La organización Prisoners Defenders denunció el lunes que al menos 119 mujeres, que sufren prisión política en la Isla, son víctimas de malos tratos que potencian sus vulnerabilidades e inciden de manera nociva en su condición de mujer.
Las afirmaciones de la entidad, asentada en Madrid, están reflejadas en el informe “La realidad de las violaciones de derechos humanos a las mujeres en prisión de conciencia en Cuba”, presentado al Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Una representación del régimen de La Habana anunció también su participación ante este comité de la ONU donde, según informan, "expusieron sobre el rol de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de reforma legislativa en Cuba", los "logros y desafíos en materia de igualdad y no discriminación".
En entrevista con Martí Noticias, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo explicó sobre las denuncias de violaciones cometidas en el presidio político de mujeres cubanas.
“Entre las 119 prisioneras políticas en Cuba, todas han sufrido violaciones diversas del debido proceso, como el uso sistemático de la detención arbitraria y la privación de libertad sin tutela judicial, ausencia de defensa letrada independiente, enfrentar a fiscales y jueces dependientes del poder político y fueron acusadas con peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación”, dijo.
“Se les ha criminalizado el ejercicio de sus derechos fundamentales mediante delitos ambiguos o reprobados por organismos como la ONU o la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos); 31 mujeres prisioneras de conciencia padecen de enfermedades graves. Estás patologías se ven agravadas por la negación del tratamiento médico, incluyendo la negación de la administración de medicamentos esenciales para dichas patologías”, dijo.
El informe señala que viven en un entorno marcado por la falta de acceso a servicios imprescindibles y el hacinamiento.
Asimismo, indica que las presas políticas cubanas sufren formas de torturas, cuyo impacto se amplifica en las mujeres, como la privación de comunicación con la familia y allegados, humillación, degradación y ultraje verbal, agresiones físicas y amenazas para la integridad, tanto de ellas como de sus seres queridos, entre otras.
Las hermanas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isac.
Larrondo añadió que “en no pocos casos, no sólo amenazan a los hijos y familiares, sino que llegan a arrebatarles la custodia de sus pequeños para torturarlas aún más”.
La presa política Lisdani Rodríguez Isaac, una de las 119 compiladas por Prisoners Defenders, está en licencia extrapenal por la gestación y el alumbramiento de su primera hija, concebida en prisión.
En conversación con nuestra redacción, Rodríguez Isaac puntualizó que, a pesar de las condiciones que tiene que soportar en el penal, nada la conmueve más que tener que abandonar a su bebé pues debe regresar a las rejas el 25 de mayo de 2025.
En este sentido, visualiza lo que acarrea el regreso a la celda: “Es volver a las prohibiciones de llamadas a tus familiares, aunque te toque, a las incomodidades y dificultades para el aseo, a la ausencia de agua en las noches, y a veces por largos períodos padecer sed porque se rompió la turbina o hambre porque la poca comida que dan no satisface”.
“Cuando estaba embarazada, la alimentación para mí era pésima. No había ni aceite para cocinar las croquetas que me daban. Aunque el médico recomendó que no consumiera harinas, era lo único que me daban, pan. No había leche, no había yogurt, no tenía frutas ni vegetales. El plato fuerte [pollo o huevo] era una vez a la semana”, relató la joven.
En casos como el de Rodríguez Isaac, las Reglas Mínimas para el Tratamiento a los reclusos de la ONU recomiendan medidas alternativas a la privación de libertad.
“Es renovar el estado de alerta para no chocar con alguna de las guardias que siempre estaban maltratando, hablando mal a las reclusas porque abusan de su poder. Es enfrentarte, de nuevo, a las intimidaciones de la Seguridad del Estado. A mí nunca me amenazaron, pero a mi hermana si le dijeron que iban a desaparecer a nuestra madre como hicieron con nosotras. Mi hermana estuvo muy alterada porque sabemos que ellos son capaces de todo”, recordó la muchacha de 25 años.
Lisdani, junto a su hermana gemela Lidiani, fue condenada a ocho años de privación de libertad tras participar en las manifestaciones populares de 2021, en Placetas, Villa Clara.
El informe de Prisoners Defenders asegura que las mujeres encarceladas por motivos políticos “han sido sometidas a medidas punitivas desproporcionadas y motivadas por causas de conciencia, lo que refleja una clara discriminación por su género, agravadas por sus ideas políticas. Esta discriminación se manifiesta en la negativa a otorgarles el derecho a condiciones carcelarias dignas, acceso a una alimentación adecuada, y atención médica especializada, en especial en situaciones de vulnerabilidad como el embarazo o enfermedades crónicas como el VIH”, asegura.
La presa política trans, Brenda Díaz.
Prisoners Defenders menciona la política discriminatoria a mujeres trans, como Brenda Díaz, recluida en una prisión de hombres, agraviada por su orientación de género y sujeta a desmanes por parte de otros reclusos “con la aquiescencia de los funcionarios”.
“Las autoridades cubanas han incumplido de manera flagrante sus obligaciones internacionales” con el respeto a los derechos humanos de las mujeres encarceladas, concluye el informe de Prisoners Defenders.
Por eso, “las presas políticas requieren de una máxima atención y así se lo hemos expresado al Comité en Naciones Unidas”, recalcó Larrondo.
En otro informe, elaborado en colaboración con el grupo Alas Tensas y entregado para su examinación a los 23 expertos que integran el Comité, Prisoners Defenders se refirió a la cifra de feminicidios sucedidos en la Isla.
“Mientras el Gobierno clama que no tienen un problema de feminicidio, la perseguida y mermada sociedad civil verifica casi 100 feminicidios al año, diez veces la tasa de España. Pero documentos del propio Estado llevan a la conclusión de que la cifra real sería o podría ser el doble”, dijo Larrondo durante su intervención en la sesión del CEDAW.