentación que padece la isla comunista en los últimos meses.
"Los campesinos cubanos tenemos las tierras en usufructo, sin títulos de propiedad, están regidos por un sistema de acopio que monopoliza su producción y la comercialización de los mismos, son agobiados por impuestos, acosados con continuas inspecciones y sometidos a confiscaciones de sus cosechas y aperos de labranza. Nos han declarado una guerra económica en la que participan operativos especiales de la fuerzas armadas y la policía mientras desarrollan con su monopolio de medios de comunicación constantes campañas de asesinato de nuestra reputación", denunciaron recientemente un grupo de campesinos en una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachellet.
Entre las demandas más reiteradas por diferentes grupos en la isla están:
- autorizar a todos los productores a que determinen qué sembrar, a quién vender y fijar los precios con base a la oferta y la demanda.
- eliminar el sistema de acopio
- otorgar propiedad de la tierra
- libertad para importar y exportar directamente
- eliminar impuestos a productores y procesadores de alimentos.