El Comité Internacional de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) vuelve a mostrar su preocupación por el desentendimiento que el régimen de Daniel Ortega muestra respecto al desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua.
Apoyándose en los reportes de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil de país Centroamericano y también de la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), el CIDH considera que la información aportada por Nicaragua hasta el momento es “confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de casos sospechosos”.
[…] “La información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores”, asegura el informe, que también afirma que, durante una conferencia de prensa ofrecida por la Ministra de Salud, informa “254 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia, de las cuales, 199 se habrían recuperado”.
No obstante, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de la sociedad civil, así como medios de prensa no parcializados reportan “una cantidad sustancialmente mayor de casos confirmados por medio de pruebas de laboratorio y personas que presentan los síntomas de haber contraído COVID-19 en Nicaragua”. A esta denuncia se une la carta firmada por nueve ex ministros de salud del país que dieron a conocer irregularidades en el tratamiento de la emergencia sanitaria.
Por su parte, medios de comunicación independientes hablan de unas 1300 personas contagiadas que no han sido reportadas oficialmente y aseguran que Nicaragua ingresó en una “fase de contagio comunitario, aún cuando el gobierno no ha reconocido esta situación”. Estos medios hablan también de entierros de personas fallecidas que habían mostrado síntomas de la enfermedad y que fueron efectuados de manera urgente y durante la noche, sin realizar las pertinentes pruebas de constatación.
A esto se une lo manifestado por la Organización Panamericana de la Salud, según las palabras de su director de Emergencias Sanitarias, Ciro Ugarte, quien ha dicho en conferencia de prensa que “Nicaragua es el único país de la región en el cual no se ha podido determinar la modalidad de transmisión del COVID-19”, y también, agrega, “existe preocupación por el posible aumento de casos no reportados oficialmente en Managua y Chinandega así como del incremento inusual de los fallecidos por neumonía atípica”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha insistido durante el transcurso de la emergencia en que “Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegerse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a internet".