La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el lunes que la reciente visita de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden a Venezuela estuvo relacionada con la "seguridad energética", entre otros asuntos.
“El propósito del viaje, que fue realizado por funcionarios de la administración, fue discutir una variedad de temas que incluyen, sin duda, la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso”, declaró la portavoz en su conferencia de prensa diaria.
Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/nzKDmm502q
— The White House (@WhiteHouse) March 7, 2022
Funcionarios de Estados Unidos viajaron en secreto a Venezuela este fin de semana en un intento por descongelar las tensas relaciones con el importante aliado del presidente ruso Vladimir Putin en Latinoamérica, un país petrolero cuyo reingreso al mercado energético estadounidense podría mitigar las repercusiones económicas de un posible embargo al petróleo ruso. Rusia ha emergido como el principal comprador de petróleo crudo venezolano luego de las sanciones estadounidenses.
Por ahora, se desconoce cuál fue el resultado de las conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la vocera no dio más detalles.
Psaki dijo en la rueda de prensa que el presidente Biden no ha tomado ninguna decisión en este momento sobre la prohibición de importar petróleo de Rusia y añadió que “esas discusiones están en curso con los socios en Europa y en todo el mundo".
Legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, la semana pasada empezaron a expresar su apoyo a la idea de prohibir las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia como la siguiente medida para sancionar a Putin por la invasion de Ucrania.
Entre los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela están seis exejecutivos de la petrolera Citgo conocidos como los seis de Citgo, bajo cargos de corrupción. Un tribunal de Venezuela ratificó a principios de febrero condenas de entre ocho y 13 años de prisión contra ellos.