La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los prisioneros políticos del 11J, Walnier Luis Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar, quienes "estarían en severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha".
El organismo adscrito a la OEA exigió al régimen que adopte medidas necesarias que protejan los derechos de los dos prisioneros políticos y asegure que las condiciones de detención sean "compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia".
La CIDH señaló que los alegatos sobre las condiciones en las que se encuentran ambos "guardan consistencia" con la información recibida proporcionada por el monitoreo del país tales como "hacinamiento carcelario; insuficiencia de medicamentos, alimentos y agua potables; inadecuada higiene y salubridad; deficiente asistencia médica; y amplio margen de discrecionalidad con que cuentan sus agentes al garantizar el orden al interior de los centros penitenciarios".
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Declaraciones de Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera
La Comisión solicitó al Estado cubano que informe, en un periodo de 15 días desde notificada la resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas, además de actualizar esta información cada cierto tiempo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización que solicitó las medidas cautelares en nombre de las víctimas y sus familiares, dijo que esta resolución "es un reconocimiento de las organizaciones internacionales de derechos humanos a los reclamos de familiares de presos ante las injustas condenas y condiciones de encarcelamiento de quienes se manifestaron el pasado 11 de junio de 2021".
El OCDH recordó sus exigencias al régimen cubano de liberar inmediatamente a Aguilar Rivera y Domínguez Aguilar, así como a todos los presos políticos cubanos. “No se puede seguir prolongando esta injusticia contra cubanos inocentes que lo único que hicieron fue protestar de manera pacífica”, concluyó la organización.
Walnier Luis Aguilar Rivera, encarcelado en el Combinado del Este y quien “padece de discapacidad intelectual”, certificada por especialistas, fue condenado a 23 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio.
Ibrahim Domínguez Aguilar, detenido en una emboscada de la Seguridad del Estado en la que resultó hasta "apuntado con una pistola", por protestar pacificamente el 11 de julio, según indicó el Movimiento San Isidro, ha sido sancionado a 10 años de privación de libertad.