La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders (CDP) añadió otros 89 presos políticos a su lista en el mes de septiembre, cuando cinco relatorías de Naciones Unidas condenan la represión del régimen cubano contra los participantes en las protestas polpulares del 11 de julio.
"La tragedia del 11 de julio no hace más que ir mostrando, poco a poco, el sufrimiento que ha causado en las familias de Cuba. Jóvenes inocentes a los que quieren destrozar la vida durante ocho y diez años, por no haber hecho más que estar presentes en la manifestación, algunos, incluso, sin participar en ella", dijo a Radio Martí Javier Larrondo, presidente de CDP, desde su sede en Madrid.
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Declaraciones de Javier Larrondo, presidente de CDP
Según Prisoners Defenders, en los últimos 12 meses han formado parte de su lista 525 presos y condenados políticos en Cuba. Precisa la organización no gubernamental que, al inicio de octubre de 2020 se contabilizaban en la isla 138 presos y condenados. Desde entonces, hasta finales de septiembre de 2021, han ingresado a la lista 387 nuevos casos, lo que constituye "un récord histórico macabro", dijo la organización en Twitter.
El informe subraya que el "grave silencio" de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre la represión y otras violaciones de derechos humanos en Cuba, lo salva la denuncia presentada por el equipo de relatores de esa organización mundial.
"En un gesto que no ha tenido Michelle Bachelet cuando ha tenido oportunidad en el pasado Consejo de Derechos Humanos, y en todo este tiempo tantos gobiernos como el de España, sin embargo, 5 Relatorías de las Naciones Unidas (...) acaban de hacer pública, el 3 de octubre, (la carta se mantiene oculta durante dos meses por mandato) una dura carta acusatoria a Miguel Díaz-Canel y su gobierno en relación con los hechos del 11J", detalla CDP.
Prisoners Defenders agradeció por ello a Clement Nyaletsossi Voule (Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación), Miriam Estrada-Castillo (Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria), Tae-Ung Baik (Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias), Irene Khan (Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión) y Nils Melzer (Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).
La carta, citada en el informe de CDP, detalla cómo durante el levantamiento popular del 11 y 12 de julio en Cuba, las fuerzas del orden público, así como "personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, para ingresar personas en vehículos policiales". También fueron golpeados "periodistas que cubrían la manifestación".
Añade la misiva que, "el 13 de julio de 2021, se produjo un despliegue considerable y desproporcionado de la fuerza policial y de numerosos grupos afines al Gobierno, con fin de detener las marchas pacíficas", lo que resultó en decenas de detenidos, algunos de ellos juzgados y condenados en "procedimientos judiciales sumarios".
Larrando dijo que los relatores enumeraron "las normas y estándares internacionales de derechos humanos que Cuba estaría violando" con esta ola represiva, entre ellos "el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a un juicio justo y el derecho a defender derechos".
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)